Los ayuntamientos madrileños podrán cubrir 100 puestos de trabajo social con parados

La Comunidad de Madrid anunció en el Boletín Oficial del 28 de mayo una medida para los desempleados de la región que ya en apenas unas horas ha generado demasiada controversia. Se trata del llamado programa de recualificación profesional para desempleados que podrán participar en “trabajos temporales de colaboración social”. La idea que lanza la Consejería de Empleo de la región madrileña es que los ayuntamientos puedan reclamar hasta 100 desempleados para trabajar en “obras y servicios de interés general".

Según recoge la publicación oficial de la Comunidad dirigida por Ignacio González, los empleos durarán como máximo seis meses y la jornada no podrá exceder las ocho horas diarias. Pese a que el desempleado solicitado “estará obligado” a desempeñar el puesto en el que se le solicite, “no será contratado ni dado de alta en la Seguridad Social”. Eso sí: percibirá una renta que complementará su prestación por desempleo. La Comunidad de Madrid únicamente se hará cargo de la diferencia entre el sueldo normal que se paga en ese puesto de trabajo y la prestación que perciba el parado-empleado.

La polémica no se ha hecho esperar desde que la Cadena Ser adelantó la noticia. Comisiones Obreras ha denunciado que este programa es una nueva discriminación, aunque reconoce que “no es nuevo”, como argumentan fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid, que recuerdan que Cataluña y Andalucía son dos de las regiones que ya han utilizado este sistema para intentar reactivar el empleo.

Los participantes en el programa, además de su jornada laboral, tendrán derecho a una formación mínima de unas 60 horas como máximo. Los contenidos del ciclo formativo no tiene por qué estar relacionado con el puesto de trabajo que desempeñe o los certificados de profesionalidad que avalen el currículum del desempleado.

El llamado programa de recualificación profesional es muy variopinto. Los ayuntamientos pueden solicitar estos empleados para rehabilitar viviendas, para vigilar las calles, para reparar calles, aceras y alumbrado, para cubrir las vacantes de los transportes públicos municipales, para gestionar los residuos, para prevenir incendios...

Si trabajan para el ayuntamiento, ¿no buscan otro empleo?

Además de la escasa formación que se ofrece a estas personas (60 horas en seis meses), la responsable de Empleo de CCOO, Mari Cruz Elvira, entiende que se están poniendo en grave riesgo la estabilidad del empleo. Recurrir a estos desempleados resultará más barato que contratar, ya que la Comunidad sufraga solo la diferencia entre la prestación que reciban y el sueldo normal del puesto de trabajo. Desde UGT también rechazan frontalmente la medida. “Volvemos a dar empleo a los que cobran una prestación y se deja atrás a los que no la tienen”, critica Isabel Vilabella, su secretaria de relaciones laborales y formación de UGT, que destaca uno de los “muchos problemas” que genera esta medida: “El desempleado no podrá buscar empleo porque estará trabajando ocho horas diarias”.