La Generalitat pone a la venta la Borsa de Barcelona, su joya de la corona

Es la joya de la corona entre los 37 inmuebles y edificios públicos que la Generalitat ha decidido poner a la venta y con los que espera conseguir liquidez y aliviar, aunque sea mínimamente, la delicada situación de sus cuentas públicas. 

Se trata del edificio de la Bolsa de Barcelona, ubicado en el céntrico Paseo de Gracia 19 y que cuenta con el precio mínimo de venta más elevado de todos ellos: 57, 4 millones de euros, por encima de los 56,2 millones de la consejería de Territori i Sostenibilitat, ubicada en la Avenida Josep Tarradellas 2-6  o los 52,1 millones del inmueble que alberga el departamento de Enseñanza, entre los números 202 y 226 de Via Augusta.

El inmueble cuenta, además, con la renta máxima anual más elevada: 4,7 millones de euros al año, si bien, la Generalitat reconoce en el pliego de condiciones de los contratos que "el precio del alquiler será inferior al precio máximo referido a la primera anualidad". 

Asimismo cuenta con otro atractivo desde el punto de vista del inversor, sus inquilinos. Desde mayo de 1994 es la sede de la Bolsa de Barcelona –anteriormente estaba ocupado por el Banco Exterior de España-. También alberga las oficinas centrales de la CNMV en Catalunya, así como varias dependencias del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Si la venta del edificio de Borsa de Barcelona saliera adelante generaría unas plusvarías a la Generalitat de unos 15 millones de euros ya que en el verano de 2000 el Gobierno catalán compró el inmueble a Agrupació Mutua por unos 42 millones de euros.

El encargado de su venta, junto con la los doce inmuebles que completan el lote adjudicado por el Gobierno catalán, son la consultora Aguirre Newman y Deloitte.

"No es habitual encontrar disponibles en el mercado activos tan atractivos, que tienen gran recorrido en el mercado y que, por tanto, contarán con una alta visibilidad a nivel internacional", comentaba recientemente la directora general de Aguirre Newman Barcelona, Anna Gener. "Otro elemento clave para el inversor es que estamos ante activos que tienen garantizada una rentabilidad inmediata, asegurada a largo plazo y con la solidez de un arrendatario como la Generalitat", ha añadido. 

Fuentes del mercado inmobiliario catalán, comentan a El Confidencial que "el hecho de que el inquilino sea el propio Gobierno catalán está muy bien valorado, si bien es cierto que los inversores tendrán en mente su elevado endeudamiento. No creo que se consigan rentabilidades por encima del 4,5%", comentan. 

Este lote también incluye varias instalaciones de las consellerias de Economía (Gran Via 639), la antigua Trabajo (Sepúlveda 148), Agricultura (Gran Via 612), Justicia (Pau Claris 158) y Enseñanza (Via Augusta 202). Otros edificios incluidos son el de la Agencia Tributaria de Catalunya en la calle Fontanella y el del Institut Obert de Catalunya (Parallel 71).

Soltar lastre inmobiliario como vía de financiación

Pero no es el único lastre inmobiliario que suelta el Gobierno de Artur Mas. Otro de los lotes, adjudicado a Jones Lang LaSalle y al despacho de abogados Roca Junyent, consta de otros 13 inmuebles valorados en al menos 228,5 millones de euros. Precisamente esta consultora y el mismo bufete ganaron también el concurso del primer lote adjudicado por la Generalitat. En él, el activo más valioso es la consejería de Territori i Sostenibilitat, ubicada en la Avenida Josep Tarradellas 2-6, cuyo precio mínimo de venta asciende a 56,2 millones de euros. 

Por todos ellos, por los 37 inmuebles, pretende conseguir unos 550 millones de euros y pagar, como máximo, 37 millones en concepto de alquiler en 16 de ellos. No en vano, la Generalitat continuará siendo el principal inquilino de dichos edificios -sale and lease back- por un periodo que oscila entre los 10 y los 25 años. 

La Generalitat ha abierto en los últimos meses diferentes frentes de financiación para poder sanear sus cuentas públicas. De hecho, Cataluña es la comunidad más endeudada de toda España. El volumen de deuda entre los meses de abril y junio de 2011 asciende a los 38.530 millones de euros, cantidad que representa el 28,9% del conjunto de las comunidades.

Además de la venta de inmuebles también ha recurrido a la emisión de bonos patrióticos,. No en vano, la Generalitat tiene que pagar este año 2.100 millones de euros en intereses por lo que debe, el doble de lo que aflojó en 2010.

Las comunidades sueltan lastre inmobiliario

La Generalitat no es la única Comunidad Autónoma en desprenderse de sus activos inmobiliarios. La Junta de Andalucía abrió la caja de Pandora al adjudicar a principios de julio a BNP Paribas Real Estate la venta de un lote de 49 activos con los que espera ingresar hasta 800 millones de euros. Otras Comunidades como la de Castilla La Mancha y Extremadura seguirán sus pasos en breve.

Sin embargo, los expertos coinciden en señalar que no es el mejor momento. “La administración pública ha llegado dos años tarde si lo que pretende es obtener el mejor precio para sus inmuebles”, aseguraban recientemente a El Confidencial diferentes fuentes inmobiliarias.

“Ahora son uno más. Hay mucho donde elegir y mucho donde exigir. Deberían haber tomado esta decisión mucho antes. Ahora están compitiendo con otros actores en igualdad de condiciones”, señalaban.