Hacienda dará 7 días más para que las autonomías díscolas presenten planes serios

El Gobierno está decidido a cumplir y hacer cumplir a los gobiernos autonómicos el objetivo de déficit comprometido con la UE (5,3% general, 1,5% para los ejecutivos regionales), pero le preocupa casi tanto la imagen de la operación en el exterior y en los mercados como las cifras de ahorro en sí. Como los planes que han enviado algunas Autonomías a Hacienda siguen sin estar claros, habrá un examen de repesca para las más rezagadas que, de momento, son la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Murcia.

Los primeros análisis que han hecho en Hacienda de los planes antidéficit remitidos por los gobiernos regionales distan de ser satisfactorios en los casos citados. El primer examen formal y público de esos textos se hará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para el próximo día 17 de mayo y al que asisten los consejeros de Economía de todas las Comunidades Autónomas. En Hacienda se fían poco y ya tienen prevista una segunda convocatoria para una semana después para los gobiernos que no pasen ese primer filtro.

El Gobierno prefiere forzar la negociación hasta el último minuto para que quede claro que todas las Autonomías reducirán su déficit hasta el 1,5 por ciento. Es el resultado ideal, tanto para la contabilidad del Estado como para su imagen de solvencia y compromiso ante Bruselas, Berlín y los mercados. La otra opción, si no hay más remedio, para quedar bien a todos los efectos es poner en marcha el proceso de intervención de los gobiernos díscolos o descuidados a la hora de hacer recortes.

Con esa demostración de fuerza y determinación, el Ejecutivo de Rajoy dejaría clara su autoridad ante unas Autonomías que ya son famosas en la UE como sinónimo de despilfarro incontrolable. Hacienda enviaría sus auditores a las administraciones autonómicas señaladas y empezaría a dictar normas y restringir fondos a partir de septiembre en aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria. No obstante, en fuentes del Ejecutivo insisten en que ese sería el último recurso para garantizar la corrección del déficit público.

La Junta de Andalucía da una de cal y otra de arena. Ha incluido en el plan remitido a Hacienda la “no disponibilidad” de 2.600 millones de euros sobre los presupuestos autonómicos vigentes. Cumple así con la exigencia del 1,5 por ciento de déficit, pero no detalla luego en qué departamentos o partidas aplica esa reducción. Es la apreciación que le ha hecho el Gobierno para que complemente su plan antes de la reunión del próximo día 17. José Antonio Griñán ha obviado el dato desde que fue investido: se niega a decir de dónde piensa recortar, e incluso hace como si no fuera a tocar servicio ni prestación alguna.

Aunque una fuente del Ministerio de Hacienda insistía ayer mismo que el plan de estabilidad presupuestaria del País Vasco tampoco ha convencido en el Ministerio por falta de precisiones, fuentes oficiales del Ejecutivo de Patxi López aseguran a El Confidencial que tienen el visto bueno de Hacienda a su plan desde finales de marzo, y que esa situación no ha variado en absoluto y así se lo han confirmado en el propio Gobierno central.

Y entre las comunidades gobernadas por el PP, siguen sin cuadrar por falta de datos los planes de recortes la Valenciana y la de Murcia. Ambas están entre las más endeudadas y, aunque sobre todo en el caso de Alberto Fabra, han acometido drásticos programas de ahorro, cierre de organismos y aumento de recaudación vía impuestos y copagos autonómicos, pero siguen sin demostrar que pueden dejar su déficit en el 1.5 por ciento.

Caso aparte es el de Cataluña. En el proyecto remitido insiste en incluir 200 millones como ingreso a cuenta de los fondos que insiste le debe la Administración Central a la Generalitat y que el Gobierno de Rajoy, igual que el de Zapatero, no le abonará. Los nacionalistas catalanes tienen que ajustar más otras partidas, ya que se han empecinado en mantener la citada cifra como deuda.

En las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ejecutivo cuenta con la ventaja de que más de dos tercios de los consejeros de economía son del PP. Los acuerdos y las cuentas presentadas (y públicas) se someterán a votación en última instancia. Un factor definitivo para que las posibles Autonomías rebeldes se sometan al final al objetivo de déficit y lo cumplan. Si no lo hacen, Hacienda se reserva el recurso de la intervención: cortarles el grifo de la financiación.