Reino Unido anuncia un nuevo impuesto sobre los refrescos: ¿seremos los siguientes?

Dinamarca, Finlandia, Hungría, México, Francia… Y ahora Reino Unido. El ministro de Hacienda de Cameron, George Osborne, ha presentado hoy en el Parlamento los presupuestos del Estado y ha anunciado la creación de un nuevo impuesto sobre los refrescos azucarados (los zumos, de momento, no están incluidos) de un máximo de 25 peniques por litro, que variará en función de la cantidad de azúcar presente en cada bebida, a partir de los 5 gramos por 100 mililitros.

La medida, con la que se pretende recaudar 520 millones de libras, se introducirá en un plazo de dos años y en dos tramos, para que la industria alimentaria tenga tiempo suficiente para adaptarse. El dinero recaudado se destinará a aumentar la inversión en actividades deportivas de las escuelas, ya que, según Osborne, son los menores los más afectados por el consumo de azúcar. Según ha explicado en sede parlamentaria, un niño inglés de cinco años ingiere en un año todo su peso en azúcar.

Cameron había afirmado que no pensaba introducir un impuesto para las bebidas azucaradas, pues este sólo afectaría a las familias más pobres

El ejecutivo conservador cumple así con las recomendaciones de Alison Tedstone, nutricionista jefe del servicio inglés de Salud Pública, que publicó un abultado y polémico informe con soluciones para detener la epidemia de obesidad que vive el país, en el que se afirmaba que los impuestos en alimentos como los dulces o las bebidas azucaradas eran la mejor forma de atajar el problema.

De la misma opinión era el popular chef inglés Jamie Oliver, que el pasado septiembre acusó al comité de salud del Gobierno de no haber hecho nada para detener la epidemia de obesidad. Apelando directamente a David Cameron, le recordó que debía demostrar “quién es el jefe” y “ser valiente”. En aquel momento el 'premier' británico anunció que no tenía pensado introducir un impuesto para las bebidas azucaradas, pues este sólo afectaría a las familias más pobres. Pero ha cambiado de opinión y Oliver no ha tardado en publicar en las redes sociales: “We did it guys!”

Un problema global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la ingesta de azúcares añadidos debería suponer 5% o menos del total de energía consumida. Esto implica que no deberíamos tomar más de 5 cucharillas de azúcar al día o, lo que es lo mismo, 25 gramos.

Se trata de una cantidad que en España superamos con creces. Según un informe de Euromonitor, en nuestro país consumimos casi el triple de azúcar del recomendado: 70,1 gramos por barba. Una cifra que se eleva a 93,2 en el caso de Reino Unido y 126,4 en Estados Unidos, el país del mundo en el que la ingesta de azúcar es más elevada según este estudio.

EL PSOE fue el único partido de ámbito estatal que prometió en las pasadas elecciones generales “limitar el acceso a bebidas azucaradas”

Aunque en España por el momento no existe ningún impuesto de este estilo, el debate está abierto e, incluso, hay comunidades que han intentado dar el primer paso. En 2013 ERC y CiU introdujeron un gravamen antiobesidad en su pacto de Gobierno con el que se pretendía recaudar unos 30 millones de euros al año. Se desató entonces una enorme polémica que acabó cuando el embajador norteamericano en Madrid, Alan D. Solomont, se reunió con Artur Mas y le trasladó el malestar de Pepsi y Coca-Cola respecto a la medida. Unos meses después el consejero de la presidencia, Francesc Homs, anunció que la Generalitat aparcaba el tributo, tras hacer balance de los “pros y los contras”, aunque solo PP y Ciutadans se oponían a la medida.

En las pasadas elecciones generales del 20D ningún partido de ámbito estatal incluía en su programa la introducción de medidas similares a la que ha anunciado Reino Unido. Sólo el PSOE se acercaba al asunto, prometiendo “limitar el acceso a bebidas azucaradas, grasas saturadas y tóxicos alimentarios en escolares y controlar legalmente el uso de sal, alimentos procesados y derivados lácteos”.

¿Funcionan los impuestos?

La evidencia científica sobre los problemas que causa el consumo excesivo de azúcar es abultada y concluyente. Sabemos que provoca obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares y, en definitiva, acorta la vida. Lo que no está tan claro es si crear nuevos impuestos solucionaría el problema: en parte porque aún es pronto para llegar a conclusiones respecto a los países en los que se han introducido, en parte porque la industria alimentaria está poniendo toda la carne en el asador para evitar que se impongan estas medidas.

En opinión de la Asociación de Bebidas Refrescantes de España, que ha emitido un comunicado con motivo del anuncio del Gobierno británico, este tipo de medidas son "discriminatorias y arbitrarias", pues "es injusto pretender establecer un impuesto específico que grave bebidas refrescantes con azúcar frente a otros productos que también llevan este ingrediente". En su opinión, además, "los impuestos sobre alimentos y bebidas se han demostrado ineficaces en general". Pero ¿es esto cierto?

Un impuesto sobre el azúcar animaría a los productores de refrescos a limitar su gama de productos a aquellos con menos azúcar

Las medidas más similares a las que, poco a poco, se están empezando a aprobar en los refrescos son los impuestos al alcohol y el tabaco. Si nos fiáramos de lo que ha ocurrido en estos casos, es evidente que a mayor gravamen, menor consumo. Al menos, eso es lo que opina la OMS y lo que parecen indicar las estadísticas. Desde la entrada en vigor de la Ley Antitabaco de 2006 la presión fiscal sobre el tabaco ha ido en aumento, al tiempo que desciende su consumo: así lo recogen las conclusiones de la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012: en el año 2012 el 24% de la población a partir de 15 años fumaba a diario, mientras que en 1993 lo hacía un 32,1%.

El problema es que es imposible saber qué parte de esta reducción se debe al impuesto y cuál a la educación y las campañas sanitarias. Además, como apunta, Isabelle Szmigin, profesora de 'marketing' de la Universidad de Birmigham en 'The Conversation', poner impuestos a la comida no es lo mismo que ponérselos a las drogas. No siempre se consiguen los efectos deseados. En 2011, por ejemplo, Dinamarca introdujo un impuesto sobre la grasa: se gravó la comida con un contenido mayor del 2,3% en grasas saturadas, incluidos los lácteos, la carne y las carnes procesadas. Fue un auténtico fracaso y se retiró en menos de un año: subió el precio de todos los alimentos, las charcuterías y carnicerías se arruinaron y, para colmo, no disminuyó la obesidad (algo esperable para muchos nutricionistas).

Una forma de presionar a la industria

Está claro que la alimentación es necesaria para vivir y las drogas no pero ¿son los refrescos comida? La realidad es que todos necesitamos algún tipo de grasa para vivir, pero no azúcares añadidos, que son carbohidratos totalmente prescindibles. En opinión de Szmigin, además, un impuesto sobre los refrescos azucarados no tendría un impacto tan general sobre la economía: “La mayoría de las bebidas azucaradas son producidas por grandes empresas multinacionales que tienen poca probabilidad de ir a la quiebra si un pequeño país como Gran Bretaña introduce un impuesto de este tipo y los efectos sobre el negocio no tienen por qué ser totalmente punitivos en el largo plazo”.

Si se redujera en un 40% el contenido de azúcar de los refrescos disminuiría la ingesta energética en casi 40 calorías diarias por persona

La doctora cree que la gente no dejará de beber Coca-Cola, sencillamente se pasará a la versión sin azúcar, que será más barata: “Un impuesto sobre el azúcar animaría a Coca-Cola y otras empresas productoras de bebidas azucaradas a limitar su gama de productos a aquellos con un menor contenido de azúcar y a invertir más dinero en formular nuevas bebidas bajas en azúcar”.

Esto supondría un gran avance. Según un estudio publicado en 'The Lancet', si se redujera en un 40%, en sólo cinco años la ingesta energética en Reino Unido descendería en casi 40 calorías diarias por persona. Esto llevaría a una disminución del 1% en la prevalencia de sobrepeso y del 2% en la de obesidad en la población adulta del país.

Ahora que la medida parece ser una realidad sólo queda esperar para ver si funciona. Y, de ser así, a buen seguro habrá quien se plantee seguir en España los pasos de los británicos.