Los jueces insisten en ser el martillo de personalidades y abanderados de la protesta social

El futbolista Leo Messi y la cúpula de Sanidad de Madrid, sin contar con Miguel Blesa y la infanta Cristina, han sido los últimos protagonistas judiciales de la semana. Una vez más, jueces de varios puntos de España están demostrando su hiperactividad contra personas de relevancia política, económica y social.

La carrera judicial se ha proclamado abanderada de las injusticias que percibe la sociedad, y en alguna ocasión lo hace sin el apoyo del Ministerio Público, una institución cuyo máximo representante es el Fiscal General del Estado, elegido por el Gobierno de turno.

Los jueces están atendiendo a todo aquello que gran parte de los ciudadanos denuncia y una buena muestra de ello es cuando decidieron salir a la calle en contra de las tasas judiciales impuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. La imputación de la cúpula de Sanidad de Madrid ha supuesto un soplo de esperanza para médicos, enfermeras y trabajadores en general del sector que lleva años observando cómo se privatizan los hospitales de la comunidad madrileña y se adjudican los servicios a empresas privadas donde trabajan excargos del Ejecutivo regional. Es el caso del recién imputado Juan José Güemes, que abandonó su cargo para trabajar en la empresa Unilabs. Según la querella  que ha admitido el juez de Madrid Marcelino Sexmero, el que fuera consejero de Sanidad de 2007 a 2010 aparece vinculado con esta empresa, que es, según el querellante, una filial española de la multinacional suiza con el mismo nombre, y que anunció el pasado noviembre la compra del 55% de la Unión Temporal de Empresas (UTE), compuesta por el 7% del Balagué y Ribera Salud. La operación se efectuó por valor de cinco millones de euros y su domicilio está en la Fundación Jiménez Díaz. Después de cerrar el Laboratorio Central de Análisis y los laboratorios de los hospitales, se otorgó la concesión a Unilabs en la que se integró Güemes.

Los profesionales de la sanidad llevan tiempo denunciando estos hechos pero ha sido Sexmero quien ha escuchado sus plegarias y ha admitido una querella interpuesta por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

Los escraches, legales

 Los políticos se sienten acosados, consideran que supone una invasión de su intimidad, pero ya hay jueces como Sexmero que han dado la razón a quienes entienden que no pueden quedar impunes aquellos que están llevando al país a la crisis.

Se trata del mismo instructor que dio una lección a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando archivó una querella interpuesta por su marido tras un escrache protagonizado por unas trescientas personas en su domicilio. Según explicó el titular del Juzgado número 4 en su auto, “la finalidad del escrache no era quebrantar por la fuerza la voluntad política de Sáenz de Santamaría sino expresar en la vía pública la información y las ideas del colectivo concentrado”. En el auto también se recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha fijado que los límites de la crítica admisible son “más amplios respecto a un político en ejercicio, contemplado en ese carácter, que los de un individuo particular”.

El escrache es un fenómeno que desde hace meses está salpicando con más fuerza a la clase política. Se trata de grupos de ciudadanos que se concentran en los domicilios particulares de los dirigentes para denunciar su mala gestión. Los políticos se sienten acosados, consideran que supone una invasión de su intimidad, pero ya hay jueces como Sexmero que han dado la razón a quienes entienden que no pueden quedar impunes aquellos que están llevando al país a la crisis.

Un acto similar al escrache fue el asalto de varios activistas de Greenpeace al Congreso de los Diputados el pasado 9 de mayo. Fueron arrestados por la policía y puestos a disposición de la Audiencia Nacional por un delito contra las altas instituciones del Estado. El resultado fue que el juez Javier Gómez Bermúdez les dejó en libertad y ha archivado el caso al no constar que alteraran el pleno ni que su intención fuera invadir la Cámara Baja.

Aparte de esa denuncia social, los jueces también están metiendo mano a aquellos que no cumplen con sus obligaciones fiscales, además de a los que han podido defraudar o blanquear. La imputación del futbolista del Fútbol Club Barcelona, Leo Messi, ha sido una sorpresa a nivel nacional. En este caso, fue la propia Fiscalía la que inició una investigación e instó a un juez de Gavà que le persiguieran por tres delitos contra la Hacienda Pública por haber defraudado cuatro millones de euros.

Similitudes entre el caso Nóos y caso Blesa

Para bien o para mal, los jueces que investigan ciertos casos se les pone nombre propio y quedan expuestos a una fuerte crítica que, incluso en ocasión desde otros miembros de la carrera judicial. La decisión del juez de Palma José Castro de imputar a la infanta Cristina de Borbón o la del instructor de Madrid Elpidio José Silva de enviar a prisión al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, no han pasado desapercibidas. Ambas tienen en común no sólo que no han tenido el respaldo de la Fiscalía, si no que han encontrado una fuerte oposición por parte del Ministerio Público.

En ambos casos, han recibido un duro varapalo de la Audiencia Provincial correspondiente. Tanto en el caso Doña Cristina como del exbanquero, las ordenes de sus superiores han sido similares: archivar o anular la causa porque no hay indicios nuevos que apoyen que esa investigación pueda fructificar. Finalmente, la esposa de Iñaki Urdangarín fue desimputada y Blesa ha quedado en libertad.

Tanto Castro como Silva están sometidos a presiones, en ocasiones representadas por la propia Fiscalía, que, por otro lado, tiene todo el respaldo y aval de los órganos superiores. Pero ambos tienen otra cosa en común, ninguno va a desistir en su convicción, y hasta que puedan van a seguir investigando. El juez del caso Nóos está buscando indicios imputables de delito fiscal, último resquicio en el que apoyarse para actuar contra la hija del Rey Juan Carlos, y el juez del caso Blesa va a reiniciar toda la causa una vez que consiga nuevas pruebas que le permitan hacerlo.