Cataluña, Andalucía y Valencia se comen el 80% del fondo de rescate autonómico

El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) aún no ha nacido -hoy verá la luz en el Senado-, pero ya está casi cubierto. Tan sólo tres comunidades autónomas -Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana- ya han anunciado que pedirán fondos al Estado por valor de 14.429 millones de euros.

O lo que es lo mismo, el 42% del territorio (en relación a su peso económico en el PIB) ha reclamado el 80% de las cantidades que ha previsto adelantar el Estado a las comunidades autónomas con un doble objetivo: hacer frente a los vencimientos de deuda y pagar facturas a los proveedores.

Por el momento, sólo Murcia ha anunciado que pedirá 700 millones para saldar sus compromisos de pago, pero en cartera están algunas regiones como Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias, que ya han adelantado su disposición a recibir dinero del fondo una vez que conozcan las condiciones: tipos de interés o plazos de vencimiento.

Otras comunidades como Galicia, Madrid o Extremadura han anticipado que no piensan reclamar cuantía alguna. Y es que algunas comunidades piensan que van a poder acudir a financiarse al mercado, como últimamente están haciendo algunas grandes empresas, como Santander, BBVA, Sabadell o Iberdrola.

El Real Decreto-Ley que da carta de naturaleza al Fondo de Liquidez Autonómica establece que la adhesión a este mecanismo exigirá la previa aceptación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la solicitud formulada por la comunidad autónoma, la cual se otorgará “atendiendo a la situación financiera de la misma”.

Dinero a cambio de políticas de ajuste

Esto supone que la entrega del dinero no es automática ni inmediata, lo que quiere decir que el Gobierno tendrá la última palabra a la luz de la información que obre en su poder sobre vencimientos y pago a proveedores. La solicitud de adhesión a este mecanismo acaba el 31 de diciembre de este año, por lo que a partir de esa fecha las comunidades vuelven a quedar a la intemperie de los mercados.

El Gobierno, al incluir en la tramitación de la ley que también se puede disponer de estos fondos para garantizar el pago a proveedores ha logrado introducir cierta condicionalidad, toda vez que obliga a los gobiernos autonómicos a diseñar políticas de ajuste.

El texto legal, incluso, advierte que el Ministerio de Hacienda “será competente para realizar el seguimiento de los planes de ajuste”, y con ese objetivo,  “podrá solicitar toda la información que resulte relevante, e informará del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad”. Es decir, un rescate en toda regla, como los que ha hecho la Unión Europea a algunos países periféricos.