Báñez acusa a los 'parados rebeldes' de tratar de cobrar la pensión máxima dos años antes

El Ministerio de Empleo contraatacó ayer a las denuncias de los parados mayores de 55 años que verán retrasada su jubilación de 61 a 63 años. El departamento de Fátima Báñez asegura que no ha habido ningún cambio de criterio y que estos afectados pretenden garantizarse la pensión máxima (unos 2.500 euros mensuales) dos años antes de lo establecido por la ley. Añade que muchos de ellos son exdirectivos y empleados con sueldos altos, y que el supuesto drama no supone más que ver reducida esa pensión en 100 o 200 euros.

Como explicó ayer El Confidencial, la Seguridad Social ha cambiado de repente el criterio que aplicaba a los parados mayores de 55 años que se habían quedado sin prestación y seguían pagando de su bolsillo a la Seguridad Social para que el período en el paro no disminuyera su pensión, a cambio de jubilarse a los 61 años. Ahora les está denegando esta posibilidad, con lo que tendrán que seguir contribuyendo y sin acceder a la pensión hasta los 63 años, pese a que sólo cobran un subsidio de 426 euros mensuales.

En la última reforma de las pensiones, adoptada por el Gobierno del PP en 2013, se permitió que quienes hubieran perdido su empleo antes de abril de ese año se acogieran a los requisitos para jubilarse de la normativa anterior a 2011, con lo que podían completar sus cotizaciones en lo que se denomina "convenio especial" con sus ahorros para mejorar su pensión y acceder a la jubilación a los 61 años. De hecho, los proipios funcionarios de la Seguridad Social les ofrecían esta fórmula como la mejor solución. Pero un cambio de criterio adoptado en junio y ratificado en agosto aplaza este momento hasta los 63.

Los afectados se presentan con un perfil muy similar: personas que llevaban cotizando más de 40 años y que son despedidos con más de 55, edad con la que es prácticamente imposible recolocarse. Dado que el período en el paro les bajaría la cuantía de su pensión después de tantos años, se acogieron a esta fórmula para mantener su poder adquisitivo al retirarse, y estas aportaciones salían de la prestación de desempleo y del finiquito. Según sus testimonios, la cotización se sitúa en unos 1.000 euros al mes como media.

Todos ellos habían hecho sus cálculos para poder mantener este sistema hasta los 61 años y, al tener que prolongarlo durante dos años más, se encuentran ante un serio apuro económico. Sumando lo que deben aportar y la pensión que van a dejar de percibir, muchos de ellos cifran el perjuicio en torno a 80.000 euros. Lo que más les duele es que se hayan "cambiado las normas a mitad del partido", ya que, de haberlo sabido desde el principio, no se habrían embarcado en estos convenios. Además, se llega al absurdo de que quienes cumplieran años antes del 15 de junio se han podido jubilar con 61 años, mientras que quienes los cumplan después no podrán hacerlo.

Empleo niega que se trate de casos dramáticos

Sin embargo, desde el Ministerio se desmonta casi toda esta versión, aunque "desde el máximo respeto" a los afectados. Para empezar, sus portavoces aseguran que se trata de directivos o empleados de categorías altas que, por sus bases de cotización, tenían derecho a la pensión máxima (2.500 euros frnete a los 1.000 en que se encuentra la pensión media). Es decir, que lo que pretenden con este sistema es garantizarse la pensión máxima. En segundo lugar, en la mayoría de los casos esta fórmula se incluía en la indemnización por despido, es decir, la empresa es la que paga realmente este convenio especial, no el empleado. Es más, aquellos que han sido despedidos en un ERE o de empresas en concurso no están afectados.

El departamento de Báñez va más allá al dementir que el retraso de dos años suponga ningún drama para estas personas: nadie les obliga a seguir pagando el convenio especial mientras que sí seguirán cobrando el subsidio hasta que se jubilen, y las cantidades que han aportado en los últimos años se les 'guardan'. Eso significa que su pensión va a subir de todas formas aunque no sigan contribuyendo, y que el mayor perjuicio será que pierdan 100 ó 200 euros al mes cuando se jubilen.

Empleo ha sostenido desde el principio de la polémica que no ha habido ningún cambio, sino que han detectado que algunas demarcaciones (no especifica cuáles) estaban respondiendo a los afectados que podían jubilarse a los 61, y lo que ha hecho es establecer como criterio general el de los 63, que es el correcto. Por esa razón, rechaza que vaya a dar marcha atrás pese al escaso ahorro que supone esta situación, siempre según su versión. "De lo que se trata es de evitar agravios con otras personas que no han podido acogerse a este beneficio", explica un portavoz.