La Generalitat reserva 300 millones de euros ante el negro futuro del caso ATLL

La Generalitat ya ha hecho una reserva de caja de 300 millones por si ha de hacer frente a la retrotracción del proceso privatizador de Aigües del Ter Llobregat (ATLL), según han confirmado fuentes cercanas a la administración catalana.

Esta información coincide con la judicialización del caso, que se complica todavía más después de que el Consell Executiu de la Generalitat decidiera ayer elevarlo al Tribunal Supremo, según avanzó el conseller de la Presidencia, Francesc Homs.

La necesidad de acudir al Supremo con un recurso de casación se debe a los reveses que ha recibido la Generalitat en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde todos los fallos le han sido contrarios. Acciona también ha anunciado que piensa recurrir al Supremo, ya que esta constructora, junto con el banco brasileño BTG Pactual, son los principales beneficiarios de la adjudicación de la ATLL tal y como está ahora. En cambio, Agbar que lideraba el consorcio rival, fue la perjudicada. Fuentes de la conselleria de Economía no han querido hacer comentarios sobre esta reserva de tesorería.

Técnicamente se trata de una reserva de caja porque no puede ser una provisión, ya que la administración catalana no decidirá si elaborará los Presupuestos del 2013 hasta la semana que viene, una vez que se sepa el objetivo de déficit que le impondrá el Ministerio de Hacienda.

En todo caso, el hecho de que la Generalitat tenga apartados 300 millones de euros por si hay que hacer marcha atrás en la privatización de ATLL resulta significativo sobre los riesgos que tiene esta estrategia legal. Lo peor sería que el Supremo no admitiese a trámite los recursos de Acciona y la administración catalana, ya que hay una cierta tradición del alto tribunal de no entrar en cuestiones autonómicas.

Resolución ejecutiva

Desde Agbar se entiende que la sentencia es ejecutiva en cualquier caso y que el TSJC ha dictado anular el concurso de privatización de la ATLL. Por lo tanto, sólo habría dos opciones: o se le otorga a Agbar o se anula y se convoca otro concurso. Agbar está incluso dispuesta a llevar el caso a la justicia europea, en caso de que la Generalitat siga dilatando la retrotracción de la adjudicación.

Para la Generalitat, en cambio, las sentencias del TSJC y el mandato propio organismo catalán que regula la contratación pública, el OARCC, no son de obligado cumplimiento hasta que el Tribunal Supremo falle sobre la cuestión. Si aceptase el recurso, podría tardar una media de dos años en pronunciarse. En la práctica no tiene límite legal para ello. Y a más tardase, más tiempo tardaría la Generalitat en tener que hacer frente a su responsabilidad, en caso de un fallo contrario.

Daños y perjuicios

La reserva de 300 millones intenta cubrir los 298 millones que abonaron Acciona y BTG Pactual en el primer pago de la privatización. Sin embargo, esta partida no incluye los daños y perjuicios que Acciona ya se apresuró a anunciar que exigiría a la Generalitat en caso de que hubiera marcha atrás en la operación, la privatización más importante que ha llevado a cabo la administración catalana.