Las empresas de EEUU urgen una 'revolución sanitaria' para ahorrar 10.000 millones

Sueldos ligados a la productividad para los profesionales sanitarios, cartera única de servicios en todas las comunidades autónomas, concentración de algunas prestaciones en determinados hospitales, plataformas digitales que hagan eficiente la compra de fármacos… Las empresas de EEUU en España plantean una revolución de la sanidad en España. Todo dentro de una imprescindible reconversión tecnológica en la Administración para contener el gasto y retomar la senda del crecimiento. “Con la puesta en marcha de estas recomendaciones en el conjunto del sistema sanitario español se conseguirían ahorros económicos de entre 7.000 y 10.000 millones de euros”, expone la Cámara de Comercio Americana en España (AmChamSpain) en un documento de trabajo al que ha tenido acceso El Confidencial.

Una cifra que coincide en su umbral más bajo con el importe que el Gobierno se plantea ahorrar con los recortes sanitarios adoptados el pasado mes de abril, entre ellos el copago de los medicamentos en función de la renta. Para lograr un ahorro equivalente sin planteamientos tan drásticos, resultaría imprescindible, entre otras medidas, “fijar por norma de carácter básico la obligatoriedad de que las comunidades autónomas asuman una cartera de servicios igual para todo el sistema nacional de salud, y su actualización de forma reglamentaria”. También debería establecerse que algunas prestaciones no estén “disponibles en todo el territorio nacional, sino solo en centros de referencia de determinadas comunidades autónomas, en función de los recursos disponibles”, advierte el documento.

El problema sanitario está desde hace meses en el radar de las compañías estadounidenses en España. No en vano en las filas de la Cámara figuran empresas como Pfizer o Lilly, que han sufrido en sus carnes el retraso en los pagos de las administraciones públicas. De hecho, la organización remitía una carta al Gobierno a finales de diciembre en la que exponían el malestar de las farmacéuticas por la morosidad de los gobiernos regionales. “En algunos sectores, como el de las tecnologías sanitarias, el plazo medio de cobro es de 421 días y en los medicamentos es incluso más dilatado, con comunidades autónomas que demoran sus pagos más allá de los 48 meses”, rezaba la misiva, que además alertaba del fracaso de las sucesivas legislaciones para reducir el tiempo de espera para esos abonos.

El informe también aboga por gestionar de forma eficiente los recursos humanos, lo que abarca desde la selección de los perfiles para la contratación hasta el desarrollo de “modelos de retribución ligados a la productividad y resultados, evaluación del rendimiento y sistemas de incentivación”. Una política que sólo se entiende dentro de un proceso de reconversión tecnológica –con plataformas que mejoren la eficiencia en la compra de fármacos y el outsourcing de procesos- y el desarrollo de la e-salud. En este sentido, resulta clave impulsar la relación virtual entre médico y paciente (en seguimiento de crónicos, consultas, etc.), la receta electrónica y la integración de plataformas de diagnóstico. Un cambio integral con el objetivo último de reducir el gasto.

Un gurú tecnológico para las AAPP

La sanidad sería solo la punta de lanza de un cambio radical en la Administración. “En las administraciones públicas españolas existe una falta total de liderazgo (…) en el establecimiento de líneas de actuación en el mundo de las tecnologías de la información, especialmente importantes en momentos de crisis económica”, diagnóstica el documento, titulado La Economía Digital, clave para retomar el crecimiento. Los números cantan. “Existen más de 800 informáticas unidades en la Administración General del Estado y, sin embargo, la utilización media de los recursos es del 27%”. En roman paladino, no hay colaboración virtual entre administraciones y, mucho menos, conexión digital con los ciudadanos.

La Cámara aboga por crear la figura de un gran gurú tecnológico –un Chief Information Officer (CIO)- que se encargue de establecer lazos entre las administraciones públicas españolas e impulsar una estrategia cloud, lo que “supondría un ahorro de 1.700 millones hasta 2015 y la creación de 125.000 empleos”. En esta línea, el plan de la organización que preside Jaime Malet implica también un modelo de colaboración virtual y teletrabajo para los funcionarios del Estado, con un impacto positivo de 300 millones de euros. Para el desarrollo de estos procesos, la Cámara plantea que se promueva la colaboración público-privada en el ámbito de las tecnologías de la información, lo que abriría sin duda una oportunidad de negocio para las propias compañías estadounidenses.

Los socios de la Cámara facturan en España 248.000 millones de euros, en torno al 24% del PIB, y generan más de un millón de empleos. Forman parte de su Junta Directiva firmas como Morgan Stanley, General Electric, Citigroup, Bank of America-Merrill Lynch, Pfizer, IBM, Microsoft o 3M. Su presidente de honor es siempre el embajador norteamericano en España, en este caso Alan D. Solomont, una muestra de que sus puntos de vista coinciden en buena medida con los de la Administración en Washington. La asociación lanzaba recientemente el documento Spain 2020, su hoja de ruta para los próximos años en aspectos claves de la economía española. En su anterior documento de trabajo abordaba la situación del sector energético y los problemas de seguridad jurídica.