Así se financia el terrorismo yihadista: una macabra industria

El fundamentalismo islamista no le hace ascos al dinero. Al contrario. Su vasto territorio, donde viven alrededor de ocho millones de sirios e iraquíes, le permite funcionar con las estructuras administrativas de un Estado: recauda impuestos y vende petróleo, joyas u obras de arte. Además de traficar de la manera más repugnante con personas. Incluso ha creado una red de asistencia social con el botín de guerra conquistado.

Como sostiene Howard J. Shatz, uno de los mayores expertos en la financiación del terrorismo, al fin y al cabo, el Estado Islámico tiene que pagar facturas, aunque sean de guerra, y tiene bocas que alimentar. Además de pagar mensualmente a sus 27.000 milicianos, abona salarios regulares a los miembros de cada familia en función de su tamaño, y hasta se ha comprometido a mantener los pagos si muere el terrorista, se inmola o es capturado.

Todo es tan macabro que su aparato de propaganda, incluso, ha publicado al menos dos veces una especie de Memoria anual de más de 400 páginas donde se da cuenta de sus fechorías. Una especie de hoja de cálculo del terrorismo en formato Excel. Los servicios de inteligencia británicos, citados por 'The Guardian', han calculado que tras la toma de Mosul (al norte de Irak), los yihadistas pueden estar manejando más de 2.300 millones de dólares.

Se trata, por lo tanto, de una verdadera industria del crimen levantada, en ocasiones, mediante el saqueo de las cajas de seguridad de los bancos ubicados en las ciudades conquistadas. Tan solo en Mosul, la segunda ciudad de Irak, se incautaron de unos 430 millones de dólares. Y es que los canales utilizados para captar sus recursos son muy conocidos por la comunidad internacional.

El punto cuarto de la última oferta realizada por Rusia sobre el futuro político de Siria habla, específicamente, de bloquear el comercio ilegal de petróleo extraído de los pozos controlados por los terroristas y distribuido mediante camiones-cisterna perfectamente identificables por drones en un territorio plano como la palma de una mano.

No es ningún gran descubrimiento. La resolución 2.199 de Naciones Unidas, suscrita por el Consejo de Seguridad el pasado 12 de febrero, ya advertía sobre la existencia de “yacimientos petrolíferos e infraestructuras conexas, además de otras infraestructuras como presas y centrales eléctricas”, que controlan tanto el autodenominado Estado Islámico como las ramas de Al-Qaeda y afines en la zona. En total, alrededor de una docena de pozos, según la ONG Corporación Rand, la institución que mejor ha estudiado las finanzas del Estado Islámico (EI) junto a algunas universidades estadounidenses. El contrabando de metales preciosos, como el oro, la plata, el cobre, los diamantes y otros activos, también está en el punto de mira de Naciones Unidas. Y, por supuesto, la extorsión.

Donaciones privadas

La resolución 2.199 recuerda que el “pago de rescates” a grupos terroristas es una de las fuentes de ingresos, y que “apoya sus actividades de reclutamiento, refuerza su capacidad operacional para organizar y cometer atentados terroristas e incentiva futuros casos de secuestro para obtener rescate”. La ONU advertía de que ese contrabando “está generando una parte importante de los ingresos de esos grupos, junto con donaciones privadas procedentes del exterior, extorsión, rescates de secuestros y dinero robado del territorio bajo su control, que sirven para apoyar sus actividades de reclutamiento y reforzar su capacidad operacional para organizar y llevar a cabo atentados terroristas”.

No es un negocio pequeño. Fuentes citadas por CNN estimaron unos ingresos de unos dos millones de dólares diarios por venta de petróleo. Los terroristas, incluso, utilizan refinerías móviles para tratar el crudo. El petróleo se expande vía Irán, Jordania y, sobre todo, la frontera turca para uso doméstico.

Como han asegurado algunos expertos que han estudiado a fondo la financiación terrorista, una de las características del EI es que busca la autofinanciación. Tan solo el 5% de sus recursos procedería de fuentes externas (donaciones yihadistas). En particular, procedentes de países como Qatar, Kuwait o Arabia Saudí, a quienes de forma frecuente se relaciona como países aliados frente a la influencia de Irán.

Sin embargo, según Howard J. Shatz, investigador de Rand, “hay poco evidencia” de grandes aportaciones económicas de los países del Golfo. Otra cosa muy distinta son las labores de adoctrinamiento o la cobertura política, diplomática o, incluso, militar. O su papel en la creación del ISIS cuando los terroristas se presentaban ante el mundo como el brazo de contención suní frente a la expansión chií en Irak tras el desmantelamiento del ejército de Sadam Husein. Qatar, de hecho, ha apoyado militarmente a los yihadistas en la zona oriental de Libia.

Cientos de documentos capturados por las fuerzas estadounidenses e iraquíes desde 2005, y desclasificados recientemente, han confirmado que el ISIS nunca ha dependido de los clientes extranjeros para su financiación. En particular desde que Abu Bakr al Baghdadi alcanzó el poder en 2010, algo que dificulta su estrangulamiento financiero, al contrario de lo que sucedía con Al-Qaeda, muy dependiente del exterior.

En marzo, el subsecretario de la unidad sobre Terrorismo del Tesoro de EEUU, David Cohen, se quejaba de la “legislación permisiva” de Qatar y otros estados del Golfo, que posibilita a diversas organizaciones supuestamente caritativas y a donantes privados enviar su dinero a grupos terroristas. Sin embargo, y pese a que los occidentales saben de la situación, “su respuesta general ha sido encogerse de hombros” y apenas hacer nada, en palabras de un informe de la Brookings Institution de EEUU.

Macabra financiación

La macabra financiación del terrorismo es, en todo caso, muy compleja y difícil de controlar si no se hace sobre el terreno. La propia ONU advierte en sus resoluciones su preocupación por el hecho de que los vehículos de transporte, incluidos aeronaves, automóviles, vehículos de carga y buques petroleros, que tienen su origen o destino en zonas de Siria y el Irak donde operan el Estado Islámico o el Frente Al-Nusra, la franquicia de Al-Qaeda en la zona, puedan utilizarse para la transferencia “no solo de petróleo o metales preciosos, sino también de cereales, ganado, maquinaria, productos electrónicos y cigarrillos que posteriormente se venden en los mercados internacionales para canjearlos por armas”.

Sin olvidar el comercio de obras de arte, pasto de una diabólica decisión: ante la posibilidad de su destrucción, los precios a pagar por los coleccionistas se disparan. Tesoros de la humanidad, como las ruinas de Palmira, forman parte, en este sentido, del chantaje de los grupos terroristas. En palabras de Naciones Unidas, ese comercio está generando ingresos al participar directa o indirectamente en el “saqueo y contrabando de artículos del patrimonio cultural de los sitios arqueológicos, museos, bibliotecas o archivos” en Irak y Siria.

La toxicidad del Estado Islámico es tan grande que afecta hasta a los territorios que no ha podido controlar. Y de hecho, se da la circunstanciade que el Gobierno kurdo de Irak no está pudiendo pagar a las compañías que explotan los yacimientos de Shaikan -el más grande del Kurdistán iraquí- debido a que no tiene dinero, toda vez que está gastando sus recursos en la lucha contra el Daesh, lo cual se hace más oneroso habida cuenta del desplome de los precios del petróleo. Y no hay que olvidar que la región del Kurdistán iraquí exportó 595.528 barriles en octubre, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por Gulf News, lo que supone uno de cada cinco barriles exportados por Irak el mes pasado.

Ese estado de cosas puede provocar algo indeseable. Que los productores de crudo se echen en manos de los terroristas para vender su crudo, aunque sea con enormes descuentos, para que estos lo revendan o cobren comisiones por permitir el transporte. Muchas de esas compañías cotizan en bolsa y necesitan recursos para pagar a sus proveedores y a sus plantillas. En el caso de Gulf Keystone, por ejemplo, tiene que pagar en 2017 dos bonos, por valor de 325 millones y 250 millones, respectivamente.Todo vale en tiempos de guerra para lograr liquidez.