La Junta de Andalucía y el PSOE conocían las irregularidades urbanísticas en Alcaucín desde 2006

Nuevo capítulo en la corrupción en Alcaucín. Ayer lunes le tocó el turno al rifirrafe político. El PP ha decidido cargar toda la artillería contra el PSOE andaluz, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga.

Acusan los populares de que estas instituciones sabían, desde 2006, las irregularidades urbanísticas que se cometían en el municipio de la comarca malagueña de la Axarquía. Y lo prueban con documentos y fotografías que van a entregar a la jueza del Caso Arcos. También se negaron en rotundo a que los medios de comunicación pudieran acceder –por ahora, dicen – a los escritos de denuncia.

El caso más flagrante, denunciado ayer por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, tiene relación con el Defensor del Pueblo Andaluz, quien el 20 de febrero (27 días antes de la detención del alcalde, José Manuel Martín Alba) ya detectó indicios de irregularidad urbanística en un edificio de 350 apartamentos construido sobre suelo rústico que ocupaba el 100% del territorio.

La Junta de Andalucía se limitó en este caso a eliminar unos carteles informativos que informaban de la obra, pero el Defensor del Pueblo le dijo que así no se restauraba “ni el terreno ni la legalidad”. Para el PP se trata de “un claro delito contra la ordenación del territorio”.

La primera denuncia a la que han tenido acceso los populares se remonta a junio 2006 sobre cuatro parcelas en suelo urbano donde una empresa construía un bloque de 45 pisos. Y eso que el plan parcial tan sólo permitía cuatro viviendas unifamiliares.

Tras esta denuncia, la Junta de Andalucía exigió al Ayuntamiento de Alcaucín dos veces a ejercer sus competencias. En mayo de 2008 envió inspectores que emitieron un informe donde consta que se puede estar cometiendo delito contra la ordenación del territorio.

Aportación de pruebas

Antonio Sanz también informó que el presidente del Comité de Ética del PSOE-A, Francisco Dodero, recibió una denuncia sobre Alcaucín en abril de 2007 y respondió al denunciante que ese órgano es “para defender el honor de los militantes”, en vez de “para analizar comportamientos”, y “amenaza” advirtiendo al comunicante de que si se sigue por ahí, “se atengan a las consecuencias”.

El PP también culpa a la anterior ejecutiva provincial del PSOE de Málaga de conocer los hechos. Señala a los entonces presidente y secretaria general, Juan Paniagua y Marisa Bustinduy, actualmente parlamentarios autonómicos; Francisco Fernández España y Luis Reina, aunque dice que “nadie hizo nada”.

El vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, echa balones fuera y “no le consta” que miembros de su partido tuvieran conocimiento de denuncias de presunta corrupción.

Pizarro insistió en que el PSOE-A sigue un código de conducta y un protocolo de actuación cuando ocurre un hecho como el sucedido en Alcaucín, por los que se procede a apartar de las filas del partido a todas aquellas personas imputadas por la Justicia. “Ya no gustaría que otras formaciones actuaran de la misma manera que nosotros”, destacó.

Asimismo, el dirigente socialista afirmó que el PP no interviene en este tipo de casos de la misma manera que el PSOE, poniendo como ejemplo de ello las irregularidades urbanísticas en el municipio de Alhaurín el Grande, donde Javier Arenas mantiene como alcalde al imputado Juan Martín Serón, “donde el PP gobierna y no ha actuado”.