El nuevo director del Instituto de Medicina Legal fue denunciado por sus trabajadores

El flamante director del Instituto de Medicina Legal para la Audiencia y el Supremo, Vidal Santos Yusta, que jura hoy su nuevo cargo, viene precedido por la polémica en el que hasta ahora ha sido su destino. El 85% del personal que trabajó a sus órdenes en Baleares firmó una carta hace meses pidiendo su destitución por “trato vejatorio y conductas dictatoriales” y, ante la falta de solución, amenazaron con llevarlo ante la Fiscalía.

Según informó la prensa local, Santos Yusta fue denunciado por la inmensa mayoría de los trabajadores del Instituto de Medicina Legal de Baleares de Palma de Mallorca que Santos dirigió hasta ser elegido para gestionar el nuevo Instituto, en detrimento de la forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena.

Los trabajadores denunciaron la sospecha de que la dirección del Instituto de Medicina Legal que encabezaba Santos beneficiaba a una empresa al frente de la cual estaba uno de los forenses del instituto. Esa empresa, por ejemplo, habría obtenido más de un millón de euros en embalsamamientos, que se encargaban siempre a la misma firma.

Tras las primeras denuncias y la carta enviada al Gobierno pidiendo la destitución de Santos Yusta, el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió ponerse manos a la obra y envió a la isla a Ricardo Gonzalo Conde Díez, director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón.

Conde mantuvo varias reuniones, incluida una con los trece forenses de Mallorca, con el compromiso de arreglar el problema. No hubo ninguna variación y, en junio, los trabajadores amenazaron con acudir ante la Fiscalía para denunciar que en el instituto que dirigía Santos Yusta reina “la desorganización” y que se daban episodios de “trato vejatorio y conductas dictatoriales”. Por su parte, la dirección negó de forma tajante todas las acusaciones.

Hoy, Santos Yusta asumirá su nuevo cargo al frente del Instituto de Medicina Legal de órganos con jurisdicción estatal, es decir, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Registro Civil. Como informamos ayer, Santos ha sido elegido por el Ministerio de Justicia para el cargo de libre designación al que también concurría la forense Carmen Baena, que tenía el apoyo de la Fiscalía y que saltó a la luz pública por oponerse a la libertad condicional del etarra Bolinaga. Curiosamente, la plaza se convocó siete días después de que el juez Marlaska decidiera liberar al etarra poniendo fin al enfrentamiento con la forense.