Los beneficiarios de la amnistía fiscal contraatacan: revisarla es inconstitucional

La revisión de la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno del PP ha sido la exigencia estrella de Ciudadanos para alcanzar un acuerdo de investidura de Mariano Rajoy. Algo que ha dejado perplejos a los asesores fiscales y ha sembrado la inquietud entre los que se acogieron a esta medida de gracia. Pasado el primero 'shock', llega el contraataque: los mejores asesores fiscales -los que tienen como clientes a los defraudadores amnistiados- defenderán que hacer pagar más ahora a los que se apuntaron a la amnistía es inconstitucional. De hecho, algunas fuentes sostienen que el PP ha aceptado este acuerdo porque sabe que el Tribunal Constitucional lo va a tumbar.

La imposición de Ciudadanos responde a una vieja reclamación de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que desde el principio consideró ilegal la amnistía ta como la planteó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y consiste en el compromiso de recuperar los 2.800 millones que, según el partido de Albert Rivera, el Ejecutivo "perdonó" a los acogidos a esta regularización extraordinaria para poder destinarlo a planes de educación, empleo, pobreza y otras materias. Esta cifra sería la que se habría ingresado si los amnistiados hubieran pagado la tarifa del 10% sobre el patrimonio regularizado, tal como contemplaba la medida. En vez de eso, se recaudaron apenas 1.200 millones. Entre los que presentaron esta declaración, se encuentran muchos de los implicados en los papeles de Panamá, así como nombres tan conocidos como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, la esposa de Arias Cañete o Francisco Granados.

El desfase proviene de cómo se ejecutó la regularización extraordinaria de 2012. En teoría, permitía regularizar el dinero negro, tanto el que estaba en España como oculto en paraísos fiscales, pagando simplemente un 10% del patrimonio defraudado. Pero las ganancias anteriores a 2008 se consideraban prescritas, ya que una respuesta vinculante de la Dirección General de Tributos dictaminó que se aplicaba la norma general tributaria de que las irregularidades prescriben a los cuatro años, lo que permitió que el coste real fuera mucho menor: en torno al 3%, según algunas estimaciones. Incluso se dieron casos en que el defraudador no solo no tenía que pagar nada por regularizar el dinero negro, sino que incluso le salía 'a devolver', como informó en su día El Confidencial: es decir, generaba una base imponible negativa que le permitiría reducir su factura fiscal en el futuro.

Esto se explica porque, si los activos ocultos eran anteriores a 2008, el que presentara esta declaración solo debía pagar por la rentabilidad que hubiera generado en los años posteriores. Y como, tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de ese año, los mercados habían sufrido la mayor crisis desde la Gran Depresión de los años treinta, era bastante fácil que esa rentabilidad fuera negativa, es decir, que los activos en que estaba invertido ese patrimonio hubieran sufrido pérdidas. En consecuencia, se podía hacer una declaración complementaria de esos ejercicios para aplicar dicha minusvalía y podía salir a devolver. Además, los que se acogieran a esta regularización no podían ser objeto de inspección ni tampoco podían ser acusados de delito fiscal.

Los asesores fiscales, en pie de guerra

Ahora, Ciudadanos pretende revisar esta situación y ha exigido al PP imponer el gravamen efectivo del 10% a todo el patrimonio regularizado, independientemente de su año de origen. Lo cual, como es de suponer, ha sembrado la inquietud entre el nutrido grupo de defraudadores que se acogió a la regularización de 2012, y ha puesto en pie de guerra a los asesores fiscales que les recomendaron hacerlo, que ahora quedan cuestionados. De ahí que hayan decidido pasar a la ofensiva.

Y esta ofensiva se basa en la seguridad jurídica: los que acudieron a la amnistía pagaron lo que se les dijo entonces que debían pagar; si entonces se les hubiera dicho que no se aplicaba la prescripción, muchos no habrían regularizado. En ese punto, el Gobierno de Rajoy cayó en su propia trampa: al regular la amnistía mediante una orden ministerial y no una ley, no podía oponerse a las normas de mayor rango, como el Código Penal. Por tanto, en este caso, los abogados tenían la ley de su parte y la citada dirección general no podía negarles la razón: tuvo que asumir la tesis de la prescripción y aceptar que no se pagara nada por el dinero cuyo origen pudiera demostrarse que era anterior. Es más, en algunos casos incluso la Agencia Tributaria ha podido realizar comprobaciones posteriores.

Visos de inconstitucionalidad

Su argumento llega incluso a plantear la más que probable inconstitucionalidad de la medida pactada con Ciudadanos, ya que se opondría al artículo 9.3 de la Carta Magna: "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". Según esta línea de defensa, se estaría generando inseguridad jurídica y aplicando de forma retroactiva una sanción negativa.

De hecho, algunas fuentes del ámbito fiscal sostienen que el PP ha aceptado la exigencia de Rivera porque "le va a salir gratis", ya que es consciente de que el Tribunal Constitucional va a dar la razón a los afectados y que, por tanto, al final no va a tener que aplicar el famoso 10% a todo el patrimonio. Con lo cual el 'statu quo' actual se mantendrá sin cambios. Pero, mientras tanto, Rajoy contará con los votos de Ciudadanos para su investidura.