Fernández Díaz corrige a su 'número 2' tras haber ordenado el cordón de 300 metros para escraches

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado hoy "tajantemente" que su departamento haya ordenado a la Policía como norma general prohibir los 'escraches' a menos de 300 metros de los domicilios de políticos, ya que la distancia de seguridad dependerá de la ubicación exacta de cada vivienda. No se ha adoptado ninguna medida, eso como ministro lo desmiento", ha remarcado. Ha explica que la orden dictada a la Policía es que aplique las "medidas operativas" necesarias para garantizar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, pero ha insistido en que en ningún momento se ha marcado un perímetro concreto de seguridad porque ello sería "absurdo". La dirección de la Policía Nacional envió anoche una comunicación por la que se prohibían los escraches a menos de 300 metros de los domicilios de políticos. 

Poco antes de las palabras del ministro, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, había anunciado en la inauguración de la primera Convención de Mandos de la Policía Nacional que las fuerzas de seguridad impedirán a estos grupos acercarse a menos de 300 metros de los domicilios "de los diputados o gente sensible”. Martínez ha recordado que “el derecho de reunión y manifestación están protegidos por el orden constitucional, pero que estos derechos no pueden entrar en conflicto con otros como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, y el más importante, el derecho a ejercer el mandato democrático en libertad y sin coacciones”. 

Por ello, el secretario de Estado de Seguridad ha afirmado que se pondrán en marcha una serie de órdenes para poder garantizar todos esos derechos. Eso sí, ha asegurado Martínez, “se seguirá en todo caso un criterio de proporcionalidad”. Esta medida ya se ha puesto en marcha en el País Vasco desde hace algunas semanas, y Cataluña también ha anunciado que la pondrá en funcionamiento. El objetivo principal es evitar que las concentraciones a favor de la aprobación de la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria puedan cercar las viviendas particulares de los cargos electos.

La Policía hará detenciones

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que también ha participado en el acto de inauguración del congreso en el complejo policial de Canillas en Madrid, ha recordado asimismo que “ni la coacción ni la violencia pueden tener lugar en un sistema democrático”, y ha advertido de que “siempre que se produzcan actos violentos o en los que se infrinja la ley, la Policía tiene la obligación de llevar a cabo detenciones”.

Hasta ahora, el incipiente fenómeno de los 'escraches', una modalidad de protesta importada de Suramérica que consiste en trasladar a la vida privada de los mandatarios las quejas por su labor como gestores públicos, se había abordado con medidas policiales de tipo pasivo, como la identificación de los participantes y el control de los actos con limitada presencia de agentes.

Pero la oleada de ‘escraches’ a cargos del Partido Popular experimentó pasado viernes un repunte con el traslado de las protestas hasta la puerta de la vivienda familiar de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el distrito de Salamanca de la capital. Alrededor de las 19 horas unas 300 personas vinculadas con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) comenzaron a protestar frente a la residencia de Sáenz de Santamaría por los desahucios. No se marcharon hasta una hora más tarde, después de que la policía procediera a identificar a 30 de los participantes en la concentración.

Esta concentración y otras similares -al menos una quincena de diputados del PP ha sufrido esta forma de acoso- han llevado al Ministerio del Interior a apostar por un método de respuesta más contundente que tendrá como principal efecto la imposibilidad de acercarse a los domicilios de los cargos electos señaladas por la PAH y otros colectivos de su entorno. La consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, también sufrió el pasado domingo un 'escrache', en este caso, por el cierre de una escuela.

Penas de hasta cinco años de cárcel

El acoso organizado a cargos electos es un delito grave que puede acarrear penas de prisión de hasta cinco años de cárcel. Así lo considera el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en un auto sobre el asedio que el 15 de junio de 2011 sufrieron la mayoría de los diputados autonómicos catalanes por parte de miembros vinculados con el movimiento del 15-M.

Estos ataques sufridos por los diputados cuando trataban de acceder al Parlamento autonómico, desde insultos a empujones, pasando por escupitajos y agresiones, serían según Velasco constitutivos de delitos menores o simples infracciones de no ser porque las víctimas fueron cargos electos a los que se les impidió ejercer las funciones que le han sido encomendadas democráticamente. En opinión del magistrado, los hechos podrían demostrar la concurrencia del artículo 498 del Código Penal, que sanciona a “los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto”. La condena oscila entre los tres y los cinco años de cárcel.