Cataluña devolverá 300 millones a Acciona si se rompe el contrato del ATLL

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha asegurado hoy que la Generalitat de Cataluña se ha comprometido mediante una carta a devolver a la compañía los 300 millones de euros que ha entregado en el supuesto de que el grupo perdiese la concesión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

Durante su intervención en la Junta General de Accionistas, Entrecanales ha señalado que en la carta recibida hoy por Acciona, la Generalitat se ha comprometido también a posibilitar la financiación del proyecto con el sindicato de bancos con el que la compañía está negociando.

Asimismo, ha indicado que Acciona opera actualmente la planta sin incidencias, conforme al plan y con algunas "pequeñas sorpresas positivas".

Esta situación, que califica de estable, no preocupa a la compañía "más allá" y continuará mientras no haya sentencia firme que resuelva el litigio que se dirime sobre la adjudicación de este servicio de agua al consorcio en el que participa Acciona.

Una vez que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y en caso de recurso posterior, será el Tribunal Supremo el que ponga fin a este conflicto, lo que podría extender la solución definitiva 3, 4 u 8 años, ha confirmado.

El contrato de abastecimiento de agua Ter-Llobregat fue adjudicado por la Generalitat de Cataluña el 6 de noviembre de 2012 a favor del consorcio ATLL (liderado por AccionaAgua y BTG Pactual), y se firmó finalmente el 27 de septiembre después de que las empresas ganadoras desembolsasen 298,6 millones como primer pago del canon concesional del contrato.

La Generalitat catalana presentó recientemente un recurso contra la decisión del TSJC de tumbar la adjudicación de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona.

Este recurso de reposición se ha presentado después de que este mismo tribunal confirmara la obligación de ejecutar, hasta que se resuelva el litigio judicial, la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), adscrito a la propia Generalitat y que anuló la adjudicación del servicio a Acciona.