El consejo de IAG da mandato a Sánchez-Lozano para que aplique el ajuste duro en Iberia

Tres horas de debate después de tres meses de discusiones han sido necesarias para que Willie Walsh, consejero delegado de IAG, se salga con la suya e imponga a la dirección española de Iberia el Plan de Transformación acordado a principios de noviembre. El consejo de administración del grupo nacido de la fusión con British Airways se reunió a media mañana del viernes en Madrid para hacer inventario de reproches y rubricar un acta pasadas las tres de la tarde en la que se da mandato expreso a Rafael Sánchez Lozano para poner en marcha el plan  de ajuste que incluye 4.506 despidos y una reducción de capacidad operativa que este año será ya del 15%.

El primer ejecutivo de IAG lamentó la incapacidad para llegar a un acuerdo con los sindicatos después de censurar la actuación de la dirección de la compañía que preside Antonio Vázquez. Las críticas de Walsh estaban orientadas contra el consejero delegado de la empresa española, el propio Sánchez-Lozano, cuyas propuestas de acuerdo no han contado en ningún momento con el respaldo de la casa matriz.

“Estamos decepcionados de que no se haya alcanzado un acuerdo”, ha afirmado el propio Willie Walsh, quien, no obstante, ha querido dejar constancia de que “Iberia sigue lista y dispuesta a negociar con los sindicatos”. A través de un hecho relevante enviado a la CNMV, el consejero delegado de IAG justifica su actitud en la necesidad de asegurar la supervivencia y viabilidad futura de Iberia. El problema es que la hoja de ruta que asegura el futuro de la aerolínea española no es la misma para IAG que para los sindicatos. Walsh fija el destino de Iberia en 2015 como año máximo para alcanzar  una rentabilidad que los representantes laborales consideran que es imposible de obtener hasta el año 2017. 

Las discrepancias sobre el plan de viabilidad parecen insalvables y por eso Walsh ha conminado a Iberia para que lleve a cabo el Plan de Transformación al tiempo que los sindicatos han avanzado en la tramitación de las movilizaciones anunciadas en los últimos días. De acuerdo con los plazos legales la convocatoria de huelga tendrá lugar a partir del día 18 y se extenderá durante un mínimo de cinco días. La 'patata caliente' pasa otra vez al ámbito de actuación del Ministerio de Fomento que ha intentado salvar como sea la paz social en la antigua compañía española de bandera. La crisis de Iberia vuelva al punto de partida de principios de noviembre con un futuro inmediato verdaderamente caliente a partir de la segunda quincena de febrero.

Una empresa 'maniatada' desde Londres

El clima laboral en la compañía se ha hecho irrespirable en la última semana, principalmente desde que los sindicatos han percibido la falta de liderazgo de la dirección en España para encontrar una salida de emergencia al conflicto. La plataforma sindical de Iberia; formada por UGT, CC.OO., USO, CTA, Asetma y Sitcpla, hizo público este mismo viernes un comunicado demoledor contra la dirección de la empresa en España, a la que acusa de estar "maniatada" para negociar un eventual acuerdo. Los sindicatos consideran que la compañía ha actuado con “mala fe” para intentar engañar con un planteamiento que no es más que un “camuflaje” del ajuste duro propuesto por IAG en noviembre.

Los representantes de los trabajadores se quejan de que la última propuesta de la compañía es un brindis al sol que no satisface las mínimas expectativas de futuro de Iberia. La reducción de los excedentes, desde los 4.506 iniciales a los 3.147 que ahora plantea la compañía, es una medida compensatoria que los sindicatos no pueden aceptar porque eso “implicaría unos niveles de productividad utópicos y unos recortes salariales en los próximos cuatros años que no son de recibo".

La huelga en Iberia parece, esta vez, inevitable por mucho que los sindicatos intenten salvaguardar su posición y la de su principal valedora, que no es otra que la ministra Ana Pastor. IAG admite también que la situación puede generar una protesta con el consiguiente coste económico pero entiende que ese es un "mal menor" que habrá que pagar si se quiere poner en marcha el verdadero Plan de Transformación de la compañía.

El Gobierno va a tener que enfrentarse a una situación límite porque la estrategia de IAG supone un serio revés para la conectividad de España con Latinoamérica dado el cierre de rutas estratégicas que rápidamente serán aprovechadas por la competencia. Otro efecto pernicioso de la crisis de Iberia es la incidencia que tendrá la reducción de capacidad operativa en la consideración del “hub” que se ha pretendido establecer en el aeropuerto de Barajas como un nudo mundial de comunicaciones.

Los argumentos del Ministerio de Fomento, en su calidad de entidad reguladora del sector del transporte aéreo en España, podrían tener un peso muy alto en las decisiones estratégicas de una empresa que ha sido santo y seña en el desarrollo industrial de España con implicaciones directas en toda la actividad turística del país. El drama es que Iberia dejó hace tiempo de ser una empresa del Estado y ahora está manejada desde un cuartel general a 3.000 kilómetros de distancia. Ambas circunstancias no deberían suponer un impedimento insuperable para que el Gobierno hiciera entrar en razón a los responsables de IAG si la filial española no tuviera un agujero de 350 millones de euros en su cuenta de resultados. En términos políticos, la cuestión que se plantea ahora reside en saber cómo se ha llegado a esta situación, pero lo verdaderamente grave es que, en términos económicos, no hay nadie dentro de IAG que apueste por la rentabilidad de la antigua compañía española de bandera.