Ibercaja aprovecha el desgobierno y se baja de las autopistas de peaje en quiebra

La banca española está aprovechando el desgobierno actual para dar un portazo al Ministerio de Fomento en su último intento por salvar las autopistas de peaje en quiebra. Si hace unas semanas fue CaixaBank la que decidió no esperar más y vendió cerca de 100 millones de deuda vinculada a estas concesiones en vías de liquidación, ahora ha sido Ibercaja la que ha traspasado crédito por casi 40 millones a un fondo buitre. Ambas se han quitado de en medio, pese a perder el 90% del dinero que en su día prestaron a constructoras y concesionarias como ACS, Sacyr, Ferrovial, OHL y Abertis para financiar las grandes obras del PP.

Según documentos oficiales, Ibercaja ha traspasado al Fondo de Titulización TDA 2015, gestionado por Taconic, los préstamos vinculados a las autopistas de peaje R3 y R5, que unen Madrid con Arganda y Navalcarnero: a la AP-7, que cincunvala Alicante; a la R-2 (Madrid-Guadaljara), y a la R-4, que va desde la capital hasta Ocaña. En concreto, ha vendido a este fondo 'distress' -firmas que compran empresas en situaciones límite- 1,2 millones que el banco aragonés había concedido a Accesos de Madrid (R-3) y a Alazor (R-5); 7,3 millones de la AP-7 en manos de Aucosta; 15,6 millones de Infraestructuras y Radiales (R-2), y otros 15 millones de Inversora Autopista del Sur.

Aunque se desconoce el precio oficial de la operación, distintas fuentes indican que Ibercaja ha traspasado estos préstamos a Taconic por cerca de 3,8 millones de euros, lo que supondría aceptar una quita superior al 90% del capital prestado. Una pérdida muy significativa que, no obstante, el banco con sede en Zaragoza podría tener ya provisionada si ha seguido la estrategia del resto de entidades financieras 'pilladas' en estas concesiones. La entidad ha confirmado que la venta de la deuda se hizo meses atrás.

Accesos de Madrid, concesionaria de la R-3 (Madrid-Arganda) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero), tiene como accionistas relevantes a Abertis (36%), Sacyr (25%) y ACS y Bankia, con el 20% cada uno. La concesionaria entró en concurso en octubre de 2012 con una deuda próxima a los 2.000 millones de euros. El pasado 10 de mayo, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid decretó su liquidación para el próximo mes de octubre, medida extraordinaria que ha sido recurrida por Ana Pastor, ministra de Fomento en funciones.

Concurso de acreedores

Por su parte, la AP-7 es propiedad de Ciralsa, controlada por ACS y que tiene como socios a Abertis y Globalvia (FCC). La primera tiene el 50% del capital, mientras que la filial de la propia CaixaBank y la subsidiaria de la constructora de Carlos Slim se reparten la otra mitad a partes iguales. Ciralsa presentó concurso de acreedores en 2014 con un activo de 413 millones y un pasivo de 523 millones. Actualmente, el administrador concursal es Pricewaterhouse.

La R-2, que entró en suspensión de pagos en septiembre de 2013, con 425 millones de deuda, también tiene como inquilino principal a ACS, con un 35% del capital, seguida de Abertis, con el 30%. El accionariado lo completan Acciona, con un 25%, y Globalvía, con el 10% restante. Por último, la R-4 es propiedad de Cintra, filial de Ferrovial, en un 55%, y de Sacyr, con un 35%, acompañados en este caso por la antigua Caja Castilla-La Mancha. Entró en concurso a finales de 2012 con 575 millones de préstamos imposibles de pagar.

La banca da por seguro que estas concesiones no tienen ningún futuro y que, de no mediar solución judicial de última hora, varias de ellas irán directamente a liquidación a partir del próximo mes de octubre. Prefieren recuperar al menos un 10% de lo prestado y perder el 90% que aguardar la muerte final y apuntarse una minusvalía por el 100%. El actual Gobierno se ha negado a reconocer sus obligaciones contractuales, que pasan por hacerse cargo de estas carreteras de peaje al activarse, a petición de las empresas, la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). Una cláusula que supondrá el desembolso de hasta 5.500 millones de euros que tendrá que afrontar el próximo Ejecutivo que salga de las elecciones del 26-J.