Torres-Dulce anuncia un “vuelco histórico” en el Ministerio Fiscal y “cirugía” en el proceso penal

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmó ayer en el Centro de Estudios Jurídicos y ante los ministros de Justicia y de Interior que la investigación de los delitos por los fiscales tal y como prevé el Código Procesal Penal elaborado por una Comisión de Expertos a instancias del Gobierno provocará un “vuelco histórico” en este cuerpo de funcionarios porque reforzará su imparcialidad. Torres-Dulce propugnó una “cirugía integral del proceso penal” en la línea que proponen los juristas que han elaborado ese Código, que prevé que la Policía Judicial se integre orgánica y funcionalmente en el Ministerio Fiscal. Torres-Dulce perfiló un futuro del ministerio fiscal más asentado en el principio de imparcialidad y de legalidad, sin dar relevancia al hecho de los principios de jerarquía y unidad que rigen sus actuaciones y que le vinculan con el Gobierno.

Tanto Jorge Fernández Díaz como Alberto Ruiz-Gallardón -que reconoció que la reforma del enjuiciamiento penal le provoca un “vértigo responsable”-apoyaron el borrador que, antes de convertirse en proyecto de ley, se someterá a un amplio debate social. El ministro de Justicia hizo un amplio resumen crítico del Código -apostando claramente por su futura vigencia- asegurando la imparcialidad del fiscal y garantizando que la libertad de información no se vería afectada en relación con los contenidos de los procesos salvo en casos especialísimos, justificados y motivados y sólo en defensa de los derechos de los justiciables.

Para demostrarlo, ayer, tras la intervención del fiscal general del Estado y de los dos ministros, el presidente de la Comisión de Expertos, Manuel Marchena, magistrado de la Sala Penal del Supremo, Antonio del Moral, igualmente miembro de la comisión y también magistrado de la misma Sala, el fiscal jefe de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, el magistrado Fernando Grande-Marlaska y el ahora abogado -fiscal en excedencia- Ignacio Gordillo, desentrañaron el texto en una mesa redonda ante un auditorio integrado por abogados, fiscales y magistrados. 

Salvo Ignacio Gordillo, los intervinientes no mostraron reticencias de envergadura a que el fiscal asuma la investigación de los delitos bajo el control de un juez de garantías, fórmula que viene avalada por el derecho comparado, aunque aventuraron algunos problemas en el itinerario de la tramitación parlamentaria del texto. Marchena advirtió acerca de la dificultad de integrar a la Policía Judicial en el Ministerio Fiscal, pero descartó efectos negativos en la propuesta de la Comisión porque la vigilancia del juez de garantías impedirá inhibiciones injustificadas del fiscal y evitará cualquier atisbo de impunidad. Aspectos en los que mostró su acuerdo Grande-Marlaska, que se felicitó por esta nueva función del fiscal y del juez en el proceso penal. En la misma línea de apoyo, pero reclamando que se reduzca la “hipertrofia de las funciones que se atribuyen al fiscal” se pronunció Martín-Granizo, que mostró su preocupación por los necesarios cambios de mentalidad que implica la reforma y puso encima de la mesa la necesidad de que se refuerce la autonomía del fiscal investigador. Ignacio Gordillo mostró serias reticencias acerca de independencia con la que se conducirán los fiscales en la instrucción y adujo ejemplos de cómo en tiempos anteriores, siendo fiscal de la Audiencia Nacional, recibió instrucciones para pedir el archivo en temas relacionados con los GAL o los fondos reservados. También expresó sus inquietudes sobre el papel de la policía y la Agencia Tributaria en la instrucción de los procedimientos y reclamó un estatuto para los detenidos y otro para las víctimas.

La posibilidad de que un Tribunal ordene la cesación de difusión de datos del procedimiento a un medio de comunicación fue considerada como necesaria, pero muy excepcional, por Antonio del Moral y descartó que los periodistas o los medios puedan cometer un delito de desobediencia o de revelación de secretos de no atender el requerimiento judicial, reclamando un tipo penal específico para ese supuesto y una mayor concreción de los supuestos en los que podrían adoptarse medidas de esta naturaleza en los procesos penales.

La impresión general es que la reforma del enjuiciamiento penal es imprescindible, que se asume el papel investigador del fiscal bajo el control del juez de garantías, pero se aventura un fuerte debate político y técnico. Por otra parte, el fiscal-investigador (hay 2.400 fiscales en España) plantea un reto de funcionamiento y eficiencia a este cuerpo y exige a los jueces un proceso de adaptación. Los expertos consideran que con este Código Penal Procesal -enmendado sin duda en el trámite parlamentario- se agilizará la justicia penal y se adaptará a los requerimientos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la doctrina del Tribunal Constitucional y al derecho europeo, que hace descansar sobre el fiscal el peso investigador bajo supervisión judicial.