Andalucía expropiará viviendas a los bancos si tras seis meses nadie las habita

“Desorbitado parque de viviendas sin uso o infrautilizado”. “Demanda insatisfecha” y “precios no adecuados”. Con estos argumentos, la Junta de Andalucía ha elaborado un Decreto-ley antidesahucios y a favor de la vivienda social que obligará a los bancos, cajas y filiales ubicados en la comunidad andaluza a declarar cuántas viviendas tienen deshabitadas. También, de modo temporal, expropiará a las entidades financieras, filiales inmobiliarias y empresas de gestión de activos los inmuebles que lleven seis meses consecutivos sin uso habitacional.

La norma, de 26 páginas y publicada hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), establece que la vivienda no estará habitada cuando carezca de contrato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base la media habitual de consumo por vivienda y por año. “Estos valores serán facilitados por las compañías suministradoras que presten servicio en el municipio”, indica el punto número del artículo 25 del Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril.

En el anexo (página 86 del BOJA del 11 de abril de 2013) se especifica que el Gobierno andaluz considera que una vivienda estará deshabitada cuando el consumo de agua sea inferior a 0,21 metros cúbicos por vivienda y mes e inferior a 2,47 metros cúbicos por vivienda y año. ¿Y consumo de electricidad? Inferior a 24 kilowatios hora por vivienda y mes e inferior a 291 kilowatios hora por vivienda y año.

El Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda será el encargado de actuar como “agente de autoridad” para vigilar el nivel de habitabilidad de los pisos. Las entidades tendrán un mes de plazo para comunicar a la consejería un inventario de las viviendas protegidas que integran su balance. Tendrán que indicar su ubicación, precio, fecha de adquisición y situación administrativa. La Junta de Andalucía también se compromete a crear un registro de viviendas deshabitadas.

La disposición adicional segunda especifica la declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa en personas con especiales circunstancias de emergencia social, esto es, los inmersos en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria. Esta expropiación forzosa tendrá un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente. Para valorar la “urgente ocupación” la Junta se remite a una norma franquista: la Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, en vigor desde el de abril de 1955, y modificada en la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, de 27 de diciembre de 2012.

Medidas fiscales y subvenciones sin cuantificar

La Junta de Andalucía, que se plantea sanciones a las entidades financieras y sociedades filiales de hasta 9.000 euros que no alquilen sus inmuebles, también se propone promover el uso social de las viviendas actuando de intermediario en el mercado de arrendamiento de viviendas que puedan garantizar su ocupación, además del “aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica de las viviendas alquiladas”. A su vez, se reserva la posibilidad de implantar medidas fiscales y subvenciones (el Decreto-Ley ni las precisa ni las cuantifica) y la implantación de programas de bolsas de alquiler.

Según los últimos censos de población y viviendas, existían en Andalucía 548.669 viviendas vacías, lo que viene a suponer un porcentaje del 15,5% sobre el total de viviendas y un 22,7% respecto de las viviendas calificadas como principales. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento estiman un parque de viviendas en Andalucía de 4,5 millones, lo que supone un incremento respecto al existente en 2001 de un millón de viviendas. Es decir, en diez años ha aumentado el parque existente en casi un 25%.

Según todos los últimos estudios realizados, entre ellos los del Ministerio de Fomento, explica la normativa de la Junta de Andalucía, existe un stock de vivienda nueva no vendida de 150.000 unidades, “por lo que a la espera de que se publiquen en su integridad los datos correspondientes a los Censos de Población y Viviendas de 2011, puede estimarse que el número de viviendas vacías existentes en Andalucía se encontrará muy por encima de las 700.000”. La consejera Elena Cortés consideró tras el Consejo de Gobierno del pasado martes que esta cifra podría alcanzar el millón de unidades. Entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas.

El recién publicado Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) del Ministerio de Fomento indica que el número de viviendas en arrendamiento representa un 16,9% del parque de viviendas, “cifra menor si se compara con otros países de nuestro entorno que tienen de media un 33% y con las necesidades que reflejan los datos de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida en los que se comprueba que más de 50.000 unidades familiares en Andalucía demandan una vivienda en arrendamiento”.

El “corralito” inmobiliario

La iniciativa no ha contado con el visto bueno de los empresarios. Como publicó El Confidencial, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de la provincia de Málaga, José Prado Seseña, cargó contra este plan al tildarlo de “corralito inmobiliario” para los ahorradores. “Esta intromisión e intervencionismo aberrante de la Junta de Andalucía se parece al corralito de las preferentes. Es como si fueran a un concesionario de automóviles y se impusiera a los vehículos en stock al precio que quisiera la Administración autonómica”, expresó Prado.

Cortés, la consejera ‘escrache’, ha copiado el plan al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien en julio de 2012 se mostró partidario de expropiar a las entidades financieras las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que estuvieran vacías y que no se han puesto en venta. Chamizo pidió a los bancos y cajas de ahorros que elaboraran un inventario de las VPO disponibles en Andalucía. En el caso de que no lo hicieran, la administración pública podrían desposeer estas viviendas a un precio asequible para los ciudadanos.

“Existe una importante bolsa de viviendas protegidas que han quedado en manos de entidades financieras y que no están cumpliendo la función social legalmente establecida. Pedimos que se inventaríe esta bolsa y se promueva su destino efectivo como alquileres sociales”, destaca Chamizo, quien en declaraciones a El Confidencial prometió que elevaría esta propuesta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. “Creemos que puede ser una medida muy útil y que no tiene precedentes en España”, indicó a este diario.

El plan de la consejera (de Izquierda Unida) ha surgido tras el fracaso de la promoción de un stock de 17.300 viviendas que ya había sin vender en 2010, una cantidad que se ha disparado hasta alcanzar las 150.000 unidades actuales. “El que quiera y pueda comprar ‘no espere más, ahora es el momento", animó la entonces consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo [ahora ya no controla Economía]. El Gobierno andaluz estableció una alianza con 27 entidades financieras. Las viviendas se recogían en la web www.tuviviendaenandalucia.es.