Rita Barberá financió su campaña de las municipales de 2015 con las mordidas del 3%

El Partido Popular de Valencia se habría estado financiado con fondos procedentes de la corrupción hasta hace menos de un año. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detectado que la agrupación del partido en la capital valenciana utilizó fondos procedentes del cobro de comisiones del 3% por la adjudicación de obras y servicios para costear la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2015. Fue entonces cuando los responsables de la red que presuntamente lideraba el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus repartieron 50.000 euros entre 50 militantes del partido para que cada uno realizara donaciones de 1.000 euros a la formación e inyectar así el dinero negro en sus cuentas sin que fuera detectado.

Rita Barberá es la que sale peor parada de ese episodio. Según la información que manejan los expertos de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el juez que instruye la causa, la exalcaldesa de Valencia sería la mayor beneficiada por la financiación ilegal del partido al haber utilizado el dinero de las mordidas para sufragar la campaña con la que aspiraba a su séptimo mandato en el consistorio. Finalmente, la actual senadora del PP se quedó lejos de su objetivo, pero las pesquisas han acabado situando el foco sobre su figura. Varios de sus más estrechos colaboradores están imputados en la causa, como los exconcejales María José Alcón y Alfonso Novo y la secretaria del PP en el Ayuntamiento, Mari Carmen García Fuster, entre otros. La Fiscalía y el juez han preguntado insistemente a los detenidos por el papel que Barberá pudo desempeñar en la red, aunque su condición de aforada impide investigarla directamente.

Las donaciones ilegales de mayo de 2015 también demostrarían que la presunta trama corrupta desmantelada este martes en la operación Taula habría estado operando durante más de una década y que habría sobrevivido a la operación Gürtel, que ya acreditó en 2009 la existencia de una caja B en el PP de la Comunidad Valenciana. Los primeros contratos amañados por la red se remontan a antes de 2007, año en que Rus se convirtió en presidente de la Diputación de Valencia y comenzó a controlar las empresas públicas que reportaron a la trama las mayores mordidas a cambio de adjudicaciones.

Otros pagos bajo investigación

Fuentes próximas a la investigación matizan que, además de las donaciones ilegales de hace ocho meses, la trama también habría realizado otras aportaciones al partido que están siendo analizadas en estos momento. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción anunció este jueves que investigará la financiación de toda la estructura del PP en la Comunidad Valenciana. No solo está bajo sospecha el grupo popular de la capital del Turia, perceptora de los 50.000 euros en negro.

Con todo, los investigadores están convencidos de que los 29 implicados por ahora en la trama tenían como principal objetivo su enriquecimiento personal. Solo una pequeña parte del dinero generado por la red con las comisiones del 3% habría acabado en las cuentas del PP. La UCO aún no ha podido acotar la dimensión del fraude, pero alcanzaría proporciones millonarias, aseguran fuentes próximas al caso.

La trama habría conseguido sus mayores ingresos amañando los contratos que licitaban las empresas públicas Ciegsa e Imelsa y la Fundación Jaume II. La primera, dependiente de la Generalitat y encargada de la promoción y construcción de centros educativos, habría manejado un presupuesto de 2.826 millones de euros entre 2001 y 2014. Por su parte, Imelsa, controlada por la Diputación de Valencia y responsable de la ejecución de campos de césped artificial, piscinas cubiertas, pistas de pádel y planes de eficiencia energética, habría manejado en los últimos años un presupuesto cercano a los 20 millones de euros.

Contratos de todas las instituciones autonómicas

Pero las empresas que se han visto salpicadas por la operación Taula también trabajaban para otras entidades públicas de la Generalitat. Es el caso de Construcciones Luján, cuyo propietario, Francisco Javier Luján, se encuentra entre los 24 arrestados por la Guardia Civil. En junio de 2008, esta empresa consiguió una adjudicación de 5,4 millones de euros de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. Y ese mismo año, Construcciones Luján se llevó otro contrato del Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Comunidad Valenciana que ascendió a cuatro millones de euros. Solo unos meses antes, Ciegsa le había concedido una adjudicación de 7,2 millones de euros para la construcción de colegios.

Lo mismo ocurre con otra de las empresas salpicadas por el caso, Cleop (Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas). Su presidente, Carlos Turró, también fue detenido este martes. La lista de clientes de Cleop va más allá de las tres empresas públicas en las que se han centrado hasta ahora las pesquisas. En 2011, por ejemplo, la constructora logró una adjudicación de 2,7 millones de euros de la Consejería de Cultura y Deporte para levantar una biblioteca municipal en Aspe (Alicante). Ese mismo año, Cleop también fue elegida por la Consejería de Infraestructuras para construir un centro municipal en Benidorm (Alicante) por importe de 1,3 millones de euros. Un año antes, en 2010, la Consejería de Gobernación le otorgó un contrato de 1,8 millones de euros para levantar un edificio municipal en Burjassot (Valencia). Y en 2009, el Consejo Valenciano de Deportes encargó a Cleop la construcción de la Ciudad de la Pelota por 5,2 millones de euros.

​Campaña de la Gripe A

Asimismo, el conglomerado empresarial del también detenido José Adolfo Vedri habría trabajado igualmente para diferentes administraciones. Una de sus firmas, Bulevar del Arte y la Cultura, figura como adjudicataria de numerosos contratos del Ayuntamiento de Valencia. La sociedad tuvo unos ingresos en 2014 de 1,7 millones. Otra de las sociedades de Vedri, Engloba Estudio de Marketing, ganó un contrato de 145.000 euros de la Diputación de Alicante en 2011. Y en 2010, se quedó con la campaña que lanzó por vía de urgencia la Consejería de Sanidad para informar de la epidemia de Gripe A, un contrato de 630.651 euros. El alcance real de la trama todavía es un misterio.

Los apuntes contables que realizaron los implicados serán de gran utilidad para identificar a nuevos colaboradores de la red y cifrar la dimensión del fraude. Como informó El Confidencial este jueves, los agentes de la UCO localizaron durante los registros del martes documentos en los que aparecen detallados de forma minuciosa los pagos que realizaron Rus y el resto de acusados para repartir el dinero de las comisiones.