Hacienda será el ‘cobrador del frac’ de todas las autonomías con facturas a más de 30 días

El Ministerio de Hacienda reformará la ley de financiación autonómica para asegurar el pago a proveedores a un máximo de 30 días dentro de la Administración del Estado. Este plazo es el mismo que fue establecido en la ley de morosidad impulsada por el Partido Popular con el respaldo del grupo catalán de CiU durante el último año del Gobierno Zapatero. La lucha contra la morosidad dentro del sector público va a constituir un resorte básico para el Estado a la hora de consolidar un marco de control y gestión que integre las finanzas de todas las comunidades autónomas.

La ley 15/2010 de 5 de julio ha supuesto una verdadera revolución en las relaciones comerciales de las grandes compañías con sus proveedores. La normativa nació con implicaciones directas en el sector privado al prohibir la fijación de pactos que posibilitasen plazos de pago superiores a 60 días en operaciones comerciales entre contratitas y subcontratistas. Esta limitación se reducía a 30 días en el caso de las relaciones que fueran establecidas sobre la base de adjudicaciones procedentes de la Administración del Estado.

La adaptación de la llamada ley de morosidad al ordenamiento jurídico que regula la Financiación Autonómica implicará que una factura girada y no pagada por un Gobierno regional pueda ser denunciada ante el Ministerio de Hacienda, que procederá a su liquidación automática. La consecuencia directa de esta relación a tres bandas será que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro asumirá la reclamación del proveedor, pero a cambio dispondrá de un elemento adicional para el control financiero de las autonomías.

El Gobierno ha ido estrechando paulatinamente el cerco sobre las comunidades autónomas, alcanzando un nivel extraordinario de jerarquía con la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que supone el control efectivo de las facturas pendientes de pago procedentes de los distintos Gobiernos regionales acogidos a este sistema público de rescate. El Estado se ha convertido así en la caja de caudales con que las autonomías tratan de pagar la fiesta de un despilfarro generado en los años de vino y rosas, pero que ahora no pueden afrontar con su propia capacidad económica.

Hacienda quiere a todas las comunidades en el FLA 

Como contrapartida de esta 'providencia financiera', el Ministerio de Hacienda se ha erigido en el vigilante de la playa autonómica al propiciar que la financiación de las comunidades se destine cada vez más a sufragar los grandes servicios públicos, como son la educación, la sanidad y los gastos sociales. El escenario ideal para Montoro sería que todos los barones regionales solicitasen su inclusión en el FLA, evitando así que la ingente deuda autonómica tuviera que ser atendida con el aval tácito del Estado y asegurando un coste de financiación unitario que es mucho menor cuando el Estado apela a los mercados que cuando lo hacen los Gobiernos autonómicos.

Por desgracia para los intereses de Hacienda, hasta un total de ochos comunidades se han resistido a pasar por el FLA argumentando que la petición de rescate al Gobierno central supone un estigma muy duro de sobrellevar y que afecta a la reputación política de sus gestores. La alternativa en ciernes para hacer entrar en razón a las autonomías es precisamente la futura ley de financiación, que hará saltar los mecanismos de control a partir de cualquier factura que no esté al corriente de pago en un plazo máximo de un mes.

La autogestión financiera se va a convertir en un verdadero desafío para todos los presidentes autonómicos. A los objetivos básicos de consolidación fiscal y cumplimiento del déficit público habrá que añadir en adelante otro mucho más sensible y garantista como es evitar el cartel de moroso en las relaciones con todo tipo de clientes y proveedores. Montoro ha asumido su papel como 'cobrador del frac' con la autonomías y está dispuesto a ejercerlo con plenas consecuencias.

En este mismo esquema de actuación se inscribe también la Ley de Bases de Régimen Local, cuyo informe preliminar será finalmente aprobado por el Consejo de Ministros este viernes. La normativa recortará el número de asesores al servicio de los altos cargos y limitará las retribuciones en las corporaciones locales mediante la fijación de nuevos baremos salariales.