El Constitucional da esperanzas al mundo 'abertzale'

El Tribunal Constitucional ha decidido en esta ocasión ser absolutamente garantista con el mundo 'abertzale' y permitir que Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP), con Alfonso Sastre como cabeza de lista, se presente en a las elecciones al Parlamento Europeo el próximo 7 de junio.

Es la primera vez desde que se implantó la Ley de Partidos que el Constitucional y el Tribunal Supremo van por diferentes caminos. Hasta ahora, habían tenido claro cuáles eran las listas contaminadas de ETA. Desde que se aplicó por primera vez la ley con la sentencia de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok en marzo de 2003, han sido once las ilegalizaciones de partidos y anulaciones de candidaturas que se han producido.

Desde el primer momento esta impugnación no estaba nada clara. Desde la Fiscalía General del Estado mostraban sus dudas de poder probar que la coalición estuviera instrumentalizada por Batasuna. El Supremo consideró suficientes los indicios presentados por el Ministerio Público y por la Abogacía del Estado pero con cinco votos discrepantes. Esta falta de acuerdo dentro del Alto Tribunal dejaba ver que IISP tenía una oportunidad. Y así fue. El Constitucional debía tenerlo claro cuando no respaldó la decisión del Supremo cuando en la propia Sala Segunda, que adoptó la deciisón, había tres ex magistrados del Alto Tribunal, un presidente del ala 'conservadora' junto a otros dos y otros tres del lado 'progresista'.

La no condena de la violencia etarra no es suficiente para anular una lista electoral. Es un indicio más pero no definitivo, según la propia doctrina del TC. Y así lo vio la Sala, que alega que "la insuficiente entidad probatoria de los indicios manejados por el Tribunal Supremo no puede justificar el sacrificio de los derechos fundamentales de participación política en términos de igualdad y de libre defensa y promoción de la propia ideología".

En definitiva, esta coalición, tenga lazos con la 'izquierda abertzale' o no puede presentarse a los comicios y ya no se puede hacer nada más. La única posibilidad que existe es que si en un futuro aparecen nuevos indicios que les relacione con el mundo etarra, la Fiscalía o la Abogacía del Estado podrían presentar una demanda de ilegalización.

En este caso, el proceso es más lento y en el caso que consiguieran demostrarlo, encontrando vínculos administrativos, económicos, financieros u órganicos ya no podrían arrebatar el escaño que obtenga la coalición hasta las próximas elecciones en cinco años, como ocurrió con ANV en las elecciones municipales en mayo de 2007.

De todas maneras, a pesar de las múltiples ilegalizaciones e impugnaciones del Supremo y del Constitucional a listas contaminadas de Batasuna, todavía hay que esperar a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que está pendiente de estudiar la Ley de Partidos, después de que la recurriera Batasuna y Herri Batasuna tras su ilegalización en 2003. La perspectiva europea sobre la prohibición española de presentarse a unas elecciones a unos determinados partidos puede no ser la misma que la nuestra. Debe estudiar si el Gobierno español ha violado la libertad de expresión, de asociación y derecho a recurso.