La caída de ingresos obliga a las CCAA a financiarse con préstamos bancarios

El deterioro de la actividad económica pasa factura a la recaudación. Y las comunidades autónomas no han encontrado mejor fórmula para financiarse que acudir a los bancos y a los proveedores. No es ninguna novedad. Lo relevante es que esa estrategia de financiación se acelerará en el futuro. Pese a que el Gobierno ha anunciado la creación de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Ocurre, sin embargo, que ese fondo nace con insuficiencia de recursos, lo que obligará a las regiones a buscar fuentes alternativas de financiación. En palabras de Analistas Financieros Internacionales (AFI), las restricciones de acceso a los mercados de las comunidades autónomas, “podrían llevar a la financiación a través de proveedores y la mayor apelación al corto plazo”. Es decir, mediante crédito bancario y el retraso de pago a las empresas. El Gobierno puso el marcador a cero hasta el pasado 31 de diciembre, pero la crisis fiscal del Estado obliga de nuevo a las administraciones a guardar las facturas en el cajón.

Según los cálculos de AFI, las necesidades totales de financiación de las CCAA ascenderán este año a 52.698 millones de euros, de los que 14.877 millones corresponden a amortizaciones de préstamos que vencen a corto plazo. Cataluña (5.423 millones) y la Comunidad Valenciana (4.389 millones) son los territorios que tienen que hacer frente a los mayores vencimientos. Madrid, pese a su gran tamaño, pedirá prestado 1.240 millones, por debajo de los 1.376 millones que necesita refinanciar Castilla-La Mancha de crédito bancario. La legislación permite realizar operaciones de crédito inferiores a un año para atender necesidades “transitorias” de tesorería. Pero lo transitorio se ha convertido en estructural.

El Fondo, como se sabe, tendrá una dotación máxima de 18.000 millones de euros, pero, según el informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI), las comunidades autónomas necesitan hasta que acabe el año 34.000 millones de euros (después de haber captado 19.000 millones durante el primer semestre). Existen, por lo tanto, unas necesidades de financiación adicionales de 16.000 millones de euros que tienen que captar las regiones en un contexto extremadamente complejo. Y que el Estado no garantiza.

La apelación al crédito bancario se ha acelerado en los últimos trimestres. Hasta el extremo de que, según datos del Banco de España, el crédito concedido a las administraciones públicas ascendía  el pasado mes de mayo a 104.717 millones de euros. Una cantidad que representa un 26,1% más que hace un año. Y prácticamente el doble que al comenzar la crisis.

Morosidad del sector público

Como es lógico, este fuerte aumento del crédito bancario ha disparado, en paralelo, la morosidad del sector público, que, por primera vez, supera los 1.000 millones de euros, cuando en 2008 era prácticamente irrelevante.

Según las estimaciones que ha hecho Moody’s, el nuevo objetivo de déficit impuesto por Bruselas a España obliga a las comunidades autónomas a aprobar recortes adicionales de 11.000 millones de euros (3.000 millones en 2013 y 8.000 millones en 2014).  La agencia da por hecho que las CCAA se desviarán este año del objetivo de déficit en un punto porcentual, hará el 2,5% del PIB, lo que les obligará a diseñar presupuestos más restrictivos el año próximo.

El hecho de que las administraciones territoriales se pongan en manos de los bancos para financiarse se produce pese a que Hacienda ha tomado, en lo que va de año, diferentes medidas para sanear sus cuentas: retrasar la devolución de los excedentes cobrados en años anteriores, plan de pago a proveedores o adelanto a de los anticipos a cuenta.

Todo eso ha sido insuficiente, y hoy su situación es dramática. La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, ha admitido que ha tenido que pedir un crédito ‘puente’ de 400 millones de euros  para hacer poder pagar las nóminas de los funcionarios ante las demoras de los pagos de Hacienda.  Y en la misma línea, como publicó la revista digital Materia, el CSIC, el mayor centro público de investigación de España, ha anunciado que  “paraliza” o, al menos, “retrasa”, los pagos para hacer frente a la retribución “de las obligaciones ineludibles de esta agencia (nómina del personal, seguridad social, tributos, devoluciones a Tesoro e intereses de demora)”.