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Escolta y garaje privado: los privilegios de Villar al declarar como imputado
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caso del retraso de las elecciones

Escolta y garaje privado: los privilegios de Villar al declarar como imputado

El juez decano de Majadahonda ordena permitir que el presidente de la Real Federación de Fútbol pase por la puerta de atrás y le asigna vigilantes de seguridad como escoltas

Foto: Ángel María Villar. (EFE)
Ángel María Villar. (EFE)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, acudió al Juzgado número 1 de Majadahonda (Madrid) para declarar como investigado como si fuera un ministro. El juez decano había dado orden de que el máximo dirigente del fútbol español tuviera un trato que no se da a cualquier imputado y decidió permitirle pasar el coche hasta la puerta trasera de los juzgados y estacionarlo en una zona reservada al personal de los juzgados, donde Villar dejó su vehículo, algo que no pueden hacer ni testigos ni investigados ni abogados.

Pero el trato que el juez decano pretendía dar al mandatario futbolístico no se quedaba en el aparcamiento. Como responsable de la seguridad de los edificios judiciales, decidió poner escolta a Villar mientras este permaneció en el recinto. Dos vigilantes de seguridad actuaron a modo de 'gorilas' y acompañaron al presidente de la Federación desde que éste se bajó del coche hasta la sala de declaraciones. Luego, los agentes privados permanecieron en la puerta hasta que el declarante terminó de comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 1, que investiga el presunto retraso intencionado de las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol.

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Cuando Villar acabó de declarar, le acompañaron de vuelta a su coche. El máximo dirigente del fútbol español, que acudió con su muleta, se montó en el vehículo y abandonó los juzgados por donde había entrado, evitando de este modo también cualquier interpelación de los periodistas que acudieron hasta el Juzgado para cubrir la comparecencia, a cuyo contenido sin embargo sí ha podido acceder El Confidencial.

Villar, que se enfrenta a una pena de inhabilitación para cargo público de entre siete y diez años por una supuesta prevaricación continuada, se vio por fin ante el juez después de retrasar su comparecencia más de un mes, primero por un viaje oficial que comunicó a última hora y, después, por una operación de rodilla. Declaró como investigado, por lo que tenía derecho a no decir verdad y a negarse a responder a las preguntas de la acusación. Esto último fue lo que hizo. Evitó contestar a los abogados de Miguel Ángel Galán, candidato a la presidencia de la RFEF y querellante, Ismael Franco y Carlos González de Vega.

En respuesta a las preguntas del juez y de la Fiscalía, Villar insistió en que él no retrasó las elecciones voluntariamente. "No tenía ningún interés en que se retrasasen, todo lo contrario; la orden ministerial sale en diciembre y en enero de 2016 la RFEF inicia el mecanismo que está obligada a poner en marcha, aprueba un reglamento que establece el calendario electoral dentro del primer cuatrimestre del año", explicó Villar, quien aseguró que, en concreto, la federación elabora "inmediatamente un borrador" que se pasa a los asambleístas para que presenten enmiendas, que luego se recogen y se reelabora el texto, que luego se envía a la comisión delegada, que es la que lo aprueba.

"El retraso del proceso le interesa al CSD"

Según el presidente de la RFEF, "es la administración la que intencionadamente lo retrasa todo". Villar insistió en que "a quien le interesa que se retrase el proceso electoral es al Consejo Superior de Deportes (CSD) para después presentar unas acciones de apertura de expediente sancionador". "Mi intención fue convocar elecciones desde el primer momento", insistió Villar, quien aseguró estar sufriendo "una persecución". El presidente de CSD, Miguel Cardenal, por su parte, declaró en este mismo procedimiento hace unos días que Villar supo en todo momento que las consecuencias de enviar sucesivos reglamentos que no se ajustaban a derecho era un retraso de las elecciones, por lo que a su entender se trataba de dilaciones premeditadas.

Una de las claves del asunto es precisamente esa: poner en evidencia si Villar sabía en todo momento que los reglamentos que enviaba para que fuesen aprobados por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) y el CSD eran correctos o no. En este sentido, el propio encausado reconoció el viernes que fue advertido por su equipo jurídico, dirigido por Kepa Larumbe. Admitió que "el reglamento lo aprueba la Comisión Delegada a pesar de que el asesor jurídico dice que en algunos artículos no se ajusta". "El asesor jurídico dice que en el reglamento hay algunas cosas que pueden ser no aceptables por la nueva orden", recordó.

Es decir, que cuando Villar llevó esos documentos a la Comisión Delegada, era consciente de que podían ser rechazados, extremo que no le impidió enviarlos, incluso a pesar del debate que asegura que se formó en el gobierno de la RFEF. Según relató el presidente del fútbol español, el reglamento se aprobó a pesar de que había "mucha gente de la comisión delegada que decía que sí se ajusta a la orden ministerial y otra que decía que no". No debía sorprenderles, por lo tanto, que posteriormente el CSD y el TAD pusiesen objeciones a la normativa, dado que ya había sido puesta en duda por sus propios servicios jurídicos.

Durante su comparecencia, Villar aportó una resolución del TAD del mes de agosto en la que no le fue incoado expediente por el mismo motivo por el que ahora se le investiga, prevaricación continuada. Esa votación tuvo dos votos particulares en contra, de los que evitó hablar para quedarse únicamente con la resolución final que, según fuentes consultadas, es el mejor argumento que tiene el acusado para salir indemne de este proceso judicial.

"Hay un choque entre la FIFA y la RFEF"

Villar fue preguntado por el motivo de que estuviera resultando tan complicado hacer un reglamento que se ajustase completamente a la orden ministerial, algo que también se plantean en el CSD, donde veían cómo iban llegando reglamentos de otras federaciones deportivas que no planteaban problema alguno y se sorprendían de que fuera precisamente el de la federación más grande, la de fútbol, la que tiene más recursos, el que presentara dificultades.

Al plantear esta cuestión durante la declaración, Villar puso a la FIFA como coartada. Argumentó que, además de guiarse por la orden ministerial, su federación se tiene que adaptar también a las normas de la federación internacional, que los dos cuerpos legales, en ocasiones, se contradicen y que esto en la práctica hace imposible llevar a cabo un reglamento. "Puede haber un choque entre la normativa nacional y lo que dice la FIFA", que también hay que cumplirlo porque la federación está asociada, añadió Villar, para quien "la orden ministerial choca con la FIFA".

Según el presidente de la RFEF, un reglamento que no se adapte a los postulados de la federación internacional puede provocar la suspensión de la RFEF, lo que generaría, por lo tanto, que la selección española no pudiera ir al Mundial de fútbol, entre otras consecuencias. "La orden ministerial choca en un elemento esencial con la FIFA, que es que no habrá injerencias de actuaciones privadas ni públicas externas a las federaciones nacionales que componen la FIFA", subrayó Villar, quien aseguró que el querellante, Miguel Ángel Galán, "está utilizando el derecho penal para darse a conocer a los medios".

Villar, que dijo claramente que tiene intención de presentarse a las elecciones, se quejó de que viene sufriendo querellas en los periodos previos a los últimos comicios a los que se ha presentado y negó tajantemente haber dado instrucción alguna a los organismos de la RFEF para que el reglamento se hiciera según sus criterios.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, acudió al Juzgado número 1 de Majadahonda (Madrid) para declarar como investigado como si fuera un ministro. El juez decano había dado orden de que el máximo dirigente del fútbol español tuviera un trato que no se da a cualquier imputado y decidió permitirle pasar el coche hasta la puerta trasera de los juzgados y estacionarlo en una zona reservada al personal de los juzgados, donde Villar dejó su vehículo, algo que no pueden hacer ni testigos ni investigados ni abogados.

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