LE LLAMABA A DECLARAR ESTE VIERNES; SU HIJO ES EL ACTUAL CONSEJERO

Alaya imputa al padre de la ministra Báñez, ya fallecido, por Mercasevilla

Eduardo Báñez González, padre de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha sido imputado por la juez Mercedes Alaya por la venta de
Foto: Alaya imputa al padre de la ministra Báñez, ya fallecido, por Mercasevilla
Alaya imputa al padre de la ministra Báñez, ya fallecido, por Mercasevilla

Eduardo Báñez González, padre de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha sido imputado por la juez Mercedes Alaya por la venta de los terrenos de Mercasevilla y llamado a declarar este viernes. Sin embargo, el padre de la ministra no acudirá: lleva muerto 12 años, algo que la juez olvidó consignar en su providencia. A su muerte, su hijo Eduardo Báñez García le sucedió como consejero delegado de la empresa Construcciones Juan de Robles, una de las seis firmas que aspiraron al control de los suelos del mercado de abastos sevillano.

La diligencia de la juez Alaya ha provocado la confusión al imputar al padre de la ministra, ya fallecido, por ser él quien estaba al frente de la empresa en el momento de los hechos. El error de la juez provocó que se filtrara que el imputado era, en realidad, su hijo y hermano de la ministra. Sin embargo, fuentes de Trabajo aseguran que aún no ha sido imputado, aunque todo hace pensar que será llamado a declarar al figurar él ahora al frente de la empresa.

Los restantes imputados en estas diligencias son tres responsables de la inmobiliaria Sanma, que se adjudicó la compra de los terrenos, así como varios funcionarios y técnicos municipales, dos sucesivos gerentes de Urbanismo, el exconcejal Gonzalo Crespo (PSOE) y el exasesor del PSOE Domingo Enrique Castaño. La juez entiende que la venta de los terrenos fue contraria al interés general, pues fue adjudicado a la inmobiliaria Sanma, que ofertaba 106 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga.

El 6 de septiembre del pasado año, El Confidencial desvelaba que agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil habían interrogado a varios directivos de la firma Construcciones Juan de Robles, una de las empresas familiares de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por el presunto amaño del concurso público para la adjudicación de terrenos de Mercasevilla. Este diario ya anunciaba entonces que la investigación afectaba también a otras cuatro empresas que pujaron por ese suelo.

"Ofertas de relleno"

Según la juez Alaya los imputados en el caso Mercasevilla -que dio origen al escándalo de los ERE- concertaron "ofertas de relleno" con las empresas que se presentaron a ese concurso, entre ellas la de la familia Báñez, con el objetivo de "favorecer claramente" a la firma Sanma, que fue la que finalmente se llevó el gato al agua, a pesar de que su propuesta económica no era la mejor. La tesis de Alaya es que los pliegos de condiciones del concurso fueron amañados para facilitar la "venta ilegal" de los terrenos de la lonja sevillana a Sanma, que ofreció por ellos 52 millones de euros menos que una de sus competidoras.

En un auto dictado hace un año, el 12 de junio de 2012, la juez ordenaba a la Guardia Civil que investigase las "relaciones societarias" entre Sanma y sus rivales para averiguar si el concurso estuvo "predeterminado", es decir, amañado. Alaya basa sus sospechas en que Construcciones Juan de Robles -la empresa familiar de Báñez- y otras cuatro que pujaron por los terrenos de Mercasevilla -Realia, Azucarera Larios, Edamar y Prasa- no incluyeron en sus propuestas ni oferta técnica ni social, de forma deliberada, para no resultar adjudicatarias y dejar el camino libre a Sanma. ¿A cambio de qué? Ese es el enigma que, con ayuda de la Guardia Civil, trata ahora de resolver la juez.

Andalucía
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