Los informes que Urdangarin cobró a Camps "no valen ni el papel en el que están escritos"

Nada menos que 241.000 euros por un puñado de informes copiados de internet y sin valor alguno. El Instituto Nóos facturó esa cantidad a la Generalitat por un supuesto estudio previo de la candidatura de Valencia como sede de los I Juegos Europeos, que nunca llegaron a celebrarse. Un engaño presuntamente consentido por el entonces presidente autonómico, Francisco Camps, y que el juez José Castro, instructor del caso Urdangarin, resume de forma demoledora: "Esos documentos no valen ni el papel en el que están escritos".

La Generalitat adjudicó a dedo en 2005 al Instituto Nóos, mediante un convenio de colaboración, la promoción de la candidatura de Valencia para los Juegos Europeos por seis millones de euros. El proyecto finalmente se frustró, pero Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, llegaron a cobrar 382.000 euros por sus supuestas gestiones. De esa cantidad, 241.000 euros corresponden a los trabajos que el yerno del Rey subcontrató con la consultora Lobby Comunicación, propiedad del empresario Miguel Zorío, también imputado en la causa.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por El Confidencial creen que Zorío, cuya consultora realizó los informes ficticios por encargo de Urdangarin, ingresó sólo una parte de esos 241.000 euros, y que el resto fue a parar al duque de Palma y su exsocio. Lobby Comunicación, según consta en el sumario, facturó los trabajos plagiados de internet al Instituto Nóos, y este a su vez a la Generalitat, que fue la que desembolsó el dinero.

Según Castro, los documentos elaborados por la consultora "no valen ni el papel en el que están escritos, ya que se trata de listados de federaciones deportivas y de un par de artículos de internet objeto de copia y pega". El juez afirma que esos informes, "que a día de hoy nadie sabe dónde se encuentran", consistían en una simples "carpetas anilladas que absolutamente nadie [en la Generalitat] se molestó en abrir", y que "si lo hubieran hecho habrían comprobado que se trataba de las reglas de determinados deportes y la ubicación de algunas federaciones".

Un burdo plagio

El plagio llegó a ser tan burdo que, en efecto, los informes se basaron en fusilar de internet el reglamento de disciplinas deportivas como el fútbol o el baloncesto y las direcciones y teléfonos de varias federaciones nacionales e internacionales. De ahí que Castro insista ahora, en la exposición razonada que remitió el pasado viernes al Tribunal Superior de Justicia valenciano para que decida si imputa a Camps y la alcaldesa Rita Barberá, en que el valor de esos dosieres "era ridículo".

La mercantil Aizoon SL, propiedad al 50% de Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina de Borbón, también trató de colar facturas a la Generalitat por informes fantasma que ni siquiera llegaron a realizarse. La empresa, que está siendo analizada con lupa por el juez Castro, presentó en 2006 una factura de 70.000 euros por un estudio sobre la "viabilidad del proyecto de los Juegos Europeos". Sin embargo, fue devuelta por la entonces subsecretaria de Presidencia, Isabel Villalonga, porque no estaba justificada documentalmente.

Esa fue la razón por la que Villalonga -que más tarde fue destituida- se negó a abonar otras 120 facturas emitidas por el Instituto Nóos y el resto de sociedades vinculadas a la trama corrupta, cuyo importe ascendía a 1,9 millones de euros. En cambio, sí autorizó el pago de los 241.000 euros por los trabajos que Urdangarin encargó a Lobby Comunicación. Según recoge el sumario, cuando la funcionaria fue interrogada por el juez Castro acerca del motivo por el que dio el visto bueno al pago de esta última factura, Villalonga aseguró que en este caso sí iba acompañada de "soporte documental", y que no entró a "analizar el contenido o la calidad del trabajo".