Los grandes bancos exigen frenar el organigrama de la Sareb hasta que entren en el capital

Han dicho "basta" ante las múltiples decisiones que está tomando el 'banco malo' sin contar con ellas, pese a que están llamadas a ser su principal accionista. Después de la elaboración del plan de negocio y del nombramiento de la presidenta y del director general de Sareb, las principales entidades del país han exigido al FROB que frene cualquier decisión adicional hasta que se concrete su entrada en el capital. Empezando por el organigrama, es decir, las seis direcciones que va a tener esta sociedad para llevar su gestión.

"No tiene ningún sentido que nos pidan que tengamos la mayoría del capital para que no aumente la deuda pública y que no tengamos ni voz ni voto en nada de lo que se está haciendo; nadie pone 500 millones sin poner condiciones", protestan desde una de las entidades llamadas a participar en el proyecto. "Ya que no nos han dejado hacer nada hasta ahora, sí nos gustaría tener algo que decir sobre la estructura organizativa, y esperamos que nos hagan caso esta vez", señalan desde otra.

El FROB ha advertido que tanto el plan de negocio que está presentando a los inversores como el nombramiento de los dos primeros ejecutivos de la Sareb (Belén Romana como presidenta y Walter de Luna como director general) son provisionales y están sujetos a la ratificación del consejo una vez que se constituya; un consejo en el que el FROB no tendrá el control, pero sí será el accionista mayoritario con el 45% del capital. Por ello, no se descarta que alguna de estas decisiones se puedan echar atrás finalmente si los bancos se empeñan.

No obstante, no parece probable. "El nombramiento de Romana [impuesto por Luis de Guindos pese a que su perfil no se ajusta en exceso a esta tarea] se da como un hecho consumado y se va a respetar, pero a partir de ahí todo se puede revisar", señala una de las fuentes consultadas. La banca era partidaria de colocar un consejero delegado con poderes ejecutivos como contrapeso al perfil más 'político' de Romana, aunque finalmente esa propuesta se ha diluido en un director general, mientras que la presidenta será ejecutiva.

"No se descarta que finalmente se nombre un consejero delegado y De Luna pase a ser un director general operativo. El problema es que los candidatos para este puesto quieren tener plenos poderes, y es muy difícil decirle a un presidente que se queda sin ellos después de haberlo nombrado presidente ejecutivo", explican estas fuentes.

En todo caso, el mensaje de Economía y del FROB a la banca ha sido que "hay que empezar a andar de momento y ya iremos resolviendo todas las cuestiones". Más que nada, porque hay que cumplir los plazos fijados por el Memorándum de Entendimiento (MOU), que establece que la Sareb debe estar creada el 30 de noviembre -lo hará como una sociedad provisional pública hasta que entren los accionistas privados- y que los activos de las cuatro entidades nacionalizadas deben traspasarse antes de fin de año -que es la nueva fecha tope para que desembarquen los bancos en el capital-.

La clave, la entrada de los bancos

La clave, por tanto, es si los bancos entrarán finalmente en el accionariado del 'banco malo', y cuándo y cómo lo harán. Algunas de las fuentes aseguran que "si el FROB sigue tomando decisiones por su cuenta, no hará más que dar excusas a los bancos para caerse del proyecto". Como adelantó El Confidencial, la única entidad que se ha enfrentado frontalmente a Economía por este asunto es BBVA, o más concretamente su presidente, Francisco González. Sin embargo, Santander y La Caixa han reconocido que entrarán en la Sareb, lo que plantea que FG finalmente podría echarse atrás y sumarse a los otros grandes. Ahora bien, otras fuentes esperan que mantenga su pulso hasta el final porque "se ha significado y es muy difícil echarse atrás ahora".

Los planes del Gobierno son que los bancos privados asuman inicialmente 2.200 millones entre capital puro y deuda subordinada, cifra que se elevará a 2.500 millones cuando se transfieran los activos de los bancos del Grupo 2 (necesitan ayudas públicas pero no han sido nacionalizados). Esta cifra se repartirá en teoría a razón de 500 millones por cada uno de los tres grandes, mientras que el resto corresponderá a las demás entidades sanas: Sabadell, Unicaja, KutxaBank, y tal vez Popular e Ibercaja.

Si estos planes fracasan y los bancos no entran finalmente en el proyecto, y dado que los inversores extranjeros han mostrado su rechazo a participar desde el principio, el Gobierno se vería obligado a crear un 'banco malo' público. Esta alternativa sería "desastrosa porque la gestión se haría con visión de empresa pública, no privada, y al final el contribuyente acabaría pagando por los activos tóxicos de los bancos", según una de las fuentes.