La UE detecta un fraude de 40 millones ‘regados’ por la Junta en el Guadalquivir

La Oficina Anti Fraude de la Unión Europa (OLAF) ha detectado un fraude en una subvención concedida en 2004 por la Junta de Andalucía que se eleva a 40 millones de euros. Las ayudas otorgadas por la Consejería de Agricultura y Pesca iban destinadas a la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir en cinco municipios de la provincia de Sevilla.

El informe de la OLAF, enviado el pasado 18 de diciembre al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que investiga las diligencias de este caso, especifica “indicios de delitos”de varios miembros de la ex cúpula de la comunidad de regantes, sino del adjudicatario de la obras y de la Junta, “ya que afecta a intereses financieros de la Unión Europea”.

Según el escrito remitido al juez Juan Gutiérrez Casillas, titular del juzgado sevillano, se habrían producido “graves irregularidades en los procedimientos de contratación con una diferencia de 2,9 millones en las obras certificadas y las ejecutadas”. Además, miembros de la ex cúpula de la comunidad de regantes se beneficiaron del sobrecostefacturado a través de la adjudicataria o los subcontratistas. Tampoco están justificados, como señala la OLAF, 11 millones de euros procedentes de los fondos FEDER.

La OLAF considera que las irregularidades, que supusieron “un grave incumplimiento de las normas de contratación pública y en particular de los principios de objetividad, transparencia e igualdad de trato de licitadores”, tenían como finalidad favorecer frente a otros competidores a las empresas que resultaron las adjudicatarias del contrato, que no se adjudicó a la oferta que presentaba “la mejor relación calidad-precio”.

La Junta influyó con “trato de favor”

La participación de la Junta de Andalucía es esencial, como advierte la Unión Europea. Funcionarios de la administración autonómica “habrían tratado de influir en el resultado del concurso favoreciendo a un determinado licitador”. “Dicho trato de favor”, precisa la UE, “podría haber continuado durante la ejecución del proyecto ya que la Junta autorizó una modificación irregular”.

Es más, algunas de las actuaciones de la Junta serían constitutivas de “ilícitos penales” según el Código Penal español. Estas irregularidades no estarían “circunscritas exclusivamente” al proyecto investigado, sino que se extenderían “a otros proyectos de la misma medida gestionados por la Junta de Andalucía”. Las autoridades regionales también incumplieron la obligación de asegurarse de que el proyecto respetaba la normativa europea y nacional y se ejecutaba de acuerdo “con los principios de la buena gestión financiera”.

Según el escrito remitido al juez Juan Gutiérrez Casillas, titular del juzgado sevillano, se habrían producido “graves irregularidades en los procedimientos de contratación con una diferencia de 2,9 millones en las obras certificadas y las ejecutadas”. Además, varios miembros de la ex cúpula de la comunidad de regantesse benefició del sobrecoste facturado a través de la adjudicataria o los subcontratistas. Tampoco están justificados, como señala la OLAF, 11 millones de euros procedentes de los fondos FEDER.