Urdangarín y la Infanta entregarán el palacete de Pedralbes si no pueden pagar la fianza

O pagar la fianza millonaria que fije el juez o sacrificar una buena parte de su considerable patrimonio inmobiliario -incluido el lujoso palacete de Pedralbes, en Barcelona-, que sería embargado. Ésa es la disyuntiva a la que se enfrentarán en las próximas horas Iñaki Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina de Borbón, después de que el fiscal Pedro Horrach y la abogada Virginia López-Negrete, que ejerce la acusación popular en representación del sindicato Manos Limpias, formalicen hoy mismo sus escritos de petición de responsabilidad civil, en los que exigen, como ya adelantó El Confidencial, más de ocho millones de euros de fianza al duque de Palma y su antiguo socio en el Instituto Nóos, Diego Torres. 

Los dos exsocios deberán responder de forma solidaria al pago de esa caución, por lo que si el juez José Castro, instructor del sumario del caso Urdangarín, atiende las demandas de la Fiscalía y Manos Limpias, ambos tendrían que abonar cuatro millones de euros cada uno para afrontar las responsabilidades económicas por el quebranto que supuestamente causaron al erario público. La petición de fianza civil se ha demorado hasta ahora por la aparición de nuevas pruebas, facturas e informes, que finalmente han sido incorporados al sumario.

Para el cálculo de los casi 8,2 millones de euros de fianza, tanto la Fiscalía como Manos Limpias han sumado las cantidades íntegras que los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana pagaron al Instituto Nóos -casi seis millones de euros- por la organización de varios eventos relacionados con el turismo y el deporte. Es decir, las acusaciones han optado por no descontar ni siquiera el dinero efectivamente gastado por Urdangarín y Torres en la preparación y ejecución de dichos foros, y le han añadido un 30%, en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su artículo 589 establece que "cuando del sumario resulten indicios de criminalidad", la fianza "no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias".

24 horas de plazo

Tras estudiar los escritos de la Fiscalía y Manos Limpias, en los que ambas acusaciones solicitan la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil, el juez fijará la cuantía definitiva de la fianza. Salvo que Castro estipule un plazo distinto, Urdangarín y Torres dispondrán de 24 horas para hacerla efectiva. En caso contrario, tal y como establece el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "se procederá al embargo de bienes del procesado, requiriéndole para que señale los suficientes hasta cubrir la cantidad que se hubiese fijado para las responsabilidades pecuniarias". La fianza civil se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, y su objetivo es garantizar que el imputado abone el dinero público supuestamente malversado si finalmente resulta condenado.

¿Podrán reunir el yerno y la hija de Don Juan Carlos esos cuatro millones de euros? De no hacerlo en el plazo que estipule el juez Castro, los duques de Palma tendrán que presentar en el juzgado un aval bancario sobre los bienes inmuebles de su propiedad hasta cubrir la cuantía de la fianza. Lo habitual en estas circunstancias es que el juez requiera al imputado -Urdangarín en este caso, ya que la Infanta ni siquiera ha sido citada como testigo- para que designe qué bienes patrimoniales entrega como aval. Una vez comprobado su valor, tras la tasación efectuada por un perito judicial, esas propiedades inmobiliarias quedarán embargadas.

​Los duques de Palma cuentan con un elevado patrimonio inmobiliario, más que suficiente para garantizar la millonaria fianza civil a la que deberá hacer frente Urdangarín. El yerno y la hija del Rey poseen un palacete en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes, adquirido en 2004 por seis millones de euros mediante un crédito hipotecario concedido por La Caixa. El exjugador internacional de balonmano y su esposa alquilaron la mansión por 13.000 euros mensuales poco después de su marcha a Washington, en 2009, y tras regresar este año de Estados Unidos lo volvieron a alquilar para instalarse en otra vivienda algo menos ostentosa.

Otros seis pisos

​Pero su patrimonio en ladrillo no se limita, ni mucho menos, al palacete de Pedralbes. Urdangarín y la infanta Cristina compraron, también en 2004, dos pisos, dos plazas de garaje y un trastero en un edificio de la calle Pedrera de Palma de Mallorca, por los que pagaron casi 450.000 euros, y que figuran a nombre de Aizoon S. L., una sociedad participada al 50% por el yerno del Rey y su esposa, y a la que se desvió una parte de los fondos presuntamente captados de forma ilegal por el Instituto Nóos.

​Tres años más tarde, en 2007, la pareja adquirió una vivienda en la localidad barcelonesa de Terrassa, de la que también es titular la mercantil Aizoon. Los duques de Palma abonaron por esa casa 250.000 euros. Su patrimonio inmobiliario se completa con otros tres pisos situados en un edificio de la calle Marqués de Fontsanta de Palma, comprados en 2003 por 620.000 euros. En este último caso, las propiedades no figuran a nombre de Aizoon, sino de Nóos Consultoría Estratégica S. L., una de las firmas utilizadas por Urdangarín y Torres para desviar los fondos que administraciones públicas y empresas privadas destinaron generosamente al Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro.

​La abogada López-Negrete, en nombre de la acusación popular, sostiene en su escrito dirigido al juez Castro que Urdangarín, "aprovechándose de su condición de miembro de la Casa Real, y con la finalidad de poder acceder a los fondos públicos a través de la figura de convenios de colaboración, aparentó que no perseguía fines lucrativos y onerosos para que no sólo nadie sospechara, sino que encima le albergara ese paraguas de bondad y ayuda al prójimo".