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Hacienda se guardó un as en la manga para ‘cazar’ a quienes se acogieron a la amnistía
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TRIBUTOS AUTORIZÓ LA UTILIZACIÓN DE DATOS FISCALES

Hacienda se guardó un as en la manga para ‘cazar’ a quienes se acogieron a la amnistía

La amnistía fiscal tenía 'gato encerrado'. Una instrucción de la dirección general de Tributos autorizó a Hacienda a utilizar los datos aportados por quienes se acogieron a la regularización

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/Angel Díaz
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/Angel Díaz

La regularización fiscal aprobada por el Gobierno en marzo de 2012 tenía ‘trampa’. O una bomba de relojería, como se prefiera, que es ahora, precisamente, la que le ha estallado al exvicepresidente Rodrigo Rato con efectos retardados.

La amnistía, como se sabe, exoneraba de responsabilidad penal a quienes hubieran defraudado a Hacienda a cambio de un recargo, pero una instrucción de la dirección general de Tributos emitida el 27 de junio de ese año, apenas tres meses después de la publicación de la norma, en la práctica vaciaba de contenido esa amnistía.

La instrucción de Hacienda, en concreto, aclaraba que si la Agencia Tributaria en el transcurso de una investigación rutinaria sobre un contribuyente que se hubiera acogido a la regularización –sin tener nada que ver con esta– encontraba alguna irregularidad posterior (aunque fuera de carácter informativo), podría realizar la comprobación tributaria utilizando, precisamente, la información proporcionada por la declaración tributaria especial.

Es decir, que cualquier inspección sobrevenida –incluso mediante un simple procedimiento de comprobación– podría entrar de lleno en el contenido de la declaración del modelo 750, que es el que han utilizado los casi 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía.

Esta instrucción –dictada para resolver los múltiples problemas de interpretación que tenía la norma– nada tiene que ver con la posterior modificación del Código Penal, cuyo artículo 305 dejaba meridianamente claro que “la regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades”.

Hacienda, sin embargo, se guardó en la manga la posibilidad de utilizar esa información a efectos de comprobación, y eso es, precisamente, lo que ha destapado la situación fiscal de Rato. La información suministrada por el modelo 750 –que se suponía que no podría utilizarse para perseguir conductas ilícitas– sí ha servido a efectos de comprobación posterior, y eso es, precisamente, lo que le ha llevado a sus actuales problemas con la Hacienda pública.

Cuando los inspectores observaron hace alrededor de un año abiertas discrepancias entre las distintas declaraciones, pusieron en marcha la maquinaria administrativa que condujo a la detención durante unas horas de Rato.

Investigación “aislada”

La Agencia Tributaria, según esa instrucción del propio Ministerio, tan sólo se comprometía a no comprobar “de forma aislada” la información que pudiera suministrar el modelo 750. Y el argumento que dio en su día Tributos era que, aunque se tratara de una declaración de naturaleza tributaria, no se presentaba en cumplimiento de una obligación fiscal “ni tan siquiera de carácter informativo”. Otra cosa bien distinta, sin embargo, es que se pudiera utilizar “al efecto de verificar el ajuste a la realidad de lo en ella manifestado”. Por lo tanto, el modelo 750 se podría utilizar en contra del propio interesado, como así ha sucedido.

Hacienda, además, se guardó otro as en la manga que al final ha operado contra el exvicepresidente del Gobierno. El nuevo modelo 720 –complementario al 750– se diseñó para que los contribuyentes declararan de forma ‘informativa’, aunque tuviera carácter obligatorio, los bienes que poseyeran en el extranjero por valor superior a los 50.000 euros. Y esa información es la que le ha servido a la Agencia Tributaria para comprobar la coherencia de las distintas declaraciones de Rodrigo Rato. Según los datos de Hacienda, 131.411 contribuyentes presentaron dicha declaración en el ejercicio correspondiente a 2012. Entre ellos, el antiguo ministro de Economía.

Rato podría no haber declarado sus bienes en el extranjero, pero el incumplimiento de la obligación de informar conlleva graves consecuencias, y, sobre todo, la pérdida de la prescripción fiscal. Es decir, que necesariamente tenía que ‘desnudarse’ ante Hacienda dos veces, y cualquier contradicción podría operar en su contra, como así ha sido. La dirección general de Tributos lo dejó bien claro en las dos instrucciones que hizo circular en 2012. Una con fecha 27 de junio y la otra el 11 de octubre.

La regularización fiscal aprobada por el Gobierno en marzo de 2012 tenía ‘trampa’. O una bomba de relojería, como se prefiera, que es ahora, precisamente, la que le ha estallado al exvicepresidente Rodrigo Rato con efectos retardados.

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