España ‘se salta’ el Convenio Europeo de Derechos Humanos para poder arrestar militares

Nueva controversia en torno a la condena de un mes y un día de arresto impuesta al presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge Bravo, por unas declaraciones en un medio de comunicación. El arresto de Bravo por pedir al Ejército “recortar en gastos superfluos”, en vez de recurrir a las bajadas de sueldos, esconde algunos puntos polémicos relacionados con el régimen disciplinario militar.

La pena impuesta ha levantado críticas en ciertos sectores políticos porque incumple el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), concretamente los artículos 5 y 6, que señalan que un ciudadano sólo puede ser privado de libertad por una autoridad judicial y que nadie puede ser encarcelado sin juicio previo por un expediente administrativo. Es el caso de Bravo, cuya sanción también fue impuesta por una autoridad militar.

El quid de la cuestión radica en que, cuando España ratificó el Convenio Europeo, se reservó la aplicación de varios de sus artículos, tal y como permite el mismo. Desde entonces, ha venido realizando sucesivas reservas al documento, la última en 2007. Por ello, este no se aplica y las autoridades militares mantienen la facultad de imponer arrestos. Es decir, España se rige por el código militar procesal. 

Sobre el papel, este arresto, que AUME considera "una práctica que se corresponde a épocas de ejércitos de reemplazo, se sostiene. Pero la asociación ha encontrado un resquicio. “La reserva está hecha desde 2007, y aún está pendiente. Desde un punto de vista formal pueden arrestarlo. Pero, por otra parte, en este caso el arresto se impone sin ninguna garantía porque una autoridad no competente le privó de libertad”, asegura Mariano Casado, secretario general de AUME, asociación mayoritaria en el Ejército con 3.587 afiliados.

“Dicha autoridad no es competente porque la Ley de Régimen Disciplinario vigente (de 1998) dice qué autoridades militares tienen competencia y para qué. En su artículo 30 explica que sólo generales que sean jefes de la fuerza o del apoyo de la fuerza directamente dependientes del Estado Mayor pueden imponer sanciones por falta grave de un mes y un día a dos meses. El resto de generales (art. 31) pueden imponer arrestos de hasta 30 días. Y quien lo hizo (el general Jaime Domínguez-Buj) no tiene competencia”, denuncia. 

También carga AUME contra el ingreso inmediato de Bravo en un centro disciplinario sin que la sentencia sea firme, puesto que cabe recurso ante los tribunales militares. "En aras de la ejemplaridad o porque los hecho sean graves, las resoluciones disciplinarias, aunque estén pendientes de recurso y por lo tanto no sean firmes. Esto no pasa en ningún otro ámbito: sólo en el Ejército y en la Guardia Civil", explica Casado.      

La sanción de un mes y un día de arresto en el centro disciplinario militar de la base San Pedro (Colmenar Viejo, Madrid), que Bravo ya cumple desde el miércoles, es la respuesta a una “falta grave” por “hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina; realizarlas a través de los medios de comunicación”, infracción prevista en el artículo 8.18 de la Ley Disciplinaria de las Fuerzas Armadas. En realidad, Bravo habló en ABC-Punto Radio y Esradio sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas “recorten en gastos superfluos” (como festejos, celebración de aniversarios, juras de bandera, uso “racional” de vehículos oficiales, etcétera) para evitar ajustes en las retribuciones de los militares.

Ya fue arrestado por el Cougar

Este no es el primer encontronazo de Bravo con las autoridades militares. En 2007, fue sancionado en dos ocasiones: por participar en una manifestación de guardias civiles y por unas declaraciones durante una rueda de prensa sobre el accidente del Cougar, en el que murieron 17 militares españoles, palabras que le costaron un arresto. “Dijo que se habían dado órdenes de que la gente no hablara y pidió que se mejorase la calidad democrática de las Fuerzas Armadas”, afirma Casado. Para AUME, por lo tanto, esta no es la primera vez que Bravo es "represaliado por ejercer su derecho constitucional de la libertad de expresión". 

Coincidiendo con el ingreso de Bravo en el centro disciplinario, donde deberá permanecer hasta el próximo 3 de mayo, AUME decidió el pasado jueves presentar un recurso de alzada contra la sanción y solicitar el habeas corpus para su inmediata puesta en libertad. La AUME presenta el recurso de alzada ante el jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general Jaime Domínguez-Buj, por entender que la Jefatura de Servicio de Información del Ejército de Tierra no tiene competencias para dictar sanciones por falta grave, sino sólo para las leves.

En opinión de Casado, detrás de esta "ilegalidad" reside un intento de impedir que la sanción fuera impuesta por el ministro de Defensa, Pedro Morenés y, por tanto, que "sea el poder militar, no el político, el que tenga la última palabra". El propio ministro tendrá que dar explicaciones el próximo miércoles en el Congreso a UPyD sobre la sanción. Este diario intentó sin éxito que algún responsable de Defensa explicase el arresto de Bravo.  

No obstante, el secretario general de AUME tiene "desconfianza absoluta" en el JEME y en que el recurso pueda prosperar. Por las mismas razones, tampoco tiene confianza en que se conceda el habeas corpus a Bravo, pese a que el arresto "no tiene ninguna justificación jurídica y lo único que cabe es que le pongan en libertad de manera inmediata".

AUME ha convocado para el próximo 27 de abril una manifestación ante el Ministerio de Defensa. Casado apela a la "parte política" del Ministerio para que reflexione sobre quiénes crean los problemas que, subraya, no son las asociaciones ni todos los militares. En su opinión, dentro del estamento militar hay “quienes están más cómodos con la situación anterior” y no quieren que prospere la aplicación de la Ley de Derechos y Obligaciones aprobada por unanimidad en 2011 para que "no se les dificulte el ejercicio del mando ni la política de personal”.