Soria teme que Montoro 'cuele' un impuesto de carburantes en medio de la reforma energética

El Gobierno ha intentado tranquilizar a la opinión pública con la garantía de que no subirá ni el IRPF ni el IVA, pero no ha precisado nada sobre el resto de figuras tributarias. Mariano Rajoy sabe mejor que nadie las piruetas que tiene que hacer Cristóbal Montoro para ajustar las cuentas públicas y demostrar seriedad en los objetivos de consolidación presupuestaria. Ante las presiones de la Unión Europea, el ministro de Hacienda se plantea dar una nueva vuelta de tuerca a la presión fiscal con el socorrido recurso al sector energético donde todavía existe margen para una subida, más pronto que tarde, del impuesto de hidrocarburos.

En el Ministerio de Industria ya saben cómo se las gastan los responsables directos de la Hacienda Pública, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, lleva varios días con la guardia alta a la espera del zarpazo de Montoro. Las gasolinas y los gasóleos alcanzan gravámenes en España del 49% y 42% que, así y todo, se sitúan por debajo de la media comunitaria. El Gobierno tiene, por tanto, una oportunidad para satisfacer los requisitos de Bruselas en su afán por impulsar un marco de armonización fiscal dentro de la Eurozona.

Es cierto que el ministro de Hacienda afirmó el pasado viernes que entre las subidas de impuestos medioambientales no figura, de momento, una carga adicional para los combustibles, pero nadie se atreve a asegurar que Montoro no vaya a beber de esa fuente permanente que genera el negocio de los carburantes en España. En Industria, por si acaso, prefieren colocarse la venda antes de recibir el eventual golpetazo.

Las tensiones inflacionistas que pudieran derivarse de la subida obligarían a un nuevo ejercicio de persuasión por parte del ministro de Industria ante las grandes petroleras afincadas en España. En otras palabras, José Manuel Soria deberá pedir de nuevo otro poquito de árnica a Antonio Brufau para que Repsol ajuste márgenes y colabore a contener el IPC, como ya hizo en noviembre cuando el Gobierno se disponía a actualizar el cálculo de las pensiones.

Dos meses para la gran reforma del sistema eléctrico

Para los responsables de la política energética lo peor de las intenciones de Montoro es el “momento crítico” en el que se producen. El hambre se junta con las ganas de comer porque el Ministerio de Industria tiene dos meses escasos para hacer efectiva una reestructuración del sistema eléctrico, que lógicamente provocará convulsiones en las relaciones institucionales con las grandes empresas del sector. 

Soria sabe que las eléctricas, tanto las incumbentes de toda la vida como las que han surgido al rebufo de las nuevas tecnologías renovables, van a poner el grito en el cielo en cuanto se conozcan los detalles del recorte estructural de sus negocios. Las compañías generadoras ya han advertido que un ajuste de la retribución a la distribución puede generar el consiguiente frenazo de las inversiones en detrimento del servicio a los usuarios. El ministro tendrá que hilar muy fino en sus contactos con las grandes eléctricas y lo que menos le conviene ahora es una negociación a cara de perro con Repsol para forzar una bajada de los precios de los carburantes que compense la subida del impuesto de hidrocarburos.

En el Ministerio de Industria entienden que el recorte fiscal llevado a cabo el pasado año en el mercado energético debería ser suficiente para satisfacer la voracidad del ministro de Hacienda. La verdad es que Montoro ganó de corrido la batalla política con motivo del célebre ‘impuestazo’ del 7% sobre la producción eléctrica, pero la evolución de la economía ha defraudado las previsiones de crecimiento y los recaudadores mayores del Reino tampoco encuentran nuevos caladeros tributarios con los que alimentar el erario público.