El PP ordena no hacer ‘casus belli’ de la ley antidesahucios de la Junta

No habrá guerra. El Partido Popular ha renunciado a contrarrestar, vía parlamentaria o judicial, el Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril de la Junta de Andalucía antidesahucios que impulsa la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno andaluz. Al PP no le interesa en estos momentos comenzar un nuevo frente de confrontación con el Ejecutivo de José Antonio Griñán, que ha conseguido esta semana arrinconar el escándalo de los ERE falsos en el debate nacional.

Los bancos y cajas de Andalucía aún no tienen decidida su respuesta ante las intenciones de la Junta de expropiar de modo temporal las viviendas que lleven seis meses consecutivos sin uso habitacional. “Hemos encargado un estudio jurídico y estamos esperando a ver qué nos dice”, señalaron a El Confidencial fuentes financieras andaluzas consultadas por este diario.

Un portavoz de un banco radicado en Andalucía no quiso comentar en declaraciones a este diario el contenido del decreto-ley y lo achacó a que se trataba de “una normativa política”. La Junta sí influirá en las entidades al conceder un mes de plazo para comunicar a la Consejería un inventario de las viviendas protegidas que integran su balance. También tendrán que indicar su ubicación, precio, fecha de adquisición y situación administrativa.

Del mismo modo, han surgido otras voces que respaldan la iniciativa legislativa del Ejecutivo andaluz, impulsada por Elena Cortés, la consejera escrache. Facua-Consumidores en Acción y su federación Facua-Andalucía consideran que el contenido del decreto-ley debe incorporar "mejoras importantes", como ampliar a los que se puedan beneficiar de esta medida, que podría ser secundada por comunidades como Canarias. 

¿A qué se refiere Facua? En concreto, al decreto-ley que indica que las familias deberán reunir requisitos como que la hipoteca represente más de un tercio de sus ingresos, que la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5 desde que se concedió el préstamo y que los ingresos de la unidad familiar no superen 1.597 euros brutos mensuales (19.164 anuales), esto es, el triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Como aparece en la normativa publicada ayer en el BOJA, las entidades financieras y sociedades filiales sufrirán multas de hasta 9.000 euros si no alquilan sus inmuebles. También proponen promover el uso social de las viviendas actuando de intermediario en el mercado de arrendamiento de viviendas que puedan garantizar su ocupación, además del “aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica de las viviendas alquiladas”. A su vez, se reserva la posibilidad de implantar medidas fiscales y subvenciones (el decreto-ley ni las precisa ni las cuantifica) y la implantación de programas de bolsas de alquiler.

Según los últimos censos de población y viviendas, existían en Andalucía 548.669 casas vacías, lo que viene a suponer un porcentaje del 15,5% sobre el total de inmuebles y un 22,7% respecto de las viviendas calificadas como principales. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento estiman un parque de viviendas en Andalucía de 4,5 millones, lo que supone un incremento respecto al existente en 2001 de un millón. Es decir, en diez años ha aumentado el parque existente en casi un 25%.