Garzón cambia de estrategia y finalmente declarará pese a no suspenderse el juicio

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado suspender el juicio contra Baltasar Garzón por falta de garantías para su defensa, tal y como pedía su letrado Francisco Baena Bocanegra, y esta tarde retomará la vista oral con la declaración del acusado, que pese a que en un primer momento sopesó no contestar a las acusaciones, a última hora ha cambiado de estrategia y finalmente declarará.

El tribunal ha rechazado la práctica totalidad de las cuestiones previas planteadas por Baena Bocanegra al inicio de la vista, entre ellas la recusación de dos de los magistrados que forman parte de la Sala: Varela y Marchena. Sobre la indefensión de Garzón al no disponer de una segunda instancia para recurrir una eventual sentencia, la Sala sostiene que es una previsión legal cuya modificación compete al Parlamento.

Sí ha accedido a la declaración de Vicente Marco, uno de los funcionarios del Juzgado de Instrucción número 5, a quien Garzón “liberó” de cualquier otro trabajo para dedicarse de manera exclusiva al “caso Gürtel”, previsiblemente para que el magistrado no dilatara la causa.

La Sala ha aceptado también escuchar a puerta cerrada fragmentos de las cintas grabadas a los imputados de la trama de corrupción (Francisco Correa, Pablo Crespo y José Luis Ulibarri) en sus entrevistas con sus letrados en la prisión de Soto del Real. No obstante, Baena Bocanegra deberá aclarar qué parte de las mismas interesa.

Cuestiones previas

“Este juicio no se puede celebrar”. Francisco Baena Bocanegra, abogado del juez Baltasar Garzón, ha pedido al tribunal que juzga al magistrado por las escuchas del “caso Gürtel” que la vista se suspenda porque  su cliente no goza de las suficientes garantías para su defensa y el futuro fallo podría ser nulo.

El letrado comenzó por reiterar la recusación a los magistrados Varela y Marchena y solicitó la práctica de todas las diligencias que le fueron denegadas durante la instrucción, entre otras que se deduzca testimonio de que el juez Pedreira, que se hizo cargo de la causa al haber aforados, no solo no anuló las intervenciones ordenadas por Garzón, sino que las amplió en el tiempo con el visto bueno del fiscal.

Baena Bocanegra pidió también que se escuchen íntegramente en la sala las grabaciones practicadas en prisión a los acusados y sus abogados, posteriormente expurgadas salvo en aquellos extremos que podían ser relevantes para la investigación, que son las que se incorporaron a la causa, para demostrar que no se vulneró el derecho a la defensa.

El abogado de Garzón reclamó que se remitieran a la sala las sentencias de los últimos cinco años en que hubiesen sido anuladas las intervenciones telefónicas practicadas a los acusados, sin que en ningún caso tuviera consecuencias para los magistrados.

Las acusaciones se negaron a todas y cada una de las cuestiones planteadas.

Se enfrenta a 17 años de inhabilitación

Los principales imputados del "caso Gürtel" sientan desde hoy en el banquillo de los acusados a Garzón, el juez que les investigó, por haber ordenado a la Policía que grabara las conversaciones que mantenían en prisión con sus abogados. Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama de corrupción; su número dos, Pablo Crespo Sabaris, y el constructor José Luis Ulibarri piden para el magistrado una pena de 17 años de inhabilitación. La fiscal Pilar Fernández defiende que Garzón no incurrió en ningún delito y reclama su absolución, al igual que el abogado defensor.

El magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa, decía en su auto de apertura del juicio oral, de fecha 11 de abril de 2012, que Garzón autorizó las intervenciones telefónicas “con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos”. Esa información era la estrategia de las defensas y los datos confidenciales que los jefes de la trama, entonces encarcelados en Soto del Real (Madrid), pudiesen trasladar a sus abogados, según el auto citado.

Francisco Correa y Pablo Crespo tenían entonces (19 de febrero de 2009) como abogado a José Antonio López Rubial, que resultó imputado en la causa, aunque el 2 de marzo designaron nuevos letrados para hacerse cargo de su defensas. Éstos acudieron a prisión para ver a sus clientes el 6 de marzo y sus comunicaciones fueron igualmente interceptadas pese “a no constar indicio incriminatorio alguno ni sospecha que pudiera vincularles” a la trama de corrupción, dice el auto del instructor.

Recibido entre aplausos y gritos de ánimo

El juez ha llegado al Tribunal Supremo entre los aplausos y gritos de ánimo de simpatizantes. Alrededor de las 09:50 horas han llegado a pie desde la Audiencia Nacional al Alto Tribunal un grupo de magistrados y fiscales, que han acudido para arropar a su compañero. Entre ellos estaban la fiscal Dolores Delgado, los jueces de instrucción Fernando Andreu y Santiago Pedraz y los magistrados de la sala de lo penal Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel, Clara Bayarri y José Ricardo de Prada, estos últimos son los que firmaron el voto particular a favor de la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo.

Frente a las puertas del Supremo varias decenas de personas, convocadas por la plataforma "Solidarios con Garzón", se han concentrado para denunciar "la persecución política" al magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones desde mayo de 2010. El grupo de simpatizantes, encabezado por la actriz Pilar Bardem y el diputado de IU Gaspar Llamazares, portaba una gran pancarta en la que se podía leer "Contra la inmunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo", al tiempo que coreaban gritos en solidaridad con apoyo al juez e insistiendo en que "hay que juzgar al franquismo criminal". La plataforma ha presentado en el registro del Tribunal Supremo un escrito para pedir la dimisión de la Sala de lo Penal que juzga al magistrado.

Enorme expectación

Está previsto que la vista se prolongue hasta el próximo jueves. En la primera jornada se resolverán las cuestiones previas y declarará Baltasar Garzón. Las siguientes se dedicarán a escuchar a los seis testigos citados, todos ellos policías vinculados con la investigación del "caso Gürtel". La expectación creada es tal que se han acreditado setenta medios de comunicación, una treintena de ellos internacionales, como CNN, The Times, Wall Street Journal o la cadena de televisión Al Jazeera. 

La vista es la primera de las tres a las que el extitular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional debe enfrentarse. Para dentro de una semana, el día 24, volverá a ser juzgado por el caso de las fosas del franquismo, y aún está en fase de instrucción la causa por los emolumentos que recibió de varias entidades bancarias para financiar distintas actividades académicas durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. Una condena en cualquiera de ellas supondría el fin de su carrera como juez.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió al juez en sus funciones el 14 de mayo de 2010, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela decidiera abrir juicio oral contra él por un delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo sin ser competente para ello. Varela forma parte de la Sala que lo juzgará desde hoy, al igual que Manuel Marchena, que instruye la causa por la financiación de sus cursos en Estados Unidos. La recusación de ambos por Garzón fue desestimada la semana pasada por el Tribunal Constitucional (TC).