Crédit advierte que "España está tomando la deriva de Portugal" por culpa de la austeridad

Mientras los políticos mantienen su particular guerra dialéctica sobre el rescate de España y si es necesario o no, el mercado no tiene dudas: es inevitable. Sin embargo, la ayuda, en la forma que sea que llegue, se está vendiendo como la panacea a todos los problemas del país, cuando no es así. Desde Cheuvreux, aunque coinciden en que ésta es necesaria, advierten: “España está tomando la deriva de Portugal” y “sin desapalancamiento, se está embarcando en un proceso de autodestrucción”. 

Y es que el rescate Luso vino acompañado de unas medidas de austeridad realmente duras, entre ellas una importante subida de impuestos. Sin embargo, en un escenario de recesión profunda como el actual, aumentar la carga impositiva sobre los ciudadanos daña el consumo y, por extensión, el conjunto de la economía. Además, a medida que aumenta el paro, disminuyen los ingresos del Estado y suben sus gastos por prestaciones sociales, con lo que tampoco salvan el déficit. "Para Grecia y Portugal esto se ha traducido en un abrupto aumento de la deuda pública y parece que nosotros vamos a seguir el mismo camino".

De hecho, hasta la fecha, el Gobierno ha intentado cumplir los objetivos impuestos por Bruselas a base de atacar el sector privado -reforma financiera, laboral, eléctrica, subida de impuestos...-, pero no ha hecho la reforma clave, que es la de la Administración.

Para los analistas del bróker de Credit Agricole, España no va a ser capaz de cumplir con el déficit a pesar de la ayuda europea, teniendo en cuenta que las necesidades de refinanciación para el año que viene son superiores a los 200.000 millones de euros. Por ello, “el paquete de rescate vendrá con condiciones suaves en un primer momento, pero pronto se convertirán en un estricto programa de medidas de austeridad”.

Esto será cuando se disperse la cortina de humo creada por las expectativas de una línea de crédito blanda y los malos fundamentales vuelvan a ser evidentes, poniendo de manifiesto que los problemas estructurales no se han abordado. 

Así, resulta inevitable que Bruselas acabe imponiendo unas condiciones similares a las que han llevado a Portugal a la situación en la que está. En este sentido, desde Cheuvreux aseguran que se eliminará la revalorización de las pensiones -lo que ajustado a la inflación es, de facto, una bajada de las mismas-, se elevará la edad de jubilación, se endurecerá más la reforma del mercado laboral, habrá más subidas de impuestos, tanto a la renta como especiales, y privatizaciones. Todo medidas que afectan directamente al poder adquisitivo y con ello, al consumo.

La solución no es subir impuestos sino reducir la Administración

“Los fundamentales van a peor (todos los indicadores macro y micro confirman esta postura y las estimaciones macro son demasiado optimistas)”, aseguran en el último informe emitido por el equipo de análisis que capitanea Adrian Zunzunegui. “Las políticas de austeridad han dañado el crecimiento más de lo que se esperaba inicialmente” y “la línea virtual de crédito puede simplemente enmascara los problemas”, mientras que los gobiernos se valen de la “especulación” para “lanzar el mensaje de que nuestros problemas son solo el resultado de un mercado sobre reaccionado”.

Sin embargo, la reciente aproximación de los inversores a los países periféricos y, especialmente a España, bajo el paraguas de una promesa de compra de bonos del Banco Central Europeo y una suerte de rescate que está por llegar, está dando tiempo a los políticos para manejar sus calendarios e intereses personales. De hecho, el ejecutivo de Mariano Rajoy ha tratado de solucionar los problemas del país cargando contra el sector privado, cuando el sobredimensionado sector público, el principal cáncer estructural del país, ni se ha tocado en los recortes presupuestarios.

España, además, tiene el mayor ratio de políticos per capita de la Unión Europea. Así tenemos 300.000 políticos más que, por ejemplo, Alemania –un país que es dos veces el tamaño de España- y el doble que Italia y Francia. Además, el número de políticos colocados en compañías públicas es de 130.000 y ni una sola de esas empresas ha cerrado hasta ahora.