Los inversores extranjeros exigen coberturas por si España abandona el euro

Fue el penúltimo fleco que dio al traste con la operación. El fondo de inversión Moor Park se descolgó a última hora de la compra de los edificios públicos de la Generalitat con una cláusula contractual insólita. La firma londinense exigió la inclusión de una cobertura que le blindara ante las consecuencias que implicaría una salida de España del euro, un escenario que está barajándose para Grecia ante la imposibilidad de hacer frente al pago de su deuda soberana.

La Generalitat catalana canceló a finales de enero la venta de los edificios públicos con los que esperaba ingresar hasta 500 millones de euros. Como trascendió en esas fechas, según fuentes cercanas a la operación, la decisión tuvo que ver con las discrepancias de última hora entre el Govern catalán y los dos fondos de inversión Moor Park y Och-Ziff por aspectos contractuales, después de que hubiera un acuerdo cerrado sobre el precio a pagar.

A pesar del fracaso inicial del proceso, la Generalitat mantiene el cartel de 'se vende' para cada uno de los 26 edificios que había agrupado en dos lotes, aunque la estrategia pasa ahora por la venta individual de cada uno de ellos, una opción mucho más asumible para otro perfil de inversor, como puede ser el caso de las grandes fortunas privadas catalanas interesadas en adquirir alguno de los activos. Una especie de bono patriótico inmobiliario.

La Generalitat no aceptó las condiciones finales de Moor Park, temeroso de que una posible salida de España del euro devalúe su inversión, gracias a que el Gobierno había habilitado unos días antes un nuevo plan de ayudas del ICO para las Comunidades Autónomas con más apuros de tesorería, evitando así que regiones como Cataluña o Andalucía no tengan que malvender sus edificios como último recurso para poder financiarse.

De acuerdo con fuentes próximas a la operación, es la primera vez que un inversor extranjero se descuelga con unas condiciones tan agresivas. Hasta ahora, el dinero de fuera no percibía el riesgo default de la Generalitat, "pero sí los retrasos en los pagos por parte de la Administración Pública respeto a otros sectores, como por ejemplo, el farmacéutico. Ahora no hay liquidez para refinanciarse y el comprador no puede arriesgarse a asumir demoras o impagos".     

Los 26 edificios públicos que entraban en la operación se ubican en Barcelona y están ocupados por dependencias administrativas de diferentes departamentos de la Generalitat. La intención del ejecutivo catalán es seguir ocupando los edificios y, a cambio, abonar un alquiler de un máximo de 37 millones al año, una operación de desinversión popularizada durante los últimos años y conocida en el mercado como sale & leaseback. 

Entre los inmuebles en venta figuran la sede singular de la Bolsa de Barcelona en Passeig de Gràcia, así como varias instalaciones de las consellerias de Economía (Gran Via 639), la antigua de Trabajo (Sepúlveda 148), Agricultura (Gran Via 612), Justicia (Pau Claris 158) y Enseñanza (Via Augusta 202). Otros de los edificios incluidos son los de la Agencia Tributaria de Catalunya, en la calle Fontanella, y el del Institut Obert de Catalunya (Paralel 71).