La Intervención prueba la responsabilidad del Estado en el colapso de Bankia

La instrucción judicial del colapso de Bankia ha dejado por ahora al margen al gobernador del Banco de España durante la época investigada, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al propio organismo supervisor. Pero el informe aportado al sumario por la Fiscalía con las conclusiones de la Intervención General del Estado sobre la actuación del Banco de España en la caída de la entidad amenaza la tranquilidad del exgobernador y abre la puerta a que el Estado pueda ser condenado como responsable civil subsidiario. Así lo creen las fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial.

El documento de la Intervención General del Estado ha sorprendido por la dureza con la que arremete contra el Banco de España. La institución concluye que el supervisor financiero no efectuó el seguimiento necesario de sus inspecciones en Bankia, infringió su propia normativa de control, no amonestó ni sancionó a la entidad por sus incumplimientos y suavizó las “conclusiones iniciales de los inspectores” para rebajar la “crudeza” de la situación, entre otras graves irregularidades.

En conjunto, la Intervención considera que “la labor del supervisor quizás podría haber sido más severa en el pasado, no permitiendo el crecimiento desorbitado que dificultó e hizo ineficaces las medidas de reconducción del problema, y llevó a la situación conocida”, que no es otra que la inyección en Bankia de 23.900 millones de euros de fondos públicos para evitar su desmoronamiento y un perjuicio difícil de cuantificar a miles de accionistas y preferentistas de la entidad.

Un giro en el proceso

Para Andrés Herzog, secretario general del Grupo Parlamentario de UPyD y autor de la querella que dio inicio a la investigación penal por la caída de Bankia, el informe de los funcionarios de la Intervención General del Estado “deja al Banco de España en un situación muy delicada porque demuestra que el supervisor conocía el deterioro de la entidad, pero no hizo nada para impedirla”. “Su trascendencia para la causa es aún mayor si cabe porque procede de otra institución del Estado y ha sido remitido por la Fiscalía”, señala Herzog. En su opinión, “el documento sienta las bases para una futura imputación de Fernández Ordóñez y para la exigencia de responsabilidades civiles al Estado, por la deficiente actuación del supervisor”.

Otra de las acusaciones, el colectivo 15MpaRato, también subraya la importancia de esta prueba, incluida ahora en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El letrado de este colectivo, Juan Moreno Yagüe, equipara el informe de la Intervención General del Estado con el documento secreto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya incluido en el sumario en el que el supervisor bursátil viene a admitir que las preferentes fueron una estafa y que nunca debió autorizarse su comercialización. “En este caso, la culpable no es la CNMV, sino el Banco de España. Lo que se cuestionan los funcionarios de la Intervención General del Estado es por qué el supervisor bancario no hizo nada para evitar el deterioro de la entidad si ya en 2006 los inspectores apreciaron un incremento de los riesgos y un empeoramiento de su situación contable”.

“Cómo puede ser”, se pregunta Moreno, “que el Banco de España no hiciera hasta 2008 la siguiente inspección y que en ella no se comprobara qué había pasado con las recomendaciones que ya se habían hecho en 2006”. Las acusaciones de la Intervención General son suficientemente claras, a juicio de este abogado de la acusación, como para que se condene al Estado como responsable civil subsidiario de la caída de Bankia por las flagrantes omisiones que, como mínimo, cometieron los responsables del Banco de España en el debido control de la fusión y salida a bolsa de la entidad.

El juez tiene que volver a decidir sobre MAFO

Fernández Ordóñez es el primer señalado por el informe de la Intervención, aunque la investigación podría terminar apuntando a otros responsables del regulador en aquella etapa. UPyD pidió la imputación del exgobernador en la pieza separada de las preferentes que también instruye Andreu, pero el magistrado y la Fiscalía se opusieron al considerar que los únicos responsables del posible fraude serían los consejeros y directivos de la entidad, una acotación que el juez y el Ministerio Público han impuesto desde que se inició el proceso hace ya más de un año.

Sin embargo, Andreu decidirá en los próximos días un recurso de UPyD en el que la formación que lidera Rosa Díez vuelve a solicitar la imputación del exgobernador del Banco de España, insistiendo en que la caída de Bankia no habría sido posible sin el silencio cómplice del órgano encargado de su control. El informe de la Intervención General conocido ahora apuntala esa petición y dificulta el empeño de la Fiscalía por dejar fuera del caso cualquier conexión con el Estado que pueda implicar un nuevo desembolso a las arcas públicas.

Se estima que, sólo por el perjuicio causado a los accionistas perjudicados por la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011, las indemnizaciones podrían ascender a 3.000 millones de euros. En cuanto a las querellas por preferentes, que habrían afectado sólo en el caso de esta entidad a más de 300.000 clientes minoristas, las reclamaciones sumarían una cantidad cercana a los 6.000 millones de euros.