El Gobierno hace pinza con los sindicatos para recuperar la calle con más gasto social

Paradojas de la vida. El Gobierno afronta la última parte de la legislatura haciendo pinza con los sindicatos. ¿La causa? Las centrales obreras articulan aún hoy buena parte del discurso social, y eso explica que el presidente del Gobierno intente ahora recuperar la legitimidad perdida con los recortes y con la reforma laboral.

Atrás han quedado los tiempos en que UGT y CCOO llegaron a convocar hasta dos huelgas generales contra la política económica de Rajoy, quien llegó a reducir de forma drástica el número de ‘liberados’ sindicales.

La fórmula elegida es bien simple. Se trata de crear un nuevo marco de diálogo social ofreciendo una nueva prestación dirigida a los parados de larga duración que hoy no tienen derecho a beneficiarse de los recursos públicos (de cualquier de las Administraciones) en forma de renta mensual. Los sindicatos llegaron a pedir en su día 2.500 millones de euros para los hogares sin ingresos. Y lo que antes se veía como una quimera ahora es una realidad. Entre otras cosas, porque el margen presupuestario lo permite debido a que el gasto en prestaciones por desempleo está bajando de forma más rápida de lo previsto inicialmente. Tan sólo en octubre pasado, dicho gasto ascendió a 1.914 millones de euros, lo que representa un 17,8% menos que el año anterior.

Aunque en estos últimos meses las relaciones entre los sindicatos mayoritarios y el Gobierno han sido fluidas, con continuas reuniones en el Ministerio de Empleo, lo cierto es que el pistoletazo de salida se dio el pasado 29 de julio. Ese día, en el palacio de la Moncloa, los agentes sociales y el Ejecutivo firmaron un documento que aparentemente tenía mucho de formal, pero que contenía en sus disposiciones algunos compromisos económicos muy concretos que hoy le sirven al Gobierno para dar un giro a su política social. Y a sindicatos y empresarios recuperar visibilidad.

Los recortes han quedado atrás –el empleo público ha vuelto a crecer– y nada mejor para el Gobierno que reivindicar su política económica a través de un sencillo ejercicio dialéctico: gracias a los ajustes (que han permitido sanear las cuentas públicas) hoy es posible afrontar nuevo gasto social.

Parados de larga duración

Y lo que hoy se plantea es una nueva prestación que rondará los 400 euros mensuales (la cantidad final dependerá de las cargas familiares) que beneficiará a los parados de larga duración en riesgo de exclusión social. El Gobierno estima que algo más de 300.000 cabezas de familia podrían ser los destinatarios, mientras que los sindicatos elevan esa cifra a más de medio millón de personas.

Lo que dice el documento pactado en julio es que “se dará prioridad a los desempleados con cargas familiares que vivan en un hogar sin ingresos laborales, que sean parados de larga duración y/o que tengan un bajo nivel formativo”. El colectivo de mayores de 45 años será objeto de una atención especial.

Al contrario de lo que sucede ahora con la renta de 426 euros, que se concede una vez agotado el periodo contributivo y asistencial, no tendría una duración de seis meses, sino que duraría el tiempo en que el beneficiario cumpliera los requisitos económicos. Esta ayuda sería incompatible, en todo caso, con las ayudas que en estos momentos conceden las comunidades autónomas, y que oscilan entre 300 euros (Ceuta y Murcia) y 641 (País Vasco). El objetivo sindical es que la cobertura del desempleo vuelva a crecer después de haberse desplomado en los últimos años en casi 30 puntos porcentuales, hasta el 57,3%. Porcentaje que es muy inferior si en lugar de relacionarlo con el paro registrado se hace con la Encuesta de Población Activa (EPA).

Esta discrepancia es la que impide que todavía se conozca el acuerdo con detalle, pero parece obvio que lo habrá habida cuenta de que el propio Mariano Rajoy ha convocado una ‘cumbre’ del diálogo social para este jueves. Y no parece realista pensar que esa reunión se pueda celebrar sin que se puedan ofrecerá a la opinión pública los resultados de una negociación que está casi liquidada.

La reunión tiene, en todo caso, mucho de simbólica, toda vez que se produce cuando la maquinaria del PP ya se ha puesto en marcha de cara a los ciclos electorales de 2015 (convención del partido en la última semana de enero). Y nada mejor que reivindicar su política social con un acuerdo firmado solemnemente en el propio palacio presidencial.

Para los sindicatos, igualmente, supone volver a situarse en el centro de la influencia política, de donde habían salido tras los recortes y las políticas de ajuste. Primero con Zapatero (contra la reforma laboral) y después con Rajoy.

No hay que olvidar que el Gobierno se ha comprometido por escrito a aprobar programas de formación dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad o que incluyan compromisos de contratación. Y serán, precisamente, los agentes sociales -sindicatos y patronal- quienes participen en la “identificación de las cualificaciones más necesarias vinculadas a los servicios medioambientales (empleos verdes), la atención a la persona (empleos blancos) y a las tecnologías de la información y las comunicaciones”.