Soria crea una comisión con Repsol, Cepsa y BP para bajar el precio de la gasolina

El Ministerio de Industria se ha propuesto reducir manu militari el importe de los carburantes y las grandes petroleras no van a tener más remedio que situarse en primer tiempo de saludo ante José Manuel Soria. No se trata de negociar conceptos ni de justificar números porque la consigna oficial es muy clara y exige que las gasolinas y los gasóleos se sitúen por debajo de los niveles medios de precios que existen en la Unión Europea.

El plan diseñado por el Consejo de Ministros apunta al próximo mes de noviembre como fecha límite para rebañar los listados que marcan las estaciones de servicio en toda España. El presidente Rajoy no quiere que la escalada inflacionista complique todavía más su estrepitosa agenda de ajustes y reformas, de manera que el ministro de Industria ha tenido que desplegar su arsenal de persuasión política para invocar la solidaridad de Repsol, Cepsa y BP de acuerdo con los parámetros que establece la política económica del Gobierno.

El nuevo recorte, por una vez a favor de todos los sufridos consumidores, está siendo estudiado dentro de una comisión mixta constituida por el Ministerio de Industria con representantes de la tres grandes operadoras del sector. La tarea no es nada fácil porque el margen neto con que trabajan las petroleras es realmente escaso y no llega siquiera a los dos céntimos de euro por litro de carburante vendido.

Los combustibles de automoción representan la gallina de los huevos de oro para la Hacienda Pública, que prácticamente se queda con la mitad del precio de venta al público de cada litro de gasolina. Aproximadamente otro 39% equivale al coste de la materia prima fijado en los mercados internacionales, en tanto que un 9% corresponde a labores de logística y comercialización. A la postre, el beneficio final incluyendo la aportación de las tiendas se reduce a un 2%, con el que aparte de retribuir al accionista es necesario también financiar nuevas inversiones.

Estos datos son el contrapunto con que las petroleras radicadas en España tratan de rebatir los informes de seguimiento del mercado de los carburantes que ha elaborado  la Comisión Nacional de Competencia (CNC). El último dictamen publicado por el organismo de supervisión ha sido realmente demoledor para el sector induciendo a una cierta confusión sobre los beneficios que realmente obtienen las operadoras en su negocio de distribución. La CNC ha señalado que los márgenes de los carburantes han subido un 20% durante los tres primeros años de la crisis, entre 2007 y 2010, propiciando que el Gobierno se rasgue las vestiduras ante el efecto que este incremento produce en el coste de la vida.

Subidas de precios por impuestos y materias primas

Es cierto que tanto las gasolinas como los gasóleos han venido experimentando un alza importante coincidiendo con un momento de claro empobrecimiento del país. De hecho, el litro de gasolina ha pasado de 1,348 euros a 1,501 en el último año, lo que supone un incremento del 11.3%. Sin embargo esta evolución es producto del incremento de los impuestos que gravan el carburante y que ha sido del 11,6%, así como del mayor coste internacional de las materias primas, que han subido en este mismo periodo un 17,7%. En el caso del gasóleo A la situación es parecida, con una subida del precio de venta del 12,5% derivado de un incremento de los impuestos del 14,1% y un coste de las materias primas que ha crecido un 13,9%. La consecuencia de este desglose se traduce en una caída efectiva de los márgenes brutos destinados a pagar todos los costes comerciales, administrativos y de gestión, por lo que, al final, el margen neto queda reducido a la mínima expresión.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha denunciado a la Comisión de Competencia por un informe que, en su opinión, “ocasiona un grave daño a la reputación del sector”. La CNC ha realizado “un nuevo ejercicio sobre la base de un análisis econométrico aparentemente riguroso, pero que, en la realidad adolece de errores metodológicos graves que llevan a conclusiones totalmente inválidas”, añade la agrupación sectorial.

Sea como fuere, el Ministerio de Industria no quiere entrar en discusiones porque el tiempo apremia y el IPC se ha disparado al 3,5% en septiembre, un umbral demasiado elevado para el erario público ahora que llega el momento de actualizar las pensiones. El Gobierno necesita bajar los carburantes y las petroleras no van a llevarle la contraria. La referencia para el ajuste se ha orientado con la vista puesta en el precio antes de impuestos sobre la media comparativa de la eurozona. En esa clasificación España es el séptimo país más caro en la distribución de gasolina y el noveno en gasóleo de automoción. La bajada será, por tanto, más simbólica que efectiva y a duras penas llegará al céntimo por litro vendido. Lo suficiente para ratificar la buena voluntad de las petroleras, sofocar tensiones inflacionistas y demostrar que menos da una piedra.