Interior desactiva la amenaza de las agencias de detectives tras el caso de Método 3

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que tiene como objetivo “subsanar las lagunas del texto normativo” vigente, aprobado en 1992, y ajeno por tanto al entorno tecnológico actual y a los problemas de competencias que han aparecido en los últimos años entre el Estados y las Comunidad Autónomas en una esfera tan sensible como ésta.

La ley afectará principalmente a las agencias privadas de detectives. La norma contempla un severo sistema de control y fiscalización de la actividad de los despachos de vigilancia que abarcará todas las fases de su trabajo. Esta apuesta por la regulación llega tras el escándalo de las filtraciones de la agencia Método 3 de una conversación privada de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y María Victoria Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, en la que hablaban de los negocios de éste. El caso ha provocado un escándalo con ramificaciones política que aún está sin resolver. La Policía sigue analizando los más de 20.000 dosieres secretos que intervino en la sede de Método 3 y los trabajadores de la agencia se encuentran inmersos en un proceso judicial.

En su reciente comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, Fernández Díaz ya anunció que, tras este caso, su departamento planeaba la imposición de un marco regulatorio para las empresas privadas de vigilancia. Sin duda, el anteproyecto presentado hoy en Moncloa cumple con este propósito.

Encargos por escrito y memoria de actividades

La nueva norma, que tendrá que pasar a la Agencia de Protección de Datos para que elabore el informe preceptivo y será después sometida a debate en el Congreso y en el Senado, contempla por ejemplo la obligatoriedad de que todos los encargos que se realicen a las empresas de vigilancia queden “reflejados por escrito en un libro-registro” que deberá ser custodiado por las propias agencias. Además, cada trabajo deberá contar con un informe detallado en el que constará “el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos”. Este documento-resumen “deberá estar siempre a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Autoridad Judicial”.

El anteproyecto también obliga a los detectives, empresas de seguridad y los despachos de vigilancia a inscribirse en un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada. Y obliga a todas las compañías del sector a presentar con periodicidad anual una memoria de actividades detallada al Ministerio del Interior.

En la práctica, la normativa que introduce el anteproyecto desactivará el secretismo con el que han operado hasta ahora en España las agencias de detectives. La confidencialidad era su mayor reclamo, pero la obligación de registrar todos los trabajos en documentos que podrán ser consultados en cualquier momento por las fuerzas de seguridad acaba con el atractivo que ha sustentado hasta ahora su contratación, tanto para fines personales como empresariales.

Respeto del derecho al honor y de la intimidad

El anteproyecto prohíbe asimismo “la utilización de medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal o familiar, así como contra la propia imagen y el secreto de las comunicaciones”. Los detectives tendrán que “archivar sus informes a los cinco años de su conclusión y destruir los sonidos e imágenes grabados durante las vigilancias un año después de finalizar del informe, salvo que estén relacionados con un proceso judicial o policial en curso”.

Otro cambio importante que introduce la norma, aún provisional, es la obligación legal que tendrán todos los empleados del sector de colaborar con las fuerzas de seguridad y la Justicia. Por último, las empresas que tengan deudas pendientes con la Seguridad Social o con Hacienda no podrán operar en el mercado español.