La SGAE premia a su 'número dos' con 500.000 euros antes de echarlo a la calle

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) defenestró ayer a su secretario general y número dos, Pablo Hernández, para defender la "honorabilidad y transparencia" de la entidad tras las presuntas corruptelas denunciadas por El Confidencialen las últimas semanas.Pero rechazó aplicarle un "despido disciplinario", como reclamó en vano buena parte de los miembros de la Junta Directiva, lo que permitirá a Hernández embolsarse una indemnización de casi 500.000 euros.

Pocas horas antes de que la sociedad de autores hiciese pública,a través de un comunicado, la destitución de su hasta ahora número dos, la Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM) anunció su adhesión a la querella presentada ayer mismo contra Hernández por el productor musical Fernando Bermúdez, socio de la SGAE, por los presuntos delitos de falsedad, estafa, apropiación indebida y delito societario. ACAM, presidida por el compositor José de Eusebio, cuenta con más de 500 socios, todos miembros de la SGAE.

La tormentosa sesión de la Junta Directiva, bajo la presidencia de José Luis Acosta –el sucesor de Antón Reixa y Eduardo Teddy Bautista–, fue convocada con un único punto en el orden del día: decidir la suerte de Hernández, salpicado por sospechas de corrupción y en el punto de mira del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Su despido fulminante estaba cantado de antemano, pero la cúpula de la SGAE, muy debilitada y cuestionada tras la marcha de Bautista, tenía reservada una traca final.

Por 19 votos a favor y 16 en contra, la Junta Directiva aprobó ayer, en una votación secreta, el despido de Hernández "con la correspondiente indemnización". Y la cuantía de esta ya fue acordada en una reunión del Consejo de Dirección celebrada el pasado mes de noviembre, de la que informó este diario. Con un solo voto en contra, Acosta y su equipo decidieron entonces pagar una indemnización de 490.000 euros al ya exsecretario general de la SGAE, disfrazándola como "despido improcedente" para eludir el pago a Hacienda del IRPF.

Hernández, que también fue durante más de 10 años jefe de los Servicios Jurídicos de la SGAE, tenía intención de abandonar la entidad voluntariamente el próximo 31 de diciembre por razones personales, por lo que no tendría derecho a percibir una indemnización.Pero el Consejo de Dirección aceptó amañar su marcha y camuflarla como despido improcedente "considerando 45 días por año trabajado", tal y como quedó reflejado en el acta de la reunión.

Pese a que aquel acuerdo suponía un claro fraude de ley –ya que sólo cabe hablar de despido improcedente cuando se trata de una decisión unilateral del empleador sin causa justificada–, la Junta Directiva lo ratificó ayer para permitir a Hernández una salida quefue calificada de "vergonzante" y "bochornosa" por varios socios de la SGAE consultados por El Confidencial. Máxime tras filtrarse, por las confidencias de varios asistentes a la reunión, que los "escándalos" protagonizados por aquel estaban "dañando gravemente la imagen" de laentidad. ¿Por qué, entonces, se le despide previo pago de casi 500.000 euros?

"La SGAE está herida de muerte", confesaba un socio de la entidad. "Su credibilidad está destrozada, la recaudación se ha desplomado porque muchos clientes no pagan y el Ministerio de Cultura se frota las manos porque sabe que, con una SGAE débil, la nueva Ley de Propiedad Intelectual va a ser un paseo militar. Y mientras tanto, los autores asisten al entierro de su casa sin decir esta boca es mía. Es patético".

Los turbios manejos de Hernández, sin embargo, pueden pasarle factura a la SGAE incluso después de su marcha. Onda Cero, la cadena radiofónica del Grupo Antena 3, estudia acciones legales contra la sociedad de autores y el propio Hernández después de que El Confidencial revelase que este asesoró en la sombra a Kiss FMen perjuicio de su rival. El ahora destituido cobró más de 200.000 euros de forma opaca por asesorar jurídicamente a Blas Herrero, dueño de la radiofórmula musical, en su batalla legal contra Onda Cero, que, tras perder en los tribunales, se vio forzada a indemnizar con 205 millones de euros al empresario asturiano.