La Ley Hipotecaria podría aprobarse antes del decreto oficial de elecciones generales

Después de que Pedro Sánchez convocara elecciones generales adelantadas para el 28 de abril, comienzan los bailes de fechas. Los electores empiezan a hacer cuentas sobre el calendario electoral de 2019 y de las fechas que tienen que tener en cuenta de cara no solo a las generales, sino también a los comicios municipales, autonómicos y europeos; pero muchos otros miran en otra dirección: la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria. Después de casi tres años, dos cambios de Gobierno (y de camino al tercero) y la sombra de una multa europea, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno a principios de año a la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y ahora aún tiene tiempo de aprobarla antes de las próximas elecciones.

El anuncio de Sánchez implica que las Cortes se disolverán el próximo 5 de marzo, por lo que el actual Gobierno socialista tendría tiempo de aprobar la norma el 21 de febrero, fecha que ya está oficialmente agendada en las sesiones del Congreso de los Diputados. Tal y como señala la abogada de Maher Abogados Natalia López a iAhorro.com, "solo queda su aprobación, con o sin enmiendas". "Lo que está claro es que la Ley refuerza la transparencia impulsando el papel de los notarios, y beneficia al consumidor al eliminar todos los gastos excepto el de tasación", sostiene López, por lo que considera que es "más favorable para el hipotecado en comparacióncon lo que se tenía antes".

Las medidas contenidas en la nueva ley afectarán a todos aquellos hipotecados que firmen un préstamo tras su publicación en el BOE, ya que la norma no tendrá carácter retroactivo de forma general. No obstante, sí que afectará a aquellos contratos celebrados con anterioridad si son objeto de novación o de subrogación con posterioridad a su entrada en vigor.

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Las nuevas condiciones para ejecutar una hipoteca de vencimiento anticipado recogidas en el proyecto de ley de crédito inmobiliario no afectarán a aquellos contratos pendientes de resolución judicial, algunos de ellos suspendidos en los tribunales a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión.

Así lo estableció la Comisión de Economía y Empresa del Congreso, que en diciembre aprobó el texto acordado en ponencia de la nueva ley hipotecaria, y su remisión al Pleno del Congreso, con votos favorables de PP, PSOE, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Nueva Canarias. Unidos Podemos ha votado en contra y Esquerra Republicana se ha abstenido.