Se hunde la industria cultural y se frustra un motor económico para España

Cuando el PP estaba en la oposición llegó a afirmar que la industrial cultural española debía ser un auténtico “motor de crecimiento de nuestra economía” de tal forma que pasase de representar el 3,2% del PIB a, en unos años, hasta el 10%. La apuesta tenía toda la lógica porque, según el observatorio Cuenta Satélite, que mide las variables de este sector, la industrial cultural en España movía en 2009-10 del orden de 32.000 millones, más si a las que se consideran estrictamente industrias culturales se añaden las llamadas vinculadas que se refieren a la facturación de los derechos por propiedad intelectual (se llegaría al 3,6% del PIB, lo que significaría un volumen de 36.000 millones de euros).

El sector, además, emplea a más de 500.000 personas de alta cualificación. Para hacerse una idea de la dimensión de la industria cultural española y de su relación con el PIB hay que calcular que dispone de un peso, según los últimos datos disponibles superior al energético (2,7%) y parecido al agrario (3,4%).

Sin embargo, entre la depresión causada por la crisis económica, la incidencia negativa de la piratería y la nueva fiscalidad (buena parte de los ámbitos culturales pegan un salto casi inasumible desde el tipo reducido del IVA al general, es decir, 13 puntos más), la industria cultural española se ha venido abajo. Y sin que el secretario de Estado de Cultura, el otrora prometedor José María Lasalle, según versión muy extendida en todo el sector, haya dado la cara a sus interlocutores en los distintos ámbitos: patrimonio, archivos y bibliotecas, libros y prensa, artes plásticas y escénicas, y audiovisual. Ni tampoco a las entidades de gestión colectiva de derechos de autor.

No es extraño así que Jesús López, presidente y CEO de Universal Latinoamérica & Iberia, haya declarado enfáticamente que “En España los políticos no entienden el poder económico de la cultura”. Cargar de fiscalidad la industria cultural es desaprovechar las capacidades de tracción de un mercado potencial de más de 400 millones de hispano hablantes y afectar seriamente al turismo cultural.

Desplome de las ventas en el mundo editorial

Si el libro cayó en ventas el año pasado nada menos que el 18%, este año puede hacerlo un 10% adicional, aunque se mantenga para ellos el tipo de IVA más reducido (4%), porque el libro electrónico, de una parte, el menor consumo, de otra, y el estilo de vida, no sólo no favorecen el fortalecimiento de la edición y venta, sino que la debilitan. La escasez de bibliotecas públicas y la ineficiencia contra la piratería -pese a la promulgación del reglamento de la Ley Sinde- hacen el resto. Además, se editan demasiados títulos con una venta media de poco más de 3.000 ejemplares.

Para el cine español, el golpe ha sido doble: reducción drástica de subvenciones (-36% y supresión de ayudas directas a cortos, telefilms, distribución y creación de guiones) y aumento del IVA en 13 puntos. En palabras de Pedro Pérez, Presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, este incremento supone “el entierro del cine en España”. Para las empresas de exhibición, implica “cerrar el sector”.

Según el criterio de los empresarios teatrales, sólo aguantarán las salas de Madrid y de Barcelona (ambas ciudades concentran el 50% de todas las representaciones en España), pero no serán viables las giras en provincias. De hecho, la representación de obras en ambas ciudades ha reducido mucho su estancia en cartel y se ha recortado la inversión en montaje y repertorio actoral. Con datos de 2010 se constata que se vendieron más de 14 millones de entradas con una recaudación superior a los 200 millones de euros.

La nueva fiscalidad española no soporta comparación con países como Francia (entre el 2,5% y el 7% para entradas de cine, teatro, festivales y similares; del 7% en Alemania y del 6% en Holanda). Los resultados del cine en 2012 son alarmantes: al mes de abril descendían en porcentajes sustanciales las producciones íntegramente españolas (-40%), las coproducciones  (-23%) y el total de las películas producidas (-36%). También ha bajado el número de películas estrenadas (-10%). Un desplome en toda regla, que se añade a la desafección del público español al cine nacional que cubre sólo el 15% de la cuota de pantalla, un porcentaje que tiene que ver con su distribución.

La carta que, cuando se adoptaron estas medidas, envió Adolfo Blanco Lucas, consejero delegado de A Contracorriente Films, publicada en El Confidencial el 12 de abril pasado, al ministro de Cultura y a la directora general del ICAA, ya adelantaba que el ahorro de 27 millones de euros condenaba a muerte al cine español, mientras el Estado permitía una deuda fiscal a los clubes de futbol de más de 750 millones de euros. El cine recaudó en España, con datos de 2010, 660 millones de euros.

Para el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, la subida del IVA implica para la música que “no nos dejan ni margen para el testamento” (la música grabada estaba ya en el 18% y pasa al 21%). Los taurinos han mostrado su indignación a través de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, mientras los museos echan cuentas y no le salen. Se salvan los que gozan de un estatuto público exento (El Prado, El Reina Sofía), pero no otros como el Guggenheim o el museo Gala-Dalí, entro otros muchos.

Indiferencia en la Secretaría de Estado

Por otra parte, este hundimiento, además de desmentir la posibilidad esbozada de que la industria cultural fuera un sector innovador de la economía española, afecta también al empleo en el sector –tanto directo como indirecto— y a la retribución a los creadores por derechos de autor. La situación de éstos se ha agudizado negativamente por la supresión del llamado canon digital –que compensaba la copia privada—, que se ha sustituido  por un pago con cargo a los Presupuestos del Estado.

Hasta el pasado mes de diciembre, las entidades de gestión recaudaban en el mercado en concepto de canon digital del orden de cien millones de euros. El Presupuesto ha previsto una partida de sólo cinco millones para compensar –no se sabe a través de qué procedimiento- a los autores cuyas obras sean copiadas. España se separaba así del sistema de compensación que rige en la mayoría de los países de la Unión Europea (no en el Reino Unido) y se adhirió en plena recesión -la secretaría de Estado de Cultura dice que “temporalmente”- al sistema noruego. El canon digital –que precisaba una adaptación a los criterios de la justicia europea que obliga a discriminar a los sujetos al pago y requería, por lo tanto, una nueva regulación- se suprimió para compensar políticamente el enfado de los internautas por la aprobación fulminante del reglamento de la Ley Sinde.

El sector cultural –que no es ideológicamente monolítico como a veces se supone- y según sus portavoces consultados, está “indignado”, no sólo con la medidas fiscales y normativas, sino con la “ausencia de consideración del secretario de Estado de Cultura” que no se habría entrevistado ni comunicado con sus representantes, después de que se consideró su persona y su perfil –abierto y muy conectado con los ámbitos culturales- particularmente idóneo para la responsabilidad que en la actualidad desempeña. Por esa razón “tendremos un otoño cultural caliente”, auguran en el sector que ha pasado estar en una tendencia expansiva a otra de claro decaimiento. Hasta “el hundimiento”, sostiene un empresario que organiza festivales musicales en Madrid que atraen, dice, a decenas de miles de turistas ocasionales que “no volverán”. “Menos mal -apostilla- que el ministro Wert dijo que era uno de los nuestros, porque si llega a ser de los adversarios, estábamos ya en el cementerio”.

Mientras, el proyecto de ley de Mecenazgo no suscita el entusiasmo ni en los posibles mecenas ni en sus posibles beneficiarios. Pero para el Ministerio de Cultura es la única alternativa para la financiación de la cultura en tiempos de crisis aunque ello, según Lasalle, no comporte su privatización tal y como expuso en mayo pasado en una conferencia bajo el título de “Cultura de mecenazgo y participación social”. Esta ley entraría en vigor a finales de este año aunque aún se desconocen el calado de las desgravaciones a las inversiones culturales por los particulares.