ayudas económicas a dos clubes

La Fiscalía Anticorrupción se hace cargo de una de las investigaciones contra Villar

Argumenta que el ministerio público especializado ya comenzó a indagar el caso de las ayudas al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife en 2015

Foto: Ángel María Villar. (EFE)
Ángel María Villar. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido hacerse cargo de las diligencias previas 315/16 que instruye el Juzgado número 5 de Majadahonda y que mantienen como querellado al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar por ayudar económicamente a los clubes Recreativo de Huelva y Marino de Tenerife. En un escrito remitido por el ministerio público especializado, éste comunica al juzgado que "asume la competencia" de la investigación debido a que ya comenzó a indagar el asunto en 2015, antes incluso de que el candidato a presidir la RFEF Miguel Ángel Galán interpusiera la querella que ha judicializado el caso.

José María OlmoJosé María Olmo

La Fiscalía de Majadahonda, por lo tanto, se aparta desde ahora de la instrucción y deja paso a Anticorrupción, que dirige otras causas polémicas como la fallida querella que interpuso el exresponsable de la Federación de Tenis José Luis Escañuela contra el expresidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, o el procedimiento abierto en el Juzgado 36 de Madrid que investiga a la cúpula de la Federación de Baloncesto por cargar gastos supuestamente personales al organismo entonces capitaneado por José Luis Sáez.

La RFEF financió a través del Comité Nacional de Entrenadores al Recreativo de Huelva para que el club saldara una deuda que había contraído con su anterior equipo técnico, dirigido por José Luis Oltra, según confirman los libros de cuentas del conjunto onubense, como publicó El País. La artimaña permitió que la entidad futbolística tramitara las licencias de la federación que no podía conseguir con una deuda detrás e incribirse, por lo tanto, en la competición liguera de la Segunda División B, donde militaba el equipo decano del fútbol español. La misma maniobra habría realizado la RFEF, según las primeras investigaciones, para saldar las obligaciones financieras del Marino de Tenerife.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar (c), junto al vicepresidente de la entidad, Juan Padrón (d), y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco (i), durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar (c), junto al vicepresidente de la entidad, Juan Padrón (d), y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco (i), durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF.

Posible pena de inhabilitación

Villar y su vicepresidente económico, Juan Padrón, declararán como querellados el próximo 23 de enero ante el Juzgado número 5 de Majadahonda para dar su versión de los hechos. Esta comparecencia no es la primera que encara Villar en los últimos meses. El máximo dirigente federativo declaró el pasado 14 de octubre en el Juzgado número 1 de Majadahonda, donde se le ofreció un trato privilegiado, por la causa que le investiga por haber retrasado a propósito presuntamente las elecciones a la presidencia de la RFEF.

El presidente del fútbol español, que se enfrenta a una pena de inhabilitación para cargo público de entre siete y diez años en este último procedimiento por una supuesta prevaricación continuada, retrasó en dos ocasiones su comparecencia antes de declarar por fin el pasado 14 de octubre. Argumentó que había tenido un viaje oficial y una operación de rodilla para excusarse ante el Juzgado número 1 de Majadahonda. Finalmente Villar se negó a responder a las preguntas de la acusación.

Las dos investigaciones abiertas contra Villar tienen su origen en sendas querellas interpuestas por el candidato a presidir la RFEF Miguel Ángel Galán a través del despacho de abogados ADR Abogados. Galán asegura en declaraciones a El Confidencial que está dispuesto a llegar hasta el final en los dos procedimientos judiciales.

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