Gobierno y eléctricas pagan la 'guerra del kilovatio' con el bolsillo del consumidor

Martes, 4 de diciembre. El Ministerio de Hacienda, en la madrileña calle Alcalá, acoge a unos invitados de excepción. Los Borja Prado (Endesa), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) o Salvador Gabarró (Gas Natural), entre otros popes del sector eléctrico, visitan al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. No están contentos con él. Acaba de anunciar que los Presupuestos Generales del Estado no asumirán los 3.600 millones prometidos para sanear el sistema eléctrico. El déficit público es lo primero y se cargarán sobre las cuentas de las compañías, que –según él– pueden asumirlo. El dueño de la caja, pese a las advertencias de que eso supondrá una subida de luz, se muestra firme. “Es un hombre sin hipotecas, que no está dispuesto a tragar por según qué intereses”, se insiste desde su entorno.

El encuentro no dura mucho y el mensaje que transmiten unos y otros a su conclusión es escueto y contundente: “Hay bandera blanca. El Gobierno da aval del Estado a las empresas para que titulicen la deuda. A cambio, estas retiran las demandas a la última orden de tarifas”. A priori, todos contentos. Montoro gana. El objetivo de déficit público impuesto por Bruselas queda intacto. Las eléctricas, también. No tienen que soportar esa carga en sus balances. ¿Es que nadie paga? Nada es gratis, terminará llegando a la tarifa, pero el Ejecutivo consigue con ese pacto diferir el abono en cómodos plazos, evaporar la subida y jugar con los tiempos. Al final, si algo ha quedado probado en los últimos años es que el recibo de la luz es política, con populares y socialistas.

Hasta ayer, cuando el ministro de Industria, José Manuel Soria, en apariencia siempre dispuesto a inmolarse ante la opinión pública, escenificó el impacto del acuerdo, lo cuantificó y, de paso, puso sobre la mesa en toda su crudeza el efecto que tendrá en los hogares el pacto entre bambalinas alcanzado por Gobierno y eléctricas. No pudo ser más claro. El Ejecutivo subirá en enero los peajes del recibo de la luz para compensar el déficit de tarifa de 3.600 millones que se generará en 2013. Esos peajes, que constituyen más de la mitad del recibo de a luz,se incrementarán el 1,3% cada mes de enero en los próximos 15 años, el periodo en que las eléctricas han planteado titulizar esa nueva deuda, un alza que se corresponde con la necesidad de absorber un coste adicional de 300 millones por ejercicio.

¿A quién beneficia un anuncio tan explícito de que los consumidores son los que pierden? A las eléctricas no les perjudica. Sometidas a un notable nivel de incertidumbre –con impacto evidente en cotizaciones y rating–, ven clarificado cómo se cobrará esa deuda titulizada. Ayer mismo, JP Morgan advertía que las noticias del sector iban a estar “dominadas por el déficit de tarifa en el futuro próximo”, lo que sugiere “cautela en el corto plazo, ya que el déficit tarifario del gas va a seguir generando problemas en los resultados y la incertidumbre en cuanto al déficit de tarifa de la electricidad seguirá justificando unas mayores primas de riesgo de las acciones”. En román paladino, cualquier aparente certeza sobre el futuro dulcifica su delicada posición en los mercados.

Pero, sobre todo, la decisión demuestra quién manda de verdad. Y no es ni siquiera Montoro. Soria, que había asegurado hasta la saciedad que no tocaría la parte regulada de la tarifa, se desdijo apenas horas después de que la troika comunitaria pusiera el déficit de tarifa en lugar privilegiado de su escala de preocupaciones sobre España. En su última revisión del escenario económico nacional, hecha pública el pasado lunes, los hombres de negro insisten en la necesidad de acotar los desequilibrios de ingresos y gastos en el sistema eléctrico, certificando que se trata de una de las cinco reformas claves aún pendientes. Un nivel de tutela del que no se duda, pero que no es accesorio subrayar cuando se escenifica. El anuncio aclara a la Comisión, el BCE y el FMI cómo se paga la enésima fiesta del sector eléctrico.

Nadie mueve ficha

Todo con la confianza entre unos y otros bajo mínimos. De hecho, pese al acuerdo alcanzado con Hacienda, las eléctricas niegan la mayor sotto voce y aún no han retirado los citados recursos presentados ante el Supremo para frenar la orden de tarifas de agosto. “Están interpuestos –aseguraba el presidente de la patronal eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, en un almuerzo con periodistas hace apenas días–. Es difícil que se hayan retirado cuando el aval todavía no se nos ha dado”. Fuentes de una compañía certificaban ayer que no se ha movido ficha en ese sentido, aunque subrayaban que había buena voluntad para el diálogo y grupos de trabajo montados en esa línea. El consenso general es que el acuerdo es de mínimos y que, ante la montaña rusa en que vive el sector eléctrico, mejor no precipitarse.

El recibo de la luz ha subido un 63% entre 2003 y 2012. Desde entonces y hasta la fecha actual, lo ha hecho un 8%, según datos difundidos por el propio ministro de Industria a mediados de septiembre. La subida es más elocuente si se tiene en cuenta queun hogar medio pagaba de luz 360 euros al año y ahora desembolsa 615. Esto es, la devaluación interna que tanto ha afectado a los salarios no se ha visto compensada en la electricidad. No obstante, la puesta en marcha del perverso modelo del déficit de tarifa, por el que no se pagan los costes reales de la energía, data del año 2001. Con el PP en el poder. La nueva subida en ciernes –si la subasta del próximo jueves no lo impide– marcará la cuesta de enero del año de los brotes verdes. Este Gobierno sí que sabe cómo apuntalar un mensaje.