Los detenidos por el 25-S, último encontronazo de Interior con jueces y fiscales

La habitual sintonía entre jueces, fiscales y Policía se ha roto. Desde que llegó Jorge Fernández Díaz al Ministerio del Interior, los desencuentros cada vez son mayores. Las investigaciones policiales son puestas en entredicho de manera constante, sobre todo por los instructores y el Ministerio Público de la Audiencia Nacional. El caso de los 35 detenidos por los disturbios del Congreso de los Diputados ha sido el último ejemplo.

La actuación de la Brigada Provincial de Información no sentó bien al juez de guardia, Santiago Pedraz, que no fue informado en el plazo de 24 horas sobre los detenidos. A las 36 horas, se le remitió el atestado policial para que se encargara ese órgano judicial sin incluir ningún delito que fuera competencia de ese tribunal.

La consecuencia fue que el juez central de instrucción número 1 rechazó el caso y, en una providencia, sin más explicaciones, señaló que él no se encargaba del asunto al no tener los delitos de los que se acusaba a los detenidos relación alguna con la Audiencia Nacional. La Fiscalía no presentó ninguna acusación y el caso se fue a los Juzgados de Plaza de Castilla. Estos movimientos fueron un claro envite al ministro del Interior, quien había anunciado que los disturbios ante el Congreso de los Diputados serían investigados por la Audiencia Nacional y los responsables serían acusados de un delito contra las Altas Instituciones del Estado, que llevan aparejadas penas de entre tres y cinco años de cárcel.

Ante la negativa de Pedraz y la Fiscalía de encargarse de los detenidos, la Policía mandó el informe a Plaza de Castilla, para que fuera el juez de guardia de los juzgados madrileños quien les tomara declaración por los altercados de la noche del martes. Ahora bien, la Brigada Provincial de Información en ese caso sí incluyó entre los delitos por los que se acusan a los arrestados el de uno contra las Altas Instituciones del Estado, además del de atentado, lesiones, desobediencia y desórdenes públicos. De esta manera, Interior se garantizaba que la juez de guardia les imputara, como así lo ha hecho, por ese delito. Lo más probable es que la próxima semana se inhiba en favor de la Audiencia Nacional, al ser ésta quien debe investigar un acto contra el Congreso de los Diputados.

Fuentes del órgano judicial aseguran que tanto el juez como el fiscal no están dispuestos a admitir la causa. Aunque la Policía decidiera incluir el delito contra las instituciones del Estado, el magistrado y fiscal deberán estudiar si ese delito se ha llegado a cometer. Lo que sí podrían entrar en la Audiencia son querellas contra supuesta brutalidad de la actuación policial y el tratamiento de los detenidos, que estuvieron en comisaría más de 24 horas sin alertar a ningún juzgado de su situación de arresto.

Interior pretende adelantarse a las decisiones judiciales y tanto jueces como fiscales no están dispuestos. Se ha perdido la comunicación previa entre Policía y Audiencia Nacional, un binomio que funcionaba en los tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior. En casos de terrorismo, principalmente, juez, fiscal y policía eran un bloque. Sin embargo, muchas de las decisiones de Fernández Díaz están generando un tremendo malestar al percibir que desde Interior se intenta implantar sus métodos y criterio.

Un ejemplo del fracaso de estas relaciones ha sido el 'caso Bolinaga', sobre la puesta en libertad de un etarra enfermo en contra del criterio de la Fiscalía; la investigación por el secuestro de Publio Cordón por parte de los Grapo, en el que el juez de instrucción Javier Gómez Bermúdez incluso llegó a amenazar con imputar al ministro por ofrecer datos que estaban bajo secreto de sumario; hasta hubo confrontación tras la detención de tres presuntos terroristas islamistas que pretendían atentar en Algeciras. En este último caso, el juez de instrucción Pablo Ruz tuvo que alargar el periodo de detención porque no había suficientes pruebas, al hacerse la detención prematuramente, contra los presuntos terroristas.

La gota que colmó el vaso fue cuando desde el Ministerio se ofreció a los dos fiscales que se encargaban del asunto de Iosu Uribetxeberria Bolinaga devolverles, pero sólo a ellos dos, el servicio de escolta, durante los días que la Fiscalía debía decidir si recurría la libertad condicional acordada por el juez de Vigilancia Penitenciaria y apoyada por el Gobierno. Los dos fiscales se opusieron a la proposición, además de generar más enfado entre el Ministerio Público.

Fernández Díaz no comenzó con buen pie su relación con la Audiencia Nacional. Poco después de ser nombrado, el Ejecutivo decidió retirar las escoltas a jueces y fiscales, excepto al presidente del tribunal, Ángel Juanes; al de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska; al fiscal jefe, Javier Zaragoza, y al juez de Vigilancia penitenciaria, José Luis de Castro. El motivo ofrecido fue que la amenaza de ETA ya no existía, cuando todavía hay informes tanto de la Policía como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de que la banda terrorista todavía tiene movimiento y armas.