La Generalitat aborta la venta en bloque de sus edificios públicos

La Generalitat catalana ha cancelado la venta de los edificios públicos con los que esperaba ingresar hasta 500 millones de euros. Fuentes cercanas a la operación aseguran que se ha tomado esta decisión por las discrepancias del Govern catalán con los fondos de inversión Moor Park y Och-Ziff, los únicos interesados por los inmuebles públicos catalanes. “No hay acuerdo respecto a las condiciones del contrato del alquiler. No ha sido tanto una cuestión de precio”, aseguran dichas fuentes.

Hoy era la fecha tope para que ambas partes alcanzasen un acuerdo después de que el plazo para cerrar el concurso se alargase un mes en diciembre ante las dificultades del mercado. La Generalitat, que había articulado la venta de los 26 inmuebles en dos lotes, mantendrá el cartel de 'se vende' de cada uno de los edificios, aunque la estrategia pasa ahora por la venta individual de cada uno de ellos.

Se da la circunstancia que hace apenas unos días el Gobierno daba a conocer el nuevo plan de ayudas del ICO para las Comunidades Autónomas que ha provocado que algunas de las medidas extraordinarias diseñadas por algunas de estas regiones con más apuros de tesorería se hayan congelado o se estén revisando. El objetivo de dicho plan es que Comunidades Autónomas como Cataluña o Andalucía no tengan que malvender sus edificios para poder financiarse. Ahora, estas CCAA no tienen tanta urgencia por obtener liquidez.

En el caso e Cataluña, la Generalitat habría endurecido su postura a la hora de atender la solicitud de los fondos para modificar varias condiciones del preacuerdo. En concreto, no estaba de acuerdo con las garantías que le exigían los compradores. Por si las dificultades iniciales existentes en estas operaciones, como son la falta de financiación y el riesgo de impago que se atribuye a las administraciones públicas, fueran pocas, estas nuevas resistencias han provocado no sólo que el cierre de la transacción se retrase aún más, a pesar de que estuviera previsto que se rematara antes de acabar 2011, sino que ha obligado al Govern catalán a cambiar de estrategia.

"Hace dos o tres años estaríamos ante una operación bastante apetecible. Ahora las cosas han cambiado, no sólo por la situación económica de la Generalitat, que se quedaría como inquilino de dichos inmuebles, sino porque para el inversor supone un apalancamiento financiero muy elevado que, en el caso de impago de rentas no tendría recursos suficientes para soportar la deuda", explicaba recientemente fuentes del mercado. 

"El inversor no percibe el default de la Generalitat, pero sí los retrasos en los pagos por parte de la Administración Pública respeto a otros sectores, como por ejemplo, el farmacéutico. Ahora no hay liquidez para refinanciarse y el comprador no puede arriesgarse ni a que la Generalitat retrase sus pagos ni a que le deje de pagar", comentaba.     

Los 26 inmuebles que entraban en la operación se ubican en Barcelona y están ocupados por dependencias administrativas de diferentes departamentos de la Generalitat. 

La intención del ejecutivo catalán era seguir ocupando los edificios y, a cambio, abonar un alquiler de un máximo de 37 millones al año. Es la fórmula conocida como sale & leaseback. Actualmente ya paga 29 millones en concepto de censos enfitéuticos, por lo que el Govern esgrimía que esta transacción solo aumentará en ocho millones el gasto anual en alquileres.

Entre los inmuebles en venta figuran el que acoge la Bolsa de Barcelona en Passeig de Gràcia, así como varias instalaciones de las consellerias de Economía (Gran Via 639), la antigua Trabajo (Sepúlveda 148), Agricultura (Gran Via 612), Justicia (Pau Claris 158) y Enseñanza (Via Augusta 202). Otros edificios incluidos son el de la Agencia Tributaria de Catalunya en la calle Fontanella y el del Institut Obert de Catalunya (Paral.lel 71).