Acuerdo pleno PP-PSOE en la ley de seguridad nacional frente al desafío de Mas

Apoyo total del PSOE, incluso con refuerzo, al proyecto de ley seguridad nacional del Gobierno que tramita el Congreso con nuevas vías legales y operativas para garantizar la defensa de España y sus ciudadanos además de frenar desafíos a la Constitución como el de Artur Mas. Los socialistas comparten los principios del texto, como las competencias plenas para el jefe del Ejecutivo a la hora de declarar las situaciones de crisis y poner a sus órdenes todos los medios materiales y humanos de todas las administraciones (incluida la autonómica), y sólo han propuesto “mejoras técnicas”.

El Gobierno y el principal partido de la oposición, a través de sus respectivos grupos parlamentarios, han acordado cerrar la próxima semana su segundo gran acuerdo de la legislatura después de firmar el pacto contra el terrorismo yihadista: la ley de seguridad nacional. En fuentes del Grupo Popular confirman su disposición a aceptar el grueso de las 32 enmiendas presentadas por los socialistas, ninguna de fondo y sí de forma.

El texto se garantiza así pasar el trámite de la Comisión Constitucional la próxima semana y encaminarse hacia el Senado con el apoyo del 80 por ciento de la Cámara frente a la oposición de los partidos nacionalistas. En septiembre, antes de los comicios “plebiscitarios” de Mas y Junqueras, estará en el BOE.

El Grupo Socialista propone ampliar incluso la acción del Estado en la materia para añadir la protección de los derechos “como uno de los objetivos de la seguridad nacional, toda vez que la garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía constituye el fin primero de todo Estado”. El artículo 3 ya recogía como objetivos “la libertad y bienestar de los ciudadanos, la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”.

En el resto de las enmiendas, los socialistas proponen introducir mejoras de tipo técnico que no afectan a la esencia del proyecto: el presidente del Gobierno determina y dirige la política de seguridad nacional, declara la “situación de interés para la Seguridad Nacional” y tiene plenos poderes para poner bajo su mando, vía decreto ley, los recursos humanos y materiales (tanto públicos como privados), que necesite para hacer frente a las situaciones de crisis.

La fórmula diseñada y la superior jerarquía del jefe del Ejecutivo valen para todas las amenazas a esa seguridad nacional, desde los ataques al bienestar, la libertad y los derechos de los ciudadanos, o los ataques al marco constitucional. La ley incluye los supuestos de reacción del Estado en materia de ciberseguridad o bioterrorismo, hasta las posibles maniobras contra el ordenamiento legal como reconocen, en tono de protesta, los portavoces nacionalistas.

Convergencia y ERC admiten que, con la ley ahora en trámite, el Gobierno podría haber impedido el simulacro de consulta independentista del 9-N

Convergencia y ERC admiten que, con la ley ahora en trámite, el Gobierno podría haber impedido el simulacro de consulta independentista del pasado mes de noviembre en Cataluña, celebrada pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. Y a partir del 27-S contra nuevas operaciones secesionistas al ir contra la ley, las libertades y los derechos de los ciudadanos. Declarada la situación de interés para la seguridad nacional, el Gobierno estaría facultado para dar órdenes directas a los funcionarios de la Generalitat. Y sin necesidad de declarar el estado de alarma o excepción o aplicar el artículo 155 de la Constitución para, con votación previa en el Senado, intervenir las competencias del gobierno autonómico.

Si el PSOE apoya el principio de que el presidente del Gobierno debe tener plenos poderes en caso de amenaza para la seguridad nacional y que los medios y personal de las administraciones autonómicas deben quedar bajo su mando, los nacionalistas defienden lo contrario: que tiene que haber “mecanismos de participación” de los ejecutivos regionales. Citan en especial el caso de los gobiernos catalán y vasco por tener policías propias.

ERC, por vía de su diputado Joan Tardá, es el más claro sobre los propósitos secesionistas de su formación al exigir que la ley no sea aplicable “como respuesta a las decisiones tomadas por los parlamentos autonómicos”.