Rajoy prepara la nueva pinza reformista con su vieja guardia económica de Génova

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere montar una gran pinza en torno a dos grandes normativas que deberán entrar en vigor antes del verano. La primera es la Ley de Apoyo al Emprendedor que se extiende por todos los ámbitos de la actividad económica, financiera y laboral. La segunda es la reestructuración de la administración pública como epicentro para remover tierras en la estructura del Estado y asegurar la consolidación fiscal por la vía del gasto sin necesidad de recurrir a subidas adicionales de impuestos como las que ha empezado a reclamar la troika formada por la Comisión Europea, el BCE y el FMI.

Tras abordar las dos grandes reformas sectoriales del mercado laboral y del sector financiero, la agenda reformista en 2013 se está edificando con lo que dentro de los propios ambientes de Moncloa se define como “una de cal y otra de arena”. En esta ocasión no se trata de enfrentar antagonismos sino de cimentar una estrategia que permita cumplir las promesas que nunca se le van a olvidar al elector del 20-N y satisfacer al mismo tiempo el programa de estabilidad pactado con Bruselas.

Rajoy sabe que todo lo que no haga este año será muy difícil de abordar cuando la legislatura supere el ecuador a partir de 2014. El ejercicio en curso es definitivo para superar la metamorfosis de una economía que tiene que asumir todavía una importante cura de adelgazamiento pero a la que tampoco se puede exprimir mucho más, dado el grado de agotamiento del sufrido contribuyente. Ha llegado la hora de pregonar la buena nueva y empezar también a dar algún trigo como preludio de esa cosecha que tarde o temprano producirá sus frutos. 

La misión es peliaguda porque las inclemencias del tiempo financiero siguen acechando las previsiones de crecimiento. Hace aún mucho frío en España y también en el resto del continente y por eso el jefe del Ejecutivo ha recurrido al abrigo de los que fueron su núcleo duro de oposición al desastre económico de Zapatero. El llamado grupo de Génova, encabezado por Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, ha vuelto por sus fueros para tomar los mandos en busca de un cambio de ritmo que es indispensable para salir de las turbulencias y levantar el vuelo.

Ni que decir tiene que la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda se arropan también con la inestimable colaboración del jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Álvaro Nadal, y de alguno de esos leales de viejo cuño entre los que sobresale la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Todos ellos se han confabulado para ponerle el cascabel al gato de ese monstruoso sector público, cuyo ajuste se ha cimentado sobre la piedra angular de la ley de Estabilidad Presupuestaria y las dos grandes columnas levantadas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el nuevo sistema de pago a proveedores dentro de la Administración del Estado.

La última cruzada contra la herejía del despilfarro

Montoro se ha convertido en el cobrador del frac de los manirrotos gobiernos regionales y cuenta con un arsenal variado de herramientas para atar en corto a todos los descarriados que sufran alguna tentación escapista e intenten alejarse de la senda presupuestaria trazada por Hacienda. Las excusas falaces a la hora de abordar los recortes se han terminado y con ellas las contemplaciones que tienden a propiciar la obesidad mórbida de un aparato del Estado tan costoso como ineficiente.

La tijera fiscal prolongará también el patrón de recortes en todo el sistema público de pensiones que Báñez acaba de poner en marcha con un primer ajuste de la jubilación anticipada y parcialPara evitar malos entendidos y facilitar la tarea de consolidación está también el nuevo Reglamento de Despido Colectivo que faculta la extinción de contratos con solo 20 días de indemnización en todos los ayuntamientos, comunidades autónomas y demás organismos y empresas públicas que acrediten un ajuste de gastos anual del 5%. La norma equipara la reconversión del Estado con medidas que la reforma laboral ha institucionalizado dentro del sector privado y aunque está limitada exclusivamente al personal contratado servirá también como una señal para poner a recortar las barbas dentro de la función pública.

Con todos estos ingredientes legislativos bien sazonados y después de cocinada la reciente Ley de Bases de Régimen Local la receta para los próximos meses consiste en marcar una estricta dieta a régimen en todas las Administraciones Públicas para compensar por la vía del gasto los enormes esfuerzos que ya se han abordado en materia de ingresos. La añorada reforma que coordina Jaime Pérez Renovales, en su calidad de comisionado especial designado por Soraya Sáenz de Santamaría, viene a recopilar todas estas disposiciones de nuevo cuño en lo que debe constituir la última y definitiva cruzada institucional contra la herejía secular del despilfarro. El cometido no es otro que garantizar la solvencia de una Estado del Bienestar que, financieramente y por mucho que baje la prima de riesgo, ya no se pueda aguantar.

El ajuste fino del sistema público de pensiones

La tijera fiscal prolongará también el patrón de recortes en todo el sistema público de pensiones que Fátima Báñez acaba de poner en marcha con un primer ajuste fino de la jubilación anticipada y la jubilación parcial. El Ministerio de Empleo ha intentado infructuosamente pactar estos cambios durante las últimas semanas, pero la jaula de grillos parlamentaria ha hecho imposible el acuerdo.

El Pacto de Toledo tendrá que ejercitarse con el aval de la mayoría absoluta que posee el Partido Popular en el Congreso de los Diputados porque Rajoy necesita ganar tiempo al tiempo si quiere restaurar el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. El Gobierno espera ahorrar 5.000 millones con el retraso en la edad de jubilación anticipada, tanto la forzosa como más aún la voluntaria, y el endurecimiento de la jubilación parcial que el Ministerio de Empleo considera una de las grandes bolsas de fraude consentido que todavía perduran dentro del mercado laboral en España.

Antes de que termine el primer semestre la ministra dará a conocer el denominado factor de sostenibilidad por el cual se ha de regir la actualización de las pensiones con arreglo a aspectos generales como la esperanza de vida o la situación económica del país, pero nunca jamás con la referencia única del traicionero IPC. El Gobierno necesita nadar y guardar la ropa para no defraudar más compromisos políticos y está discutiendo con Bruselas un marco de referencia que le permita salvar la cara en el Congreso de los Diputados. No en vano España se mantiene aún por debajo de la media comunitaria en la relación de gasto total de pensiones sobre PIB, lo que permite un cierto margen de garantía con los futuros beneficiarios que en los próximos años se irán incorporando por razones vegetativas al sistema público de protección social.

Y de postre, soufflé de apoyo al emprendedor

Rajoy necesita alargar de alguna manera la mano invisible de ese Estado providencia atacado por el virus implacable de la crisis. Por eso, además de afilar la cuchilla nacional de ajustes y recortes, es fundamental desempolvar la caja de bombones ofrecida en el programa electoral. A la hora del postre las reformas no pueden aliñarse exclusivamente con aceite de ricino y se necesita, al menos, algún placebo en forma de pastelito que ayude a dejar buen sabor de boca.  

Los primeros aromas del soufflé fueron esparcidos en el último Debate sobre el Estado de la Nación cuando el propio Rajoy declaró inaugurado el nuevo pantano de la que está llamada a ser la ley estrella de toda su acción política. El anteproyecto de Apoyo al Emprendedor está siendo preparado al detalle por los susodichos ministros de cabecera con el sano objetivo de saldar las cuentas pendientes con ese contribuyente que cada cuatro años se convierte en elector.

La futura normativa ofrece un surtido variado de disposiciones orientadas para hacer la vida más sencilla a las llamadas víctimas propiciatorias de la crisis; esto es, las Pymes y los trabajadores autónomos principalmente, en todos y cada uno de los ámbitos económicos de actuación. Ayudas fiscales, financieras y laborales se combinan con medidas para facilitar la creación de nuevas empresas, su incorporación a los mercados de capitales y el acceso generalizado a ese 15% del PIB que supone la contratación pública.

La estrategia de crecimiento que impulsa Rajoy representa la expresión de una buena voluntad política hacia los más desfavorecidos, pero no dejará de ser un esfuerzo posibilista a menos que el crédito vuelva a fluir por las arterias de la actividad productiva. De lo contrario, las vías para el desarrollo económico que ahora se van a despejar de ineficiencias y burocracias, seguirán dibujando la travesía por el desierto de un país que lleva demasiado tiempo a la deriva. El Gobierno sabe que no hay más cera que la que arde pero después de tanta miseria a nadie amarga un dulce. Por intentarlo que no quede y, como diría Picasso, si al final, como es de esperar, llegan las musas de la recuperación, lo importante es que España se muestre despierta y trabajando.