El CGPJ teme que Gallardón aprovecha la crisis para amputarles competencias

En plena vorágine de desprestigio del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente, Carlos Dívar, en particular, el Ministerio de Justicia lanza un globo sonda. La Comisión creada para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial estudia recortar los vocales que componen el órgano de los jueces. De los veinte que son en la actualidad, pretenden que sólo haya cinco permanentes y el resto sean convocados puntualmente para la celebración de plenas o actividades puntuales. En la actualidad, todos los vocales están considerados de los más altos de la administración del Estado.

Aunque pueda sonar a un castigo del titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el CGPJ está de acuerdo con esta modificación. Fuentes judiciales explican que ha sido el propio Consejo quien propuso esta medida al Ministerio. El órgano de los jueces considera que con cinco vocales permanentes que conformen la Comisión Permanente para adoptar decisiones es suficiente. El problema es el trasfondo de este anuncio. El Poder Judicial teme que sea una maniobra de Ruiz Gallardón para recortar las competencias del Consejo.

El momento para sacar a la luz la modificación de la composición de los vocales no es casual. Se ha conocido el mismo día que el Pleno del Tribunal Supremo se reunía para decidir si investigar a su presidente, y con cinco vocales del propio órgano de los jueces solicitando de nuevo su dimisión. Se conoce en el preciso momento que las “semanas caribeñas” del presidente y de otros vocales, además de sus elevados sueldos. Dívar cobra casi el doble que el presidente del Gobierno. Su sueldo anual es de 130.000 euros repartidos en catorce pagas. Mientras que los 20 vocales reciben una remuneración, también muy superior a la del jefe del Ejecutivo, aunque un poco menor que la del presidente del Consejo, de 112.000 euros anuales.

Fuentes próximas al Ministerio de Justicia reconocen que con el momento que vive el Consejo, su modificación sería lo más sensato. Otras fuentes judiciales sin embargo ven un plan de reestructuración más profundo por parte del Ejecutivo, planteado en el momento de más desprestigio del órgano. Precisamente, creen que toda esta campaña contra Dívar podría formar parte de una gran jugada de ajedrez para adelgazar el CGPJ. Entre las competencias que podrían recortar es todo lo relativo a la Oficina Judicial, es decir, modernización y ley de planta, entre otros. Este Consejo ha puesto en entredicho la actuación de este y del anterior Gobierno, en lo que a la modernización se refiere.

La inversión realizada por Justicia para modernizar todo el sistema informático de los juzgados españoles ha sido un fracaso. El error de base es la transferencia de competencias en materia de Justicia que ha provocado que las comunidades autónomas tuvieran sistemas incompatibles y, por tanto, la inversión ha sido prácticamente inservible. Ruiz Gallardón heredó una patata caliente de 400 millones de euros invertidos en un fracaso y el CGPJ le ha instado en varias ocasiones a solucionarlo. Hasta el momento, el dirigente popular se ha abstenido de explicar cómo va a resolverlo. Si finalmente quita esas competencias al órgano de los jueces ya no recibirá las presiones del Poder Judicial.